Guanajuato.- El secretario estatal de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, informó hoy que llegó a 10 el número de fallecimientos por influenza A(H1N1) en el estado de Guanajuato este año. No obstante, el funcionario aclaró que en relación con otros estados, Guanajuato está muy por debajo en decesos por este virus. Por ejemplo, dijo que en Jalisco se han registrado 48 casos, 41 en Baja California y entre 34 y 35 en el Distrito Federal. La víctima número 10 es un hombre de 42 años de edad que se encontraba internado en el Hospital General de León y falleció el 15 de enero. Apenas el martes 4 de febrero, en Sesión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, se confirmó la existencia de 147 casos en la entidad y hasta entonces nueve defunciones, como lo reportó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En coordinación con el Sistema Nacional, autoridades del estado analizan, en forma permanente, los casos que se presentan. Los casos reportados suman 65 por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato con seis defunciones, el IMSS con 53 y cuatro defunciones y el ISSSTE con 31 casos y cero defunciones.

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Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Los estados vecinos de Michoacán y Guerrero comparten situaciones extremas en algunas de sus regiones: la apropiación territorial de parte del crimen organizado, la vinculación de grupos delincuenciales a la vida económica, la extorsión a la sociedad, la inseguridad y la impunidad. Por eso es que es previsible que surjan en Guerrero grupos civiles armados como las autodefensas michoacanas para tratar de arrebatarle el control a los grupos de la delincuencia organizada, dice Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de Pueblos. “Toda la parte de la región Norte, Centro y de Tierra Caliente, ese cinturón y buena parte de la región Costa hacia arriba, la parte de Filo Mayor son comunidades que históricamente ha habido presencia del crimen organizado, pero antes  se movían más en esta lógica de ruta y distribución, no de control territorial y vinculación a la vida económica de las regiones”, explica a SinEmbargo. Otro estímulo para el surgimiento de más grupos de autodefensas es la posibilidad de regularización que ofrece el gobierno, al ofrecer integrarlas a una nómina de guardias rurales, dice el especialista del Centro Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (CMDHD), Alejandro Jiménez. “El gobierno federal está incentivando con esto de la regularización que se aparezcan más este tipo de expresiones de autodefensas, con la parte popular organizada y el apoyo del Estado se está favoreciendo la integración más con las condiciones laborales que prestaría. Y al blindar Michoacán las periferias del estado van a sufrir un incremento en este tipo de poblaciones relacionadas con el crimen organizado y las actividades que llevan con ellas”, dice. En otros estados –como en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí,  Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Sinaloa– se ha advertido el nacimiento de grupos de autodefensa. En Oaxaca y el Estado de México, el fenómeno sólo creció. Colindante con Michoacán, en Guerrero se tiene conocimiento de que en más del 50 por ciento de los 81 municipios existen autodefensas. En Oaxaca y en el Estado de México hay presencia de este tipo de grupos en dos municipios en cada estado. En Puebla, el fenómeno de las autodefensas también va creciendo, aunque las autoridades formales se han empeñado en negar su existencia. Es un hecho que estas corporaciones ya están en los poblados de San Gabriel Chilac, Chachapa y Tlaxcalancingo, entre otros. Por su parte, el Movimiento Amplio Social (MAS) ha advertido al gobierno sobre la urgencia de atender las necesidades de seguridad de las comunidades más victimizadas por la delincuencia. En San Luis Potosí, una agrupación que se hace llamar “Huasteca Armada” se ha hecho presente a través de correos electrónicos y mensajes de emisarios para denunciar el abandono de las autoridades a sus comunidades, donde el Cártel del Golfo y Los Zetas han hecho rehenes a sus habitantes, a través de la venta de protección, extorsiones y delitos patrimoniales. Preparan el ensamble y levantamiento de autodefensas como medida para protegerse. El fenómeno de las autodefensas puso en jaque al gobierno federal y lo orilló a promover su legalización. En algunas entidades, esta situación no ha sido bien vista por sus gobernantes, en cambio, en otras sí se promueve la formación de guardias civiles. El lunes el Gobernador de Sinaloa, Mario López Váldez, dijo que habrá cero tolerancia para quienes tomen las armas en su defensa, ante un grupo de sinaloenses que dijeron estar en contacto con líderes comunitarios de Michoacán para crear su propia policía comunitaria. En cambio, en el Procurador  de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, respaldó a los Comités de Vigilancia Vecinal siempre y cuando actúen apegadas