Ciudad de México(SinEmbargo).– Marcharon por Avenida de la Reforma. Pasaron a un lado del templete que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) colocó para la celebración de fin de año. Llegaron hasta el Monumento a la Independencia y se encaminaron hacia Avenida Chapultepec.

Eran unos 300 y los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se encaminaron hacia Los Pinos por Constituyentes. Pero no llegaron.

Prometieron que no descansarían ni en Navidad ni en Año Nuevo y lo cumplieron: marcharon exigiendo justicia, pero antes de llegar a Los Pinos, en Constituyentes los esperaban 500 granaderos con tanquetas que impidieron  su arribo a la residencia presidencial.

Los padres de los 43 desaparecidos y los granaderos quedaron frente a frente, a unos 10 metros de distancia. Entonces los papás de los estudiantes reclamaron la represión y le gritaron consignas al Presidente Enrique Peña Nieto.

“¡Ahí está el gobierno represor! ¡Nosotros estamos aquí para demostrarle a Peña Nieto que no descansaremos, que seguimos adelante y que haremos movilizaciones más fuertes!”, gritó uno de los padres de familia.Los padres exigieron justicia por sus hijos. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Las madres encendieron veladoras y sujetaron las fotografías de los normalistas desparecidos. El mitin que se realizaría en Los Pinos, se dio en Constituyentes.

Minutos antes durante la marcha, la vanguardia estuvo encabezada por un grupo de jóvenes encapuchados y detrás los papás con las fotografías de los estudiantes.

Uno de los papás habla a través de un megáfono: “Tú [Ángel] Aguirre [Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero], y Peña Nieto no tienen piedad de nada ni de Dios, lo que hicieron a nuestros hijos no tiene madre”, dijo.INICIO DE AÑO Y REPRESIÓN

Los padres y activistas que participaron en la marcha y en el mitin coincidieron en el clima represor que se respira alrededor del caso de los jóvenes de Ayotzinapa.

“El festival de Miguel Ángel Mancera y estas decenas de granaderos muestran que primero está la represión y la diversión, que resolver los problemas del país”, dijo uno de los activistas que participó en la manifestación de los padres de los 43 estudiantes.

Durante el mitin hablaron tres papás de los jóvenes y varios activistas de distintas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Vamos a continuar haciendo movilizaciones más fuertes, porque no nos ha dado ninguna respuesta. Estamos muy indignados con este horrible crimen que cometieron. Ellos se preparaban para ser maestros, no para ser criminales, pero parece que a este gobierno le interesa más preparar criminales como esos de la Gendarmería”, dijo otro de los papás al megáfono.

Ese mismo padre indicó que durante los meses que siguieron a  la desaparición de los normalistas, las familias fueron engañadas por el gobierno federal.Cerca de 500 granaderos impidieron el paso a los manifestantes. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

“Sus cuentos ya no no los comemos, ni no los hemos comido. Hemos hecho el teatro de que les creemos, nomás para ver si nos entregan a nuestros hijos, pero nos han engañado, ahí nomás nos traen buscando fosas”, dijo.

El padre de uno de los 43 señaló que 25 días antes de la desaparición de los estudiantes en Iguala, fueron amenazados por las autoridades en ese lugar, cuando los jóvenes realizaban una de sus actividades.

“Cuando andaban boteando les dijeron que si volvían los iban a matar y se los cumplieron. La segunda vez fueron desaparecidos y otros caídos. El gobierno es el culpable. Fue el Estado”, dijo

Berlín,(Notimex).– El ejército alemán y los servicios de inteligencia alemanes (BND, Servicio Federal de Información) participaron en la “caza” de talibanes en Afganistán, revelaron documentos secretos publicados por el diario Bild.

La información señala que el Bundeswehr (ejército) alemán envió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) datos personales importantes de posibles objetivos, como números de teléfono, que podrían haber sido utilizados para perpetrar eliminaciones selectivas.

En este sentido, el rotativo alemán asegura que el general mayor del ejército alemán Markus Kneip eligió a las “personas-objetivo” en 2011, cuando era comandante en Afganistán.

Asimismo, los documentos señalan la existencia de un departamento encargado de recopilar información de posibles talibanes -objetivo en el cuartel general alemán de Masar-e-Scharif, en Afganistán.

