Nacional
La detención, la estancia en las estaciones migratorias y la deportación son acciones que acreditan un juicio en contra del Estado mexicano, por criminal, denunció el padre Pedro Pantoja, encargado de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, quien también acusó que éstas son acciones criminales contra la vida, la dignidad y la libertad de la dolorosa y forzada migración centroamericana. El religioso relató al menos tres testimonios de grupos de migrantes que han sufrido torturas, violaciones y tratos inhumanos en su estancia en el país, durante el foro sobre Personas Migrantes Centroamericanas en Prisión, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “Tenemos que compartir la indignación y el coraje de que este México es, en este momento, un campo de sangre, un escenario de sangre, es un sembrado de cadáveres. Cuando se añaden también los escenarios de los desaparecidos […] pensamos que la justicia de México es un trapo sucio, verdaderamente ensangrentado”, dijo. El padre, defensor de derechos humanos, también dijo que “vivimos y enfrentamos violentamente en México un Estado de derecho vulnerado, una violencia social y una permanente y agresiva política migratoria de seguridad territorial, restrictiva e inhumana protegiendo con desacatada impunidad a los actores criminales tanto de la delincuencia organizada como a los numerales funcionarios públicos cómplices de esta acción criminal”. Aseguró que en la casa del Migrante de Saltillo han sido testigos de cuando la propia Policía Federal (PF) entrega a los migrantes a casas de seguridad. Pantoja también expresó que “las víctimas migrantes claman a gritos al Dios de la ley y la justicia que los haga invisibles ante la persecución de estos funcionarios públicos, que como perros rabiosos los rastrean y los detienen en los vagones del tren, en los autobuses y terminales urbanas, restaurantes, fábricas, en los caminos y en los alrededores de la casa de migrantes”. Contó una plática que tuvo con un agente de Migración, que le aseguró, en su afán por detener a todo migrante centroamericano: “Yo soy capaz de descubrir en el autobús a cualquier migrante por el olor de su pudor y de su cuerpo, no es el olor de su mugre o de su suciedad, es el olor del que se siente víctima, el olor de sus nervios alterados por el miedo de sentirse atrapados y acorraladas por la autoridad. Es un olor de prisionero que lo delata inmediatamente”. El padre también relató la historia de una familia de migrantes que fueron golpeados, torturados y, una de las víctimas, abusada sexualmente por al menos cinco policías. Todo frente a los ojos de cinco niños, hijos de los migrantes. Otra historia era de un hombre al que también golpearon agentes de Migración, incluso le dieron choques eléctricos. Fue torturado a la vez que le preguntaban: “¿Dónde tienes la droga?”. El joven fue trasladado al Ministerio Público donde no se le pudo comprobar nada. “Me dejaron en libertad entregándome a mi nación”. Pedro Pantoja dijo que México, en lugar de entender que la migración siempre es una riqueza humana para el país, que es un destino para ellos, “lo que está haciendo es una traición histórica porque estos hombres, mujeres, niñas y niños que son lo mejor de Centroamérica, México se convierte en un traidor histórico al negarles todo lo que es un trato humano”. Retieró que la detención, estación migratoria y deportación, son una muerte moral para el migrante. “Se viola su dignidad, libertad y vida”. “Sufrirá la tristeza y la impotencia porque que saliendo de su comunidad de origen para no morir de hambre, regresará avergonzado, muerto moralmente. Los devolveremos en cadáveres, ya no sólo no enviará lo poco que podía conseguir en las remesas para la familia, sino solamente el cuerpo para enterrarlo”. Y sentenció: “México con la detención y la deportación pisotea todo lo grandioso e histórico de esta migración que en sus diferentes perfiles, e ignora los diferentes símbolos e imaginarios de lo que trae esta migración”. El padre finalizó advirtiendo que “estos pueblos en movimiento aterrorizan al Estado mexicano porque desde la nada, los nadie, son pésimo modelo de la revolución silenciosa que con sus certezas nuevas de emancipares de la miseria construyen solidaridad, esperanzas nuevas, utopias de liberación”.
