Chilpancingo, Guerrero/Ciudad de México (El Sur/SinEmbargo).– En menos de dos años el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el país documentó 20 casos de jóvenes desaparecidos que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo, y presumiblemente entregados a la delincuencia organizada, informó la presidenta del organismo Guadalupe Gutiérrez Narciso.

La titular del colectivo declaró que los casos no se dieron a conocer por decisión de los familiares ante el grave riesgo al que se enfrentan, y que de los siete casos recientes el colectivo solamente sabe del de Efraín Patrón.

El 2 de enero el ex presidente de la Canaco, Piquinto Damián Huato denunció la desaparición de siete jóvenes en Chilpancingo, dos de ellos, Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, fueron encontrados muertos casi a la medianoche del 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital.

Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos, y tres más fueron encontrados vivos, torturados y atados de las manos a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. En la mayoría de los casos, según el empresario, participó en su detención la Policía Municipal.

La representante de los familiares de desaparecidos y asesinados, Gutiérrez Narciso informó que de los siete casos recientes que denunció Damián Huato, y que ocurrieron entre el 23 al 31 de diciembre pasado, solamente dan seguimiento al de Efraín Patrón, quien no ha sido localizado y según sus familiares desapareció después de que fue detenido por policías municipales en la alameda Granados Maldonado a las 4 de la mañana del 29 de diciembre.

Informó que de los 100 casos a los que da seguimiento el colectivo, entre desaparecidos y asesinados, en 20 los testimonios refieren que las víctimas fueron detenidas por policías municipales desde el 2016.

Gutiérrez Narciso dijo que el colectivo comenzó a documentar los casos de desaparecidos y asesinados a partir de ese año, y que se incrementaron a partir de 2017.

Informó que de 2016 y lo que va de 2018 han llegado al colectivo 20 casos en los que se vio involucrada la Policía Municipal, “pero pues como siempre, los familiares tienen miedo de denunciar y exigir su presentación porque los tenemos (a los agresores) a la vista”, dijo la presidenta del colectivo.

Gutiérrez Narciso declaró que la vinculación de policías con miembros de la delincuencia coloca en un “riesgo muy grande” a los familiares de las víctimas.

“La policía es el principal apoyo de la delincuencia organizada, siempre ha sido así pero nunca se había hecho tan visible”, afirmó.

Denunció que hay protección de las autoridades “de más arriba” a los agentes policiacos que han participado en la desaparición de personas.

Agregó que en los siete casos que se denunciaron del 23 al 31 de diciembre, no pudo haber participado solamente un policía, que es al que quieren vincular a proceso, “son muchos, pero el gobierno sabe cómo protegerse y a quién echarle la culpa”.

Añadió que lamentablemente nadie tiene el valor de decir la verdad, “pero participaron muchos elementos de la policía, hay muchos involucrados, hay videos de todo, pero los familiares tienen miedo de hablar”.

AMNISTÍA ALERTA DE OTRO CASO AYOTZINAPA

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional condenó la desaparición forzada de al menos siete jóvenes en Chilpancingo, Guerrero, y aseguró que ante el grave contexto de tolerancia e impunidad “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento”.

“Es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma. El actual contexto de la capital de Guerrero demuestra que otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento”, aseguró la directora de Amnistía Internacional en un comunicado.

Entre el 23 y 31 de diciembre, siete jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras ser detenidos por policías de Chilpancingo. Dos de ellos aparecieron muertos, tres denunciaron torturas por parte de los uniformados y dos siguen sin ser localizados.

El pasado 3 de enero, tres jóvenes fueron localizados atrás de una tienda Soriana y a un costado del Palacio Municipal de Chilpancingo. Estaban semidesnudos, atados de las manos y con signos de tortura, pero con vida.

Amnistía Internacional indicó que mientras los pobladores de Chilpancingo se encontraban celebrando las fiestas navideñas en sus hogares la policía desapareció a los jóvenes usando tácticas escalofriantes las cuales se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado.

“Trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes, es la última de una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen a la vista de todos, y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran, son cómplices”, expuso la organización internacional defensora de derechos humanos.

La organización indicó que llevó a cabo recientemente una misión de investigación en Chilpancingo, donde confirmó la desaparición forzada de Alán Alexis junto con dos menores de edad el 27 de diciembre de 2017, así como la desaparición forzada de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre de 2017 en la feria local de la ciudad.

Alan Alexis y dos adolescentes habrían sido desaparecidos y torturados durante 7 días por la policía municipal de Chilpancingo y la policía ministerial del Estado. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los tres jóvenes fueron privados de la libertad y trasladados a la estación de policía local el día 27 diciembre, conducidos posteriormente a una casa de seguridad, y luego transportados en un tormentoso viaje a Acapulco. Allí fueron introducidos en celdas, donde permanecieron al menos 3 días sin acceso a comida, y con el temor de ser asesinados.

El día 3 de enero de 2018, los tres jóvenes fueron llevados de nuevo a la ciudad de Chilpancingo y arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos. La información recibida indica que la policía los habría torturado con la intención de obtener información, en concreto una “confesión” ilegal. Los datos a los que tuvo acceso Amnistía Internacional apuntan que hasta el momento no se ha iniciado una investigación por las alegaciones de tortura, a pesar de haber sido formalmente denunciada.

“La impactante desaparición de estos jóvenes no es un evento aislado y ha afectado a familias de diferentes niveles socioeconómicos”.

“Es esencial que las autoridades aseguren una investigación imparcial, pronta y exhaustiva que establezca la totalidad de las circunstancias que apuntan al involucramiento de autoridades a todos los niveles en estas desapariciones forzadas, así como en relación a los actos de tortura contra tres personas y la muerte de otras dos. Mientras tanto, la seguridad de los sobrevivientes, familiares, y testigos es primordial y deben ser protegidos”, reclamó-