Según Bild, los soldados debían crear “carpetas-objetivo” en las que se incluían datos de personas que posteriormente se presentaban al comandante Markus Kneip para que procediese a su aprobación.

Durante una reunión celebrada en el año 2011 el general de división pidió que se tratara como una “prioridad” la detención o neutralización de un rebelde que respondía al nombre de Kari Hafi, según consta en el acta del encuentro que cita el diario germano.

El rotativo germano también señala que el servicio secreto del país, el BND, autorizó que la información recopilada por sus agentes fuera utilizada para la elaboración de listas de talibanes, cuya localización descubrió.

La práctica de la eliminación selectiva de individuos es muy controvertida a nivel internacional y también en Alemania. La reciente información publicada tuvo impacto en debate político del país.

El partido Los Verdes pidió al gobierno federal explicaciones al respecto y acceso a la documentación hasta ahora secreta del ejército. “Si las acusaciones son ciertas, el gobierno ha mentido al Parlamento y a los alemanes durante años”, dijo el político del partido Los Verdes, Omid Nouripour, miembro de la Comisión de Defensa durante años.

Su colega Agnieszka Brugger, legisladora del Partido La Izquierda, exigió al gobierno de Angela Merkel que proporcione de forma inmediata a los miembros del Bundestag los documentos necesarios para que los parlamentarios “puedan tener una idea de si en los últimos años votaban en base a información totalmente falsa sobre el mandato de la ISAF”.

Hasta el momento, las críticas y acusaciones sólo proceden de esos dos partidos de oposición, que tienen fracción en el parlamento.

Desde el ejecutivo alemán no hubo una respuesta directa a las acusaciones publicadas en los medios. Este lunes, el gobierno alemán hizo una valoración positiva de las operaciones de combate de la OTAN en Afganistán.

“En los últimos años se logró un progreso considerable que ha sido percibido por el pueblo (afgano)”, señalaron en una carta abierta los ministros de Exteriores (Frank Walter Steinmeier), Defensa (Ursula von der Leyen), Interior y Desarrollo de Alemania, Gerd Müller y el del Interior, Thomas de Maiziere.

“Desde Afganistán ya no parten más actos terroristas en el mundo, como ocurría bajo el reinado del terror de los talibanes antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001”, señaló el comunicado firmado por los cuatro ministros germanos.

En la misiva, los responsables de Exteriores, Defensa, Interior y Cooperación Internacional para el Desarrollo apuntaron que la lucha contra la corrupción y la producción de drogas continúa siendo una tarea pendiente pero destacan que la situación de seguridad es mucho mejor ahora que cuando se inició la misión de la ISAF.

“El Producto Interior Bruto aumentó más de seis veces desde 2001, más personas que nunca antes tienen acceso a la electricidad y al agua potable, a la atención médica a la educación.

Con el apoyo de la comunidad internacional se construyeron carreteras, escuelas, hospitales y centrales eléctricas y también hay avances en el establecimiento de estructuras administrativas y constitucionales”, apuntaron los ministros germanos.

En una carta abierta manifestaron asimismo que, sin embargo, todavía hay un largo trecho por recorrer para la renovación y reestructuración de Afganistán.

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Ciudad de México(SinEmbargo).– El año que termina está marcado por el retroceso en materia de derechos humanos y libertades individuales, coincidieron organizaciones civiles.

Los “excesos del Estado” en los crímenes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, aunado al endurecimiento de la represión contra todo aquel que protesta y exige justicia, hicieron que este año las instituciones mostraran su peor rostro, lo que deja “mal sabor de boca” en los activistas y escasas esperanzas de un cambio para 2015.

“Este año se define por una crisis en derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa evidenciaron que en México no se estaba tomando en serio el tema. Para nosotros el 2014 se caracteriza por el quiebre de la imagen del gobierno federal, que se había construido años atrás”, dijo Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Aguirre explicó que en 2012 y 2013 se presentaron casos graves en la materia, pero el gobierno federal pudo sortear y construirse una imagen a nivel internacional de progreso, sobre todo por las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto.

Pero los casos graves de impunidad y extrema violencia en contra de los ciudadanos evidenciaron una profunda crisis y derribó la “máscara” de un gobierno que trataba de ocultar a sus muertos y desaparecidos, expuso Santiago.

