El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la mañana de ayer, día de Navidad, que este enero iniciará la construcción de un tramo de 256 kilómetros de muro nuevo en la frontera entre Texas y México.

El mandatario hizo el anuncio desde la Casa Blanca, y no quiso dar detalles al respecto de la construcción. De hecho, se limitó a decir que otorgaron esos 256 kilómetros “a varia gente”, es decir, a diversas empresas, y que los otorgaron “a un gran precio”. “Vamos a tener una gran muralla allí y vamos a tener otras secciones”, es decir, en otros tramos de la frontera, según agregó Trump.

El mandatario dio a conocer además que en enero próximo viajará a Texas para inaugurar los trabajos de la nueva sección del muro, que, según anticipó, podría ser la más larga de todas las existentes en la frontera entre EU y México.

Trump dijo sentirse muy entusiasmado con esta nueva sección y, en tono desafiante, aseguró que “mientras peleamos por fondos, estamos construyendo”. “Es mi expectativa tener esto construido, completado, todos los 880 kilómetros renovados o nuevos para el día de las elecciones (del 2020)”, agregó.

En ese sentido, Trump indicó que aunque el Congreso aprobó ya 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, y algunos fondos para el muro, ”queremos que el dinero para el muro sea incrementado, porque lo quiero terminar”.

Durante su anuncio sobre el muro, el presidente republicano incidió también en que el cierre parcial del gobierno continuará hasta que los demócratas no le autoricen este nuevo dinero que ha solicitado para financiar la construcción del controvertido muro.

“NO LOS QUIERO EN EL PAÍS”. “No puedo decir cuándo estará abierto el gobierno. Puedo decirte que no estará abierto hasta que no tengamos un muro, una barrera, como lo quieran llamar”, dijo el mandatario.

Trump insistió en que tanto el muro como otras acciones son absolutamente necesarios para la seguridad de EU, porque, en su opinión, la seguridad en la frontera está fuera de control.

En la misma línea, Trump incidió una vez más en el problema del paso de drogas de México a EU, así como en el tráfico de personas y la migración irregular. El mandatario llegó a decir de los migrantes: “No los quiero en el país, y la única manera como lo vas a lograr es con una barrera física”.

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

Al menos 1237 personas permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.

El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.1

Por lo anterior, el “Frayba” pidió al Estado mexicano:

• Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.

• Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes del Comité Chalchihuite.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.

El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.1

Por lo anterior, el “Frayba” pidió al Estado mexicano:

• Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.

• Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes del Comité Chalchihuite.