Por Hugo Isaac Rea Torres

METÍFICO.- Corrupción fue el símbolo de identidad con el que inició el hoy agonizante gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, quien solo sirvió para llevar a la bancarrota a Tijuana con su teologal forma de idealizar lo que le dio por llamar "ciudad con orden". El primer acto de fermentación se dio al permitir la incorporación en la nómina municipal de amigos y familiares sin importarle el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza, que lo llevó a gastar dinero público adicional al presupuesto en la contratación de "asesores" externos para suplir ese favoritismo a los ineptos, a lo que se sumó yerro tras yerro que le fueron dando "forma" a su deformada manera de ver las cosas, como los casos del endeudamiento casi similar al de su antecesor, Jorge Ramos Hernández, del que no pudo marcar diferencia en cuanto a la frivolidad con la que gobernó; se adiciona a lo anterior su marcada mitomanía cuando antes de asumir su irresponsable responsabilidad de gobernar había asegurado que "con el regreso de las horas extras (sic) para bares y restaurantes permitirían al ayuntamiento evitar que los recursos por ese concepto se desviara n a los bolsillos de algunos funcionarios. Ningún ingreso que no esté registrado en finanzas será recibido", asimismo, se comprometió en ese entonces, a "acabar inmediatamente con la corrupción en el transporte público y en el gobierno; evitar que utilicen mi gobierno para promoverse a algún cargo de elección popular; crear empleos a través de inversiones y la aplicación de nuevas estrategias para darle seguridad a todos los tijuanenses", todos fueron compromisos incumplidos que vertió antes de asumir el cargo como alcalde ante los directores de los medios de comunicación que se vieron beneficiados con jugosos contratos de publicidad, y de lo cual se olvidó rápidamente para mejor dar paso a favorecer a familiares, amigos y compadres que, como ejemplos, están el haber beneficiado al Grupo Múzquiz con un contrato por ¡15 años! de un bodegón que representará un gasto de los recursos públicos por el orden de los 117 millones de pesos durante ese lapso; los 15 millones de pesos destinados a través del Comité de Turismo y Convenciones para favorecer al equipo local de futbol; la entrega de 150 millones a la empresa que instaló las cámaras para las llamadas "cibermultas", considerado un verdadero fraude, como todo lo demás; la expedición de 103 permisos de transporte y 826 temporales para venta de alcohol, donde lo primero no está contemplado en leyes ni reglamentos; expedición sin control de los llamados "pases médicos" que permiten ingresar rápido y por carril especial a Estados Unidos; el problema ya expuesto del gasto en la sustitución de luminarias; además de millonarios recursos para organismos altruistas que pudieron ser entregados a cercanos, conocidos y parientes de funcionarios; hubo un gasto de 570 millones de pesos en obras, muchas de ellas no licitadas conforme a las leyes en la materia, por parte de las secretarías de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y de Desarrollo Social del municipio; de las que más del 50% se adjudicaron a amigos, conocidos, recomendados, compadres "y otros familiares de funcionarios e incluso del alcalde"; se pagaron además 40 millones de pesos de forma injustificada a la empresa Global Sight, que presuntamente con ello dio mantenimiento a las cámaras de vigilancia instaladas en vialidades; además los 39 millones de pesos pagados a la consultora Protego, por el refinanciamiento de la deuda municipal; otro gasto a revisar, este por 12 millones de pesos, en torno al derrumbe de la antigua Comandancia de la Policía Municipal en la calle Ocho y avenida Constitución, que es causa de un daño patrimonial a los tijuanenses y que aún no se aclara; el "Zócalo 11 de Julio"; los 200 millones de pesos que solicitará a una institución bancaria para que el gobierno de Jorge Astiazarán cumpla con los pagos a empleados durante el mes de diciembre ¡ufff! Y para rematar: su harem de 15 jovencitas basificadas dejando a la deriva a empleados con mayores méritos para ello. Faltaría espacio para continuar con el daño ocasionado a la vapuleada Tijuana por el escatológico Carlitos Bustamante. 

DENUNCIA.- La casa de empeños denominada First Cash fue denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor, luego de que por un préstamo de dinero en efectivo recibió en garantía "varios" relojes de la marca Rolex que, en un "acto de magia, los convirtió en relojes "patito". En apariencia todo iba bien hasta ahí, pero el extravío del expediente de este caso en la Profeco ha ocasionado que también haya sido presentada una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, en contra de quien resulte responsable en la Profeco, por lo que Dolores María Manuell Gómez Angulo fue citada a comparecer ante la Procuraduría General de la República el último día del mes anterior al haber sido ante esa instancia en la cual Lolita de Méndez presentó la denuncia correspondiente por el extravío de dicho expediente, cosa similar a la ocurrida a su antecesora, Sonia Leslie del Villar Sosa, cuando estuvo en la delegación de Profeco en el estado de Hidalgo, quien fue cesada e inhabilitada por no haber supervisado que el personal a su cargo cuidara y custodiara 93 expedientes y 109 hologramas. 

ALBAÑAL.- En donde se ha mantenido hasta este momento la corrupción extrema es en el área de transportes del ayuntamiento, en donde cuatro panistas (uno sindicalizado y tres "de confianza") han hecho su agosto desde que ingresaron a esa dependencia y, pese a los señalamientos públicos que se han hecho, al parecer se mantendrán en sus posiciones si no es que el alcalde electo, Jorge Astiazarán Orcí, determina echarlos con un fuerte raticida. Los susodichos son nada más y nada menos que el subcomandante Luciano Ortega, quien es el enlace entre los corruptores transportistas y el director de la dependencia; el jefe de turno vespertino, Hugo Rodríguez; Ramón Huerta, como inspector, y el sindicalizado Edgar Ramírez, quien se desempeña en el área de revisión mecánica en donde las tarifas por unidad "revisada" tiene que pagar cuotas entre los 300 y los 500 pesos. Pero para que quede una huella más de lo que se menciona: el titular de la Dirección Municipal de Transportes, Manuel Alberto Casillas Higuera, violando toda normatividad y, más aún, la autoridad de sus superiores, ha osado dar un permiso de ruta a los llamados taxis de ruta "dorado y blanco" por la módica cantidad de 10 mil dólares para que presten el servicio de transporte público entre el centro de la ciudad y Riveras del Bosque, allá por el Corredor 2000, eso sin mencionar los ingresos que ha obtenido desde hace cinco meses y medio que ingresó al ayuntamiento. Se dice que Casillas Higuera es protegido por el consejero jurídico del Ayuntamiento, Roberto Ordoríca. 
Hasta aquí la dejamos, no sin antes recomendarles que NO SE ENREDEN ¡Y PUNTO!, agradeciendo su atención a Sábados Informativos de 6:00 a 8:00 horas a través del canal 123 del sistema Cablemás; su sintonía en el 1030 de amplitud modulada en "La Tremenda" y la lectura de estos puntos de vista en los medios impresos y electrónicos de los colegas que nos distinguen con su publicación, así como sus "likes"  a la página de Líneasbc en Facebook