“Se aprobó una Ley de Víctimas y se sentaron algunos pasos para crear la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, pero lo real es que estas medidas resultaban limitadas frente a la profunda crisis de desaparecidos que no era aquilatada por el gobierno federal”, planteó el activista.

En este año que se va, la tragedia de Iguala y las fosas que no dejan de aparecer con restos humanos son evidencia, según los defensores de derechos humanos consultados, que los desaparecidos no eran buscados.

Santiago Aguirre explicó que existe preocupación por tres puntos: “El primero, que la desaparición no tiene atención integral en el decálogo anunciado por el Presidente, sigue siendo una tarea pendiente. Dos, 2014 se caracterizó también por una endurecimiento frente a las expresiones de protesta social.

Tres, en 2015 será el primer año de implementación de la Reforma Energética y un esquema que no respeta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y campesinos”.

El defensor adelantó que se multiplicarán los casos de saqueo como el de la Tribu Yaqui en Sonora. Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, y colaborador del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coincidió con Aguirre y dijo que hay preocupación por 2015. “El 2014 es un retroceso terrible.

Muchos logros que habíamos tenido como sociedad, derechos que habíamos alcanzado se vinieron a diluir, como la protesta social.

La desaparición de personas es un infierno en este país, hay incertidumbre y no existe un mecanismo que garantice la seguridad de las personas. No hay forma de no decirlo: ha sido un año de tristeza. Uno se va con un corazón desolado y con la angustia de que 2015, no pinta mejor”, expuso.

Para la organización Greenpeace, el 2014 fue un año más de una política de la administración de Enrique Peña Nieto marcada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado.

“Pese a que Enrique Peña Nieto afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales, realizadas en 2010, que fortalecerían los derechos Humanos en México, la realidad ha sido otra.

Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes”, expuso la organización a través de un comunicado.

Greenpeace recordó que en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de “no localizadas”, de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el gobierno actual.

“En cifras reales, el gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción”, agregó.

EL NUEVO OMBUDSMAN DE LA CNDH Santiago Aguirre, del Centro Prodh, mencionó que uno de los aciertos rescatables de 2014, fue la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. “Desde la perspectiva del Prodh hay cosas que hay que reivindicar como el cambio en el la CNDH.

Algo que los organismos habíamos dicho que era el lamentable por el papel que jugaba la Comisión controlada por [José Luis] Soberanes y luego por [Raúl] Plascencia Villanueva. Este último salió de su mandato sin que ninguna voz defendiera su legado. Hay un clamor de renovación en la Comisión y creemos que es importante tener a un Ombudsman incómodo para el poder”, dijo.

El defensor se refirió también a la puesta en libertad de las dos mujeres del caso Tlatlaya, cuando el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México suspendió la causa penal en contra de las civiles que fueron testigos de los hechos de junio. “Esto habla de que las autoridades reconocen que cuando no hay pruebas suficientes, tiene que retirar los cargos. Esto no ocurriría en el sexenio pasado.

Pero no quiere decir que todo esté resuelto”, concluyó. NIÑOS, LAS VÍCTIMAS PRINCIPALES Y si los abusos contra los jóvenes y adultos en México han escandalizado al mundo, los activistas han puesto otro reto al Estado: hablar en serio y con cifras en la mano sobre otro indicador vergonzoso y que incide en infantes y adolescentes, pues éstos constituyen el grueso de las cifras de desaparecidos.

Sin embargo, no existen investigaciones sobre su paradero, ni protocolos para evitar que sean las víctimas más vulnerables del país, denunciaron directivos de distintas organizaciones. Del total Registro Nacional de Desaparecidos 2013, un 59 por ciento son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años de edad, dijo Luis Alberto Barquera Medina, de Odisea A.C. “En una búsqueda que realizamos dimos con que 15 mi 719 de los desaparecidos en 2013 fueron niños; es decir, seis de cada 10 desaparecidos.

Pero no hay información de cómo fueron secuestrados, necesitamos mucha información adicional para llegar a las medidas que se deben tomar y ver dónde están esos niños”, comentó el activista a SinEmbargo.