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Iguala, Guerrero (SinEmbargo).– Un grupo –conformado por padres de los 43 normalistas desparecidos– que trataba de ir en busca de sus hijos en una brigada a Iguala, Guerrero, decidió no entrar a la ciudad por temor. “Hay un ambiente de represión”, afirmó Crisóforo García Rodríguez, promotor de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG). Los papás viajaban de Chilpancingo a Iguala y en algún punto del camino, decidieron regresarse, debido a que están nerviosos por un tipo de represión que García Rodríguez no especificó. “Hubo cambio de planes, ellos venían para hacer una búsqueda. Ellos ya traían un lugar, pero están muy nerviosos por la represión que hay”, dijo. Apenas el pasado miércoles, la UPOEG recibió a 14 padres de los normalistas desaparecidos en la Preparatoria 32 de Iguala, donde hablaron sobre la estrategia de búsqueda que los familiares, junto por la policía ciudadana, tratan de realizar alterna a la de la Procuraduría General de la República (PGR). García Rodríguez dijo a SinEmbargo que los 14 padres se fueron ayer a Chilpancingo después de la reunión, pero se trasladarían a un paraje aledaño para realizar una búsqueda. El promotor aseguró que a pesar de que hay presencia policiaca como la Gendarmería Nacional y el Ejército, el crimen organizado continúa operando y que incluso ellos detuvieron sus brigadas en terreno, hasta nuevo aviso. “A nosotros nos mandaron decir que nos iban a recibir a balazos en Iguala si veníamos, y entramos. Luego nos decían que si nos veían en la calle nos iban a matar y salimos a tocar casa por casa y a invitar a la población a pláticas de información. Ahorita ya no hemos salido porque estamos midiendo el terreno. Nosotros no conocemos aquí, vamos a hacer mapas y a ver cómo se pone”, explicó. Los miembros de la UPOEG llegaron el martes a Iguala, sin armas de fuego y algunos sólo con machetes, para iniciar una búsqueda pacífica. Hasta el momento revisaron dos lugares que la población señaló como parajes donde realizaba sus actividades el crimen organizado, como Tecomatlán y un lugar que se llama Junta del Río, donde hay túneles. “Cerca de los túneles encontramos prendas, blusas, pedazos de tela, que no sabemos si son de los criminales o de víctimas”, detalló. También encontraron guantes y casquillos, pero ningún indicio que lleve a suponer que en esos lugares estuvieron los normalistas de Ayotzinapa. Crisóforo García adelantó que las brigadas a campo se suspendieron hasta la próxima semana y que aún desconoce si los papás realizarán otro intento de llegar a la ciudad.
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Ciudad de México (SinEmbargo).– La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional dijo hoy que la promesa del Presidente de México de investigar la desaparición de normalistas “tope donde tope” ya topó… pero con el gobierno mismo.
Dijo que no se ha aceptado que peritos internacionales externos participen en la investigación de las fosas halladas cerca de Iguala, Guerrero, mientras que agentes del Ministerio Público estatal, que dependen del gobierno de Ángel Aguirre, realizan una “investigación judicial caótica y hostil”.
Ayer, Enrique Peña Nieto dijo: “Es un hecho que no puede permanecer impune, en pocas palabras, no cabe como lo señalé, el menor resquicio de impunidad, tenemos que ir a profundidad y tope donde tope llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o que por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala”.
La prensa mexicana difundió ampliamente la frase, sobre todo en los impresos de la mañana. Amnistía dijo que a pesar de que el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró el día de ayer “ir a profundidad y tope donde tope” en los hechos ocurridos el pasado 26 de mayo en Iguala donde policías municipales asesinaron y secuestraron a estudiantes normalistas, a la fecha las familias de los estudiantes “continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil”.
El organismo internacional denunció que en las cuatro fosas clandestinas con restos humanos, al parecer de los normalistas de Ayotzinapa, halladas ayer por las autoridades federales no se ha permitido el acceso a los peritos internacionales para realizar su trabajo.
También dijo que el trabajo realizado por agentes del ministerio público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentan deficiencias.
