Zacatecas fue sede del quinto Foro Hacia la Revisión Integral del Marco Jurídico sobre Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia, de nivel regional, en el que se identificaron y analizaron retos y riesgos para la respuesta de los tres niveles de gobierno ante desastres.

Entre los problemas del estado catalogados como graves y de urgente atención, destacaron lluvias atípicas, sequías y riesgo de colapsos, principalmente en el Centro Histórico de la capital, así como el impacto de la minería en el medio ambiente.

El evento se realizó este viernes en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas; convocaron las comisiones de Protección Civil (PC) y Prevención de Desastres, de la Cámara de Diputados; de Gobernación, de la Cámara de Senadores; el Poder Legislativo local, además de las coordinaciones nacional y estatal de Protección Civil.

El coordinador de Zacatecas, Antonio Caldera Alaniz, afirmó que ninguna dependencia, de los tres niveles de gobierno, cuenta con estrategias adecuadas para enfrentar fenómenos perturbadores, por lo que calificó como fundamental promover la participación social y la cultura de protección civil en todo el país.

Resaltó sobre todo la vulnerabilidad de los municipios, dado que carecen de un marco jurídico en la materia y de recursos para hacer frente ante emergencias. El funcionario estatal consideró indispensable la participación de las entidades federativas, que constituyen el primer nivel de atención ante los desastres naturales y antropogénicos.

Consideró necesarios programas integrales, orientados a la gestión y la prevención para, además de evitar y minimizar pérdidas tanto humanas como materiales, se reduzcan tiempos, disminuyan presupuestos y se garantice una respuesta calificada ante cualquier desastre.

Alma Dávila Luévano, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Gobernación en la Legislatura local, señaló a la actividad minera y reprochó que ésta se niega a ser sustentable “y llega a ser depredadora, ya que ocasiona éxodos familiares y desastres naturales”.

En su participación, solicitó a los gobiernos federal y estatal que, junto con legisladores de ambos niveles, destinen recursos para evitar “un colapso inminente, que podría ser causado por el embovedado del centro de la ciudad, el cual es una bomba de tiempo a punto de explotar”.

Nancy Reséndiz Hernández, diputada del Partido Encuentro Social (PES) y presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, lamentó que los temas de protección civil fueran olvidados por los gobiernos.

Cristóbal Arias Solís, senador de Morena y presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara Alta, urgió a iniciar acciones de prevención, pues advirtió que los estudios realizados en el país revelan alteración de ecosistemas regionales, modificaciones en los patrones de lluvias y menores recargas de mantos acuíferos, con consecuencias devastadoras como sequías y desertificación.

El legislador federal coincidió con Dávila Luévano en que los sectores industriales y energéticos implican daños potenciales, especialmente en el centro y norte de México.

En el foro, se realizaron cinco mesas de trabajo, tituladas Instrumentos Financieros, Monitoreo y Sistemas de Alertamiento, Ordenamiento Territorial y Gestión Integral de Riesgos, Derechos Humanos y Vida Digna y Vulnerabilidad y Amenazas de la Región.

Las conclusiones fueron etiquetar presupuestos suficientes para Protección Civil en municipios, donde se deberá vigilar que tengan atlas de riesgos actualizados y elementos en cantidad suficiente y capacitados para atender las necesidades de cada población.

Además, se planteó establecer sanciones penales para las autoridades que permitan construcciones de asentamientos humanos en zonas de riesgo.

El objetivo del encuentro fue sentar las bases para una nueva ley en la materia, mediante la definición de prioridades para diseñar políticas en un contexto de movilidad humana. Este mismo ejercicio se ha hecho en otras entidades como Oaxaca, Veracruz, Colima y Morelos.