Hace unas semanas, la televisión France 24 publicó un reportaje donde denunció que dos meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala; en Cocula, Guerrero fueron secuestrados 31 adolescentes y niños de ese municipio. “Hombres con el rostro cubierto se llevaron el pasado 7 de julio de este año, a plena luz del día, a 31 adolescentes, niños y niñas de Cocula en supuestos vehículos oficiales y hasta la fecha sus familiares no saben nada de ellos”, aseguró una supuesta testigo del secuestro a la cadena de televisión.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó inmediatamente después que no existe ninguna denuncia, ni reporte de las autoridades de educación, sobre una supuesta desaparición de 31 alumnos de una escuela de educación secundaria en el municipio de Cocula, Guerrero, pero el el Gobernador de Guerrero Rogelio Ortega admitió que en julio de 2013 desaparecieron 30 jóvenes en esa localidad y el Presidente Municipal, César Miguel Peñaloza Santana, reconoció que ese mes fueron secuestradas 17 personas, entre ellas tres mujeres y dos estudiantes de bachillerato, en la cabecera y comunidades. información, las organizaciones no dudan que el secuestro de esos niños sea verdad y argumentan que el miedo a la denuncia es un fenómeno que se da en México con frecuencia.

“La gente no denuncia por miedo, es un fenómeno que estamos viendo, donde finalmente hay intereses de diferentes órdenes de poder lícito o ilícito y la gente no denuncia por miedo.

Aquí lo grave es que no ha quedado claro qué pasó y en general hacen falta protocolos de investigación para los casos de niños desaparecidos.

El reto es que las instancias gubernamentales se vinculen y hagan una estadística.

En México no se sabe quién se lleva y para qué a los niños”, dijo Mayra Rojas, directora de Infancia Común. Barquera Medina, de Odisea AC, agregó que los menores en el país son secuestrados para trata, explotación sexual, para usarlos de halcones o de sicarios y para esclavitud.

“Si a todos les va mal en México, a los niños les va peor”, afirmó. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), coincidió con Barquera y añadió que –de acuerdo a un estudio que la organización que dirige realizó en 2010– los menores son secuestrados no sólo por el crimen organizado, sino también por el Ejército.

“Hay una participación fuerte de grupos criminales y del Ejército mexicano en la incorporación de adolescentes en la lucha contra el crimen organizado, no sólo es el crimen, sino las autoridades, del Estado”, dijo. Y TAMBIÉN VAN CONTRA ACTIVISTAS El informe La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad.

Junio de 2013 a mayo de 2014 denuncia hostigamientos, amenazas, agresiones físicas, allanamientos y criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos.

Al menos otros 29 defensores han sido agredidos desde entonces, de acuerdo con los casos documentados por Amnistía Internacional, Frontline Defenders, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos (Red TDT), así como con base en una revisión hemerográfica. De ellos, cuatro han sido asesinados.

Se trata de una cifra alta si se considera que entre 2011 y 2013 se cometieron al menos 409 agresiones contra defensores de derechos humanos en México, de acuerdo con un informe de la Red TDT, con base en su propio monitoreo.

Los datos recabados exponen que en tres años ocurrieron al menos 104 casos (que pueden involucrar más de una agresión), en contra de 115 defensores, 56 defensoras y 37 colectivos.

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Ciudad de México(SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al panista Mauricio Fernández Garza, quien busca contender por la Alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Fernández Garza es señalado por pagar cantidades millonarias por información al cártel de los Beltrán Leyva. Además se le relaciona por el homicidio en 2009 de Francisco Saldaña, El Negro, jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva en Monterrey.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/446/09, que cita la prensa nacional, Fernández habría estado involucrado en la muerte de Francisco Saldaña, “El Negro”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva, al anunciar su muerte antes de que se conociera por las autoridades, el día en que tomó protesta por segunda vez como Alcalde, el 31 de octubre de 2009.

En las mismas indagatorias se citan supuestos diálogos en 2009 entre el panista y Arturo Beltrán Leyva, en el que éste habría informado a Fernández sobre la muerte de Saldaña.

Además, se habla de un testigo protegido quien reveló que el entonces Alcalde albiazul pagó 5 millones de dólares para que, durante los tres años de su Gobierno, San Pedro se mantuviera tranquilo de secuestros y extorsiones.

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