“Si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación ‘a profundidad’, medidas básicas como esta deberían estar garantizadas desde el primer momento”, señaló Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Quiroz dijo que es esencial que la PGR reconozca los peritos del Equipo Argentino de Antropologia Forense como peritos oficiales en las investigaciones.
En tanto, este día Enrique Peña Nieto afirmó que las instituciones de todos los órdenes de gobierno deben fortalecerse, sobretodo, en las zonas donde por diversas circunstancias han sido rebasadas las autoridades locales.
Para lograr un México en paz, dijo, los distintos órdenes de Gobierno deben cumplir con la parte que les compete. “Hoy es claro que debemos ir fortaleciendo las instituciones de todos los órdenes de Gobierno, esto es esencialmente necesario en aquellas zonas donde por diversas circunstancias han sido rebasadas las autoridades locales.
Es una responsabilidad compartida e irrenunciable de todas las autoridades hacer que la seguridad y la justicia, que el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la ley sea una realidad cotidiana en todo el territorio nacional”, dijo ante los mandatarios.
Por su parte, el representante de Amnistía dijo que “es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en conexión con estos hechos”.
Familiares de estudiantes desaparecidos le hicieron llegar sus testimonios a Amnistía Internacional sobre “la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que le dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso”.
Este tipo de maltrato, dice Amnistía, ahonda las violaciones a los derechos humanos que los familiares están viviendo y desalienta a las familias para seguir adelante en su justo reclamo de búsqueda inmediata y justicia. En este contexto, Amnistía instó al Presidente Peña Nieto, al Procurador General Murillo Karam y al Gobernador Aguirre a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire sino que se hagan realidad con pasos concretos: “Por ejemplo, debe haber una plena apertura hacia el trabajo de los peritos independientes, una afinada coordinación de esfuerzos entre funcionarios públicos y un absoluto respeto a la dignidad de las familias que están buscando a sus seres queridos”.
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El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los hechos como los que ocurrieron en Iguala, Guerrero, son “verdaderamente inhumanos y de barbarie que no pueden distinguir a México”. En la ceremonia, donde inauguró el Hospital Materno Infantil en Irapuato, Guanajuato, y una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que mañana se reunirá con los gobernadores del país para lograr una coordinación y dar resultados a la población. Insistió en que se están acelerando los trabajos de investigación para ir a la profundidad del caso, para que no quede impune y “tope donde tope, llegar a los responsables”, quienes permitieron o solaparon estos hechos. Por ello, Peña Nieto precisó que recientemente se reunió con el gabinete de seguridad, toda vez que “no cabe menor resquicio de impunidad”. No se pueden ignorar estos hechos, que sin duda han causado una enorme indignación y consternación no solo entre los mexicanos sino también entre personas de distintas partes del mundo, quienes han expresado su repudio ante lo ocurrido en Iguala, Guerrero, aseveró. “Deseo que el esfuerzo que estamos llevando a cabo permita de manera muy pronta conocer a los responsables, lograr su aprehensión y que a todos ellos se les aplique de manera estricta la justicia, porque este acto, este hecho lamentable, no puede quedar impune”. El mandatario reconoció que ese acontecimiento genera indignación y empaña el esfuerzo colectivo y nacional que hay por lograr de México un país de progreso y desarrollo. En este sentido, recordó que el lunes pasado fijó ante la opinión pública las indicaciones que el gobierno de la República está dando para atender el caso. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de la República de trabajar a cabalidad en coordinación con las autoridades estatales y municipales, asumiendo cada uno su responsabilidad. “Trabajar debidamente por la justicia y la protección de los derechos humanos”, dos pilares fundamentales de la política de seguridad y de justicia del gobierno federal, recalcó. Esa es la premisa que rige el actuar del gobierno y es “la instrucción precisa y puntual que tienen todas las instancias de seguridad y justicia del gobierno de la República”. Peña Nieto declaró que su administración ha convocado a otras instancias de seguridad de otros órdenes de gobierno para actuar con eficacia en la aplicación de la justicia y en las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En la reunión que sostendrá con la Conferencia Nacional de Gobernadores, adelantó que se establecerá un compromiso aún mayor para lograr una coordinación efectiva en todas las tareas que tienen por delante. “Es claro que cuando hay coordinación, cuando hay un compromiso serio y formal y se acredita en los hechos, los resultados que hay en la población son mayores”, y así seguirá trabajando para dar resultados, subrayó.
