Tijuana, Baja California.- La Dirección de Atención al Migrante tenía hasta el 15 de abril, un total  de 660 menores de edad alojados en ocho albergues registrados en el municipio de Tijuana, además de los casi 600 que se localizan en el campamento instalado en la garita del Chaparral desde el 18 de febrero. 

La preocupación de la autoridad local es que los cerca de 600 niños, niñas e infantes que se encuentran en la explanada de la garita padecen las condiciones que pueden derivar en temas de salud; también inquieta que el resto de la población no es una migración laboral, sino que huye de la violencia de países como Honduras, Guatemala, el Salvador así como de los estados de Guerrero y Michoacán. 

Ante el incremento de 200 a 2 mil personas en condición de movilidad en tan solo dos meses, la dependencia municipal ha realizado, como un apoyo humanitario, 40 registros al mismo número de menores que no contaban con un documento que los identificara como ciudadanos.

Cabe aclarar que, el trámite de las actas de los que nacieron fuera de Tijuana, en los lugares de su procedencia o que han nacido durante el recorrido de la caravana hacia el norte, obtuvieron sus actas con la presentación de todos los documentos legales requeridos, porque tienen el derecho constitucional a tener una identidad.

Personal de la dirección ha informado que existen, por ahora, cuatro mujeres embarazadas, a quienes tanto el Hospital General como el Hospital de la Mujer, les apoyará con el parto, niños que de manera automática serán mexicanos con todos sus derechos. 

La dependencia destaca que si el niño cuenta con un documento que lo identifica como mexicano, se le otorga el derecho a los padres de tener residencia permanente, aunque se les dificulta lograrla luego del impuesto elevado que tienen que pagar al Instituto Nacional de Migración (INM) de cerca de 8 mil pesos por persona para regularizar su estancia en el país. 

Mucha de la gente en situación de movilidad viaja sin recursos económicos y aunque el municipio gestiona la dispensa del pago federal, mientras no tengan un documento que los ampare como mexicanos, no pueden conseguir un empleo formal.  

Que los padres extranjeros obtengan la residencia legal no es sencillo, pero les brindaría la posibilidad de obtener un derecho laboral, por lo tanto, incluiría el de servicios de salud o el de la educación, con la excepción de los derechos políticos. 

De acuerdo a la información registrada en la dependencia, de los infantes que aún faltan por realizar este trámite se ven limitados en llevar a cabo el registro, dado que los que se dicen sus padres o tutores no cuentan con los documentos médicos o actas de nacimiento que atestigüen sus lazos consanguíneos. 

La instrucción ha sido clara para la Dirección de Atención al Migrante: deben atender a los niños, niñas e infantes; incluso, el apoyo de dotación de cobijas, baños y regaderas públicas por parte del Ayuntamiento y el Estado, continúa de forma constante como parte del resguardