La cooperación y participación de la sociedad civil es necesaria a fin de generar mecanismos eficaces en el análisis y discusión de la reforma política-electoral, para desarrollar la democracia en el país, señaló el diputado priista Marco Antonio Barba Mariscal.

Recalcó que no es un tema menor la creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al Instituto Federal Electoral (IFE), así como la reconfiguración de las causales de nulidad de las elecciones federales con las que se elige al titular del Ejecutivo y los representantes populares que forman el Poder Legislativo.

De ahí, dijo, la importancia de que las agrupaciones políticas participen en la discusión de este tema.

Al inaugurar el foro "Las Agrupaciones Políticas Nacionales y la Reforma Política", estableció que México requiere de un trabajo permanente en la configuración de las políticas públicas y las leyes que las regulan, donde se considere la participación activa de las Agrupaciones Políticas Nacionales.

El legislador del Revolucionario Institucional destacó que durante el primer año de la LXII Legislatura se hicieron reformas que promueven la iniciativa; fue un avance importante, ya que permitirá a las agrupaciones de la sociedad realizar valiosas aportaciones para fortalecer las leyes.

José Isidro Moreno Árcega, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que la Reforma Política Electoral deberá contribuir a la retribución de la participación política social.

En este sentido, añadió que es exigencia de la sociedad que la política sea más plural, y para ello se tendrá que fortalecer a las APN, con el propósito de que los ciudadanos no sólo sean más participativos sino que posean mayor conocimiento de los temas nacionales, lo cual desencadenará en políticas públicas más acordes con las necesidades.

El representante del PRI indicó que el Poder Legislativo tiene que establecer en una reforma a la Constitución o a la Ley Electoral, que las agrupaciones podrán participar de manera activa en el fortalecimiento de la democracia.

A su vez, Luis Figueroa Solano, presidente de la Organización Ciudadana México Avanza, dijo que fortalecer a las APN permitirá dar cauce a las inquietudes de participación democrática de los ciudadanos y fortalecerá y dará legitimidad al sistema político electoral.

En su intervención indicó que los resultados electorales de 2009 revelaron deficiencias en la reforma electoral de 2007, que deben ser corregidas. El elevado porcentaje de votos nulos evidenció la descomposición y el descrédito del sistema de partidos frente a la ciudadanía.

Expuso que México es una sociedad plural, pero el actual sistema restringido de participación política limita su desarrollo y provoca que las fuerzas ciudadanas busquen opciones de participación fuera del sistema político, lo que pone en riesgo la estabilidad y armonía social.

Por ello, dijo, se requiere abrir el sistema de partidos a través de organizaciones intermedias, como las APN, que permitan encaminar los mecanismos legales para acceder a políticas públicas y a la conducción institucional de los asuntos del país.

Afirmó que es el momento de fortalecer a las agrupaciones como organizaciones en donde la ciudadanía participa políticamente en los asuntos que son de su interés y en la tarea política que hasta hoy han acaparado los partidos.

Albino Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que reconocer a la Agrupaciones Políticas Nacionales en la Constitución facultará a la sociedad a presentar iniciativas de ley, sin necesidad de que sean arropadas por un integrante del Congreso.

Planteó que si la sociedad civil se quiere convertir en portavoz de los ciudadanos tendrá que reconocerse a nivel constitucional.

Si bien es cierto que la Carta Magna ya reconoce la iniciativa ciudadana y candidaturas independientes, abundó, los requisitos son difíciles de cumplir, además de que las agrupaciones políticas no pueden inscribir candidatos independientes.

Planteó que para que se elabore una reforma política eficaz, se tendrá que crear un nuevo sistema electoral que señale de manera específica que los ciudadanos sean el cuarto poder, ya que contribuirá al progreso democrático.

Sostuvo que el sector académico considera que la segunda vuelta electoral y la reelección son temas que también tendrán que ser abordados en la discusión de la reforma electoral.

De igual manera, propuso sustituir al IFE, ya que éste ha cumplido con los objetivos para los que fue diseñado, y que el nuevo organismo contemple la participación de las universidades en el proceso de elección de los funcionarios que estarán a cargo de este organismo, el cual debe ser autónomo para evitar los compromisos políticos.

El diputado Juan Bueno Torio dio a conocer que presentó una iniciativa que busca que los sindicatos del Estado transparenten el uso de recursos públicos y sean objeto de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Indicó que en su propuesta plantea reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.

Manifestó que resulta fundamental que los sindicatos "comiencen a transitar hacia esquemas de mayor transparencia y rendición de cuentas", y que los trabajadores y las autoridades puedan conocer en qué se gastan los recursos públicos y sus fuentes de financiamiento.

El integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, comentó que esto "no conlleva una intromisión a la libertad de administración ni condiciona los procesos internos del sindicato, simplemente se limita al derecho que tiene la ciudadanía de contar con información sobre los recursos que ella misma aportó, con el fin de evitar que exista una desviación en su manejo".

Recordó que en la propuesta del Ejecutivo para la reforma laboral, promulgada en noviembre de 2012, se proponía que los sindicatos rindieran cuenta de la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, tema que no prosperó en su discusión en el Congreso de la Unión.

Por esto, subrayó la necesidad de transparentar la recepción, el uso, manejo y destino de los recursos de los sindicatos del Estado y que existan mecanismos claros de rendición de cuentas, "en los que no exista opacidad, ni dispendio".

El legislador panista, expuso que en la iniciativa de decreto se considera como entidades fiscalizadas a los sindicatos y se propone que la ASF supervise directamente los recursos federales que administren o ejerzan, y determine si se ejercieron conforme a los convenios, contratos o cualquier otra disposición mediante la cual fueron transferidos.

También, subrayó, será obligación de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, publicar y difundir de manera semestral, cuando hayan recibido, destinado, administrado o ejercido por cualquier concepto, recursos públicos federales.

Hizo notar que dicha información estará disponible a través de las páginas de Internet de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos constitucionales autónomos.

Apuntó que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer las bases generales para la realización de auditorías, incluyendo, como entidades fiscalizadas, a los sindicatos que se conformen de acuerdo al apartado B del artículo 123 constitucional, o a cualquier persona física o moral, cuando se les destinen recursos públicos federales.

Asimismo, precisó, que las unidades de auditoría preventiva se regirán por las disposiciones generales que emita la SHCP sobre la fiscalización de recursos públicos federales respecto de las personas físicas o morales que los reciban, ejerzan o administren.

Además, prosiguió, deberán entregar informes de las denuncias presentadas por actos de corrupción, mismas que comprenderán tanto a las dependencias y entidades de la administración pública federal, como a los sindicatos, personas físicas o morales que reciban, ejerzan o administren recursos públicos federales y sociedades y asociaciones vinculados con cualquiera de ellos.

También, dijo, se plantea que los sindicatos de trabajadores y los organismos que los agrupen estarán obligados a dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.