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Porque se atrevió a fotografiar los vehículos del procurador de Justicia del estado, Adrián de la Garza Santos, estacionados en doble fila, el reportero Julio César Dávila Martínez fue detenido por los escoltas del funcionario quienes utilizaron su influencia, le montaron el delito de “halconeo” y lo arraigaron.
Dávila, con alrededor de 20 años de actividad periodística, tomó fotografías de las camionetas del funcionario, las que siempre están en doble fila en una transitada calle 5 de Mayo a espaldas del Palacio de Gobierno.
Actualmente se desempeña como reportero del periódico Mi Nación y ha colaborado en otros medios como El Huasteco, La Espiga y Newspaper. También ha laborado en dos legislaturas locales.
Ericka Armida Torres Lucio, esposa de Julio Dávila, realizó una protesta en palacio municipal de Monterrey para pedir el apoyo del municipio y dijo que aunque la autoridad estatal ya recibió una carta del medio de comunicación sigue detenido.
“Dicen que porque tomó fotos, creo que a algún vehículo de funcionarios es ese (el delito del que lo acusan). Nos dijo que es un delito grave y que no alcanza fianza. Hay muchas inconsistencias, del hecho de que lo priven de la libertad y no le permitan hacer llamadas, no es lógico; todo se está manejando muy herméticamente y no quieren dar informes”, dice la mujer.
Por otro lado, diputados locales aprovecharon y se montaron en el caso – como sucede con las notas que aparecen en los medios locales- y aprobaron nombrar una comisión especial conformada por los legisladores del PAN, José Luis Galván y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Juan Guajardo, para otorgar asesoría jurídica al reportero.
PGR
Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, con más periodistas asesinados en los últimos 14 años
Nuevo León es uno de los seis estados en la región noreste de México, entre ellos, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, que tienen el mayor número de periodistas desaparecidos con un total de 23, de enero de 2000 al 31 de agosto de este año, dijo Laura Angelina Borbolla Moreno.
La fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que son Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, con más periodistas asesinados en los últimos 14 años, es decir, 16, 15 y 13, respectivamente.
Lo anterior durante la participación de la fiscal en la conferencia “Prevención de Delitos, Retos y Obstáculos en la Investigación de Agresiones a Periodistas”.
El evento fue organizado por la Asociación de Periodistas de Nuevo León que preside Óscar González; la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey.
En su charla abierta al público y ante representantes de los medios de comunicación, la abogada informó que la Fiscalía a su cargo inició 211 indagatorias por el delito de amenazas, 109 por abuso de autoridad y 46 por homicidio, esto desde el 5 de julio de 2010 al 31 de agosto de 2014.
Manifestó que Tamaulipas es uno de los estados del país donde los comunicadores han practicado la autocensura como forma de protección ante los embates peligrosos de la delincuencia organizada.
Precisó que en este contexto, la autoridad fiscal tiene poca claridad porque no recibe denuncias.
Reveló que la Fiscalía Especial recibe muchos escritos de organizaciones de otros países cuando ocurren agresiones contra periodistas, pero lamentó que en México el gremio de los periodistas no es solidario en estos casos porque nunca recibe solicitudes de mexicanos.
Expuso que el riesgo de sufrir agresiones a periodistas ha disminuido gracias a las buenas prácticas profesionales de los comunicadores, como la buena documentación de información. Ello, porque aportan datos concretos en lugar de los calificativos infundados.
Borbolla Moreno destacó la importancia de la Fiscalía especializada contra agresiones a periodistas porque se protege el ejercicio de la libertad de expresión.encia
Por eso ni un segundo pienso en dejar de caminar para buscar la verdad de qué ha pasado, porque nuestro país se convirtió en un campo de batalla. No le declararon la guerra al narcotráfico sino a los ciudadanos de todos los estados”, dice Araceli Rodríguez, madre de un policía desaparecido en Zitácuaro, Michoacán, en noviembre de 2009. Luis Ángel León Rodríguez, sargento primero, fue llamado a comparecer en mayo de 2013 por el Órgano Interno de Control de la Policía Federal, se le imputaban irregularidades por no presentarse a su declaración patrimonial en 2010. Lo citaron como activo, desarmado, sin uniforme y asistido por su abogada y madre, Araceli Rodríguez Nava, quien llegó a las instancias con una fotografía de su hijo. “Aquí está mi hijo con dignidad a oír la notificación de su audiencia. No le pude quitar su uniforme, viene desarmado y asistido por una abogada, yo, su madre, Araceli Rodríguez”, recuerda. De tan sólo 24 años, Luis Ángel fue enviado junto con siete federales más a una comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, únicamente con oficios y armas de cargo. Se les obligó a irse por sus propios medios, por lo que contactaron a Sergio Santoyo García, un civil que les prometió llevarlos seguros a su destino. Los uniformados y Santoyo García desaparecieron el 16 de noviembre en Zitácuaro, Michoacán. Fueron secuestrados por el cártel de la Familia Michoacana. En la audiencia, los abogados presentes se percataron que no hay un control real dentro de la institución “para ver cuántos policías federales tienen en activo, desaparecidos, caídos en cumplimiento de su deber o simplemente dados de baja por no cumplir con el examen de control de confianza”, plantea la también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Luis Ángel, los siete oficiales y el civil son víctimas, entre los 25 mil 276 casos de desaparecidos que reportó Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012. La misma subrpocuradora aseguró que de esos 25 mil 276 desaparecidos, 12 mil 744 personas “en su inmensa mayoría” habían sido localizados vivos. Pero ni Luis Ángel ni las personas que lo acompañaban están entre estos últimos. LOS DESAPARECIDOS NO IMPORTAN México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 6 de febrero de 2007, la misma entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010, pero fue hasta el 22 de junio de 2011 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las autoridades tenían la obligación de presentar un informe relativo en un plazo no mayor a dos años a partir desde que entró en vigor. Sin embargo, éste fue entregado hasta marzo de 2014, aunque en septiembre pasado –durante la una sesión pública del Comité de las Naciones Unidas– se dirigió una nota al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, para que presentara un informe alternativo al que dio el Estado mexicano. El Ombudsman nacional omitió el llamado. Ésa era una oportunidad en la que la CNDH pudo “presentar la realidad nacional ante las graves violaciones pluriofensivas que representa la desaparición de personas”, expresa Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Raúl Plascencia Villanueva dejó perder esta oportunidad de que la voz de las víctimas en México fuera escuchada por la comunidad internacional”, afirma. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sesionó del 15 al 26 de septiembre en Ginebra, Suiza. Ningún representante del Estado mexicano acudió, pero agentes de la sociedad civil se dieron a la tarea de elaborar siete informes alternos; además una comitiva de representantes de al menos 30 organizaciones acudió a entregarlos. En el documento que presentó el Estado el 11 de marzo, titulado Informe del Estado Mexicano sobre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en virtud del Artículo 29 de la Convención, el gobierno federal asegura que se “registran avances sustantivos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos en el país”. Las autoridades mexicanas especificaron que han “intensificado sus esfuerzos para combatir la desaparición forzada de personas”. Entre las acciones que destacan se encuentra la del pasado 4 febrero, cuando el Senado de la República aprobó el retiro de la reserva a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, “para consolidar la armonización de nuestro derecho interno con las normas internacionales”. El gobierno federal aseguró ante la ONU que sus esfuerzos no estarían completos “sin un modelo para la atención de familiares de personas desaparecidas basado en el acompañamiento y la gestión de la información para garantizar un trato respetuoso y digno, que cumpla con el derecho a la verdad y a una reparación integral”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil de todo el país refutan los resultados presentados por las autoridades mexicanas. Uno de ellos, presentado por la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada Comité Cerezo México, el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, explica que se vieron en la necesidad de entregar el informe alterno pues “la situación en nuestro país, respecto al incremento de casos de desapariciones forzadas, evidencia la continuidad y sistematicidad de este delito e indican el nulo avance en la implementación de la Convención Internacional y la erradicación de éste”. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, presentaron en su denuncia que “el Estado mexicano se ha limitado a informar de una serie de medidas legislativas y otras de carácter administrativo, pretendiendo con ello que está implementando la Convención a nivel nacional. Sin embargo la realidad supera por mucho la posición oficial”. “La Desaparición Forzada e Involuntaria en México desgraciadamente sigue siendo una práctica común en la actual administración del Presidente [Enrique] Peña Nieto. No sólo es el crimen organizado el actor involucrado en las Desapariciones Forzadas, sino también, de manera preocupante, agentes del Estado, y el número de desaparecidos y de violaciones a derechos humanos continúa en aumento”, se puede leer en el informe que realizaron el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, la organización Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
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Fueron detenidos en territorio nacional cuando intentaban llegar a los Estados Unidos sin documentos
Tegucigalpa (EFE).- México deportó hoy a un grupo de 20 menores hondureños acompañados por familiares que fueron detenidos cuando intentaban viajar ilegalmente desde ese país a Estados Unidos, informó una fuente oficial.
Los repatriados, 16 madres y 20 menores, retornaron a San Pedro Sula, norte de Honduras, en un autobús desde el municipio mexicano de Tapachula (Chiapas), dijo a periodistas el director del Ministerio de Trabajo en esa ciudad, Alexander Leiva.
Agregó que los deportados fueron recibidos por personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la organización humanitaria Casa Alianza y el no gubernamental Centro de Atención al Migrante Retornado.
Leiva subrayó que las madres serán incorporadas a los diferentes programas sociales que impulsa el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, mientras los menores serán reintegrados a las escuelas.
Además señaló que se les brinda atención médica y psicológica, así como pasajes para que regresen a sus lugares de origen.
Con este grupo, suman más de 28.000 hondureños, de ellos más de 8.000 son menores de edad, deportados en lo que va del año al país centroamericano por México, de acuerdo con las cifras de la Pastoral de Movilidad Humana, una organización de la Iglesia católica de Honduras.
Unos 90 niños no acompañados y 240 familias cruzan diariamente la frontera suroeste de Estados Unidos, según el Gobierno hondureño.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que debido a la presencia de varios fenómenos climáticos, para este miércoles se espera la caída de lluvia y granizo en varios estados del país, por lo que pidió a la población mantenerse alerta.
Detalló que un canal de baja presión se extenderá desde la región central del Golfo de México hasta el sur del país originando el aumento de nublados y precipitaciones fuertes a regulares en cinco entidades de la República.
En su reporte más reciente agregó que dicho sistema propiciará lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo en el estado de Chiapas, así como lluvias menores a 25 milímetros en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.
Abundó que la nubosidad asociada a la baja presión remanente de Simon, ya como depresión tropical, que se ubica al occidente de Baja California, favorecerá lluvias menores en áreas de ese estado así como de Sonora.
Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico provocará fuertes precipitaciones con posible actividad eléctrica y granizo en Guerrero, y lluvias en zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
Además, la Onda Tropical Número 35 se extiende sobre Guatemala y beneficiará el aporte de humedad hacia la Península de Yucatán, por lo que se esperan lluvias en algunas zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Ante estos pronósticos, la Comisión Nacional del Agua y el Meteorológico exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas a través de la cuenta de Twitter @conagua_clima y en las páginas http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx
D.F.- Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo por Nuevo León donde inaugurará el Macrocentro cultural y deportivo San Bernabé y entregará apoyos del programa Prospera.Se estima que el mandatario arribe a Monterrey al filo de las 12:00 horas para trasladarse a la colonia San Bernabé de la capital neoleonesa.