al derecho y sean para reforzar el trabajo de la autoridad. “No es ilegal, no es nada malo, siempre y cuando no se pretendan estar haciendo justicia por su propia mano y no pueden actuar como autoridad, sino como auxiliares y colaborar con la misma. De hecho está permitido que en flagrancia puedan proceder como una instancia administrativa, y pudieran detener algún sujeto, pero inmediatamente deben ponerlo a disposición de la autoridad a la que corresponda”, explicó Armando García Torres. POLICÍA COMUNITARIAS Guerrero es un estado con una larga tradición de creación de policías comunitarias, que no son recientes como lo son las autodefensas. Mijangos Leal recuerda que desde 1995 surgió en la región Montaña y Costa Chica la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias/Policía Comunitaria (CRAC/PC). En una región donde se desconfía del Ejército como consecuencia de la Guerra Sucia contra la guerrilla ocurrida en los años setenta del siglo pasado, y con altos niveles de inseguridad, la CRAC/PC es un movimiento que abarca 120 pueblos de 16 municipios. Basada en usos y costumbres, con trabajo coordinado con autoridades municipales, sus integrantes hacen además de labores de seguridad y de justicia. Llegan a intervenir hasta en casos de violencia doméstica. Cuentan con un reglamento y generalmente cargan armas “conejeras”, viejos rifles heredados de sus abuelos. Más recientemente surgió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en 2010. Conformada por 70 pueblos de 11 municipios, esta semana se puso en boga luego de que integrantes suyos marcharon el 30 de enero por Chilpancingo en una manifestación pacífica, que fue sometida a revisión por el Ejército y la policía. La marcha fue un día después de que pidieran aclarar el atentado contra el líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, luego de que criticara al alcalde de la capital guerrerense, Mario Moreno Arcos, por no atacar la inseguridad. Aunque en el pasado la UPOEG han tenido acercamientos con el gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero, ha sido llamada autodefensa. “En el caso de la UPOEG, algunos de sus grupos tienen componentes indígenas pero otros combinan diferentes colores, algunos están formados alrededor de un partido político sin consenso de la población y hay también diferentes grupos que dentro de la misma región donde se establecen desprendimientos de la CRAC de la Montaña y en la UPOEG se cruzan con  estructuras vinculadas a paramilitares o grupos de poder organizados a los políticos o al narco.  Son procesos donde aparecen como infiltrados pero que la propia UPOEG ha ganado porque ha  filtrado en asamblea colectiva el asunto, lo que mantiene el espíritu de querer seguir una acción colegiada”, indica. Agrega que en el estado también hay policías ciudadanas en algunos municipios que han sido tratadas de diversas maneras por las autoridades, ya sea porque acusan a los alcaldes y a las policías municipales de estar coludidas con el narcotráfico, o porque denuncian la inseguridad pero el Ejército o la Marina protegen a los grupos delictivos. “Lo que hemos visto es que llegan a Olinalá con la policía ciudadana luego de que detienen al presidente y a los policías municipales, acuerdan velar por la seguridad y mandan a policías comunitarios a quitar sus barricadas. La gente acepta y a la madrugada el Ejército entra a liberarlos y desarma a los comunitarios y a los tres días instalan a la policía munipal, se genera mas miedo al crimen organizado y la gente está ya desarmada. De repente no sabes si el Estado está actuando a favor de quién o cuál es la lógica de blindar un territorio con mecanismos y leyes y ahí es donde el asunto brinca”. De ahí que las policías comunitarias a veces se nieguen a colaborar con las autoridades, ya que por experiencia saben que estas últimas incumplen los acuerdos. “Ya no me vas a desarmar hasta que garantices que no estés coludido y hasta entonces no te vamos a entregar las armas”, es lo que deciden, comenta Mijangos Leal. A pesar de las diferencias entre los grupos civiles armados, prevé que sin importar su origen, su antigüedad o la situación en que surjan, en Guerrero serán llamados Autodefensas, con la intención de que sea más fácil criminalizarlos. “Le van a apostar a un proceso mediático de desgaste”, expone. Jiménez difiere de la visión de Mijangos. Considera que el Estado tiene la intención de regularizarlos, e incluso alerta que si no se regularizan pueden derivar en grupos paramilitares. Pero incluso la regularización de los grupos de autodefensas encara un riesgo, ya que al entrar en la figura de guardias rurales, su actuación estaría legislada bajo el régimen militar. “Es muy probable que incurran en abusos y la parte de que al regularizarlas sea en el de guardias rurales los sujeta a la jurisdicción militar, que es todo un tema desde la perspectiva de los derechos humanos, y serían juzgados desde el fuero militar y no civiles”, concluye.

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