Acompañado por autoridades estatales, se prevén discursos de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y de la ciudadana Yazmín López Montoya; el mensaje central del evento estará a cargo del Presidente de la República.Peña Nieto entregará apoyos que incluyen la incorporación a Prospera e Inclusión Financiera, becas de educación superior, opciones productivas, tarjetas Liconsa, 65 y más y Bécate.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto para la importación de vehículos usados y que habrá un mayor control en las aduanas, se anticipa un freno en el ingreso de automóviles provenientes de Estados Unidos.
El presidente de la Asociación Mexicana de la IndustriaAutomotriz (AMIA), Eduardo Solís, comentó que a partir de esa decisión de la Corte, no podrán ser otorgados nuevos amparos: “Es una suerte de blindaje cuando se declara constitucional, esa es la importancia del decreto”.
Explicó que 95 por ciento de la importación de autos usados es bajo la figura del amparo, por lo que la decisión se transmitirá a todas las cortes para que los amparos que están operando sean revisados, además de que ya no se otorgarán más de esos recursos bajo la tesis de inconstitucionalidad del decreto de importación.
También señaló que se observa que la Secretaría de Hacienda, mediante la Administración General de Aduanas, realiza una investigación contra agentes que permitían el ingreso de autos usados.
Por otra parte, también se aprobaron reglas para que, cuando sea definitivo el ingreso de un vehículo, primero tiene que ser exportado por Estados Unidos, es decir, que se cuente con un certificado de exportación de la aduana de la nación vecina y “no salga de ese país como turista y entre como importación definitiva, porque entonces también nos podemos llenar de vehículos robados”.
A esa serie de medidas se suman iniciativas de gobiernos locales como el Congreso de Coahuila, que en septiembre aprobó que los vehículos importados porten una placa.
El representante de la industria automotriz celebró los acuerdos que frenarán, en cierta medida, la importación ilegal de autos usados, ya que “un mercado saturado de vehículos de uso nos lleva, sin duda, a una venta aplanada de autos en circulación; la venta de autos nuevos funciona como una cadena de renovación vehicular”.
De enero a agosto, la importación de automóviles usados fue de 356 mil 123, equivalente a 50.8 por ciento de las ventas de vehículos nuevos. En ese lapso la importación disminuyó 16.2 por ciento respecto a igual periodo de 2013.
Esa es una razón por las que la venta de vehículos nuevos en México está lejos de su potencial, de entre un millón 800 mil y 2 millones de unidades, dijo Solís, cuando la expectativa es que al cierre de año se comercialicen un millón 120 mil unidades.
Ventas de nuevos
Guillermo Rosales, director general adjunto de ese gremio, dio a conocer que la inflación a agosto se situó por encima del nivel de los autos, al registrar en su variación anual una caída en los precios, pues los autos son en promedio 4 por ciento más baratos que el año pasado.
Sin embargo, las ventas no se han recuperado y no se ha salido del número comparativo de hace 10 años, lo que confirma que es una década perdida en el mercado interno, dijo.
En ese sentido, Eduardo Solís comentó: “Cuando vemos cifras de dos dígitos nos gustaría echar la campanas al vuelo”; no obstante, reconoció que hay rezagos importantes, como la caída en la confianza del consumidor y que es un mercado incentivado por las empresas que están sustituyendo productos por modelos 2015 y tienen la necesidad de desplazar inventario.
Niveles récord
México superó a Brasil y se convirtió en el primer productor en América Latina y el séptimo en el mundo en el ramo; también rebasó a Japón como segundo exportador a Estados Unidos, de acuerdo con la AMIA.
Informó que la producción de vehículos ligeros continúa superando niveles históricos, tanto para el mes como para el acumulado a septiembre. En el noveno mes del año se produjeron 267 mil 674 vehículos ligeros, para un crecimiento de 10.7 por ciento respecto a septiembre de 2013. En el acumulado registró 2 millones 396 mil 308 unidades, para un avance de 7.5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.
La exportación también superó niveles históricos tanto para septiembre como para el acumulado, pues al mes pasado la venta al exterior creció 2.2 por ciento, con 220 mil 239 unidades. A septiembre fueron exportados un millón 952 mil 501 unidades, lo que representa un crecimiento de 8.7 por ciento respecto al mismo periodo.
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BANNERS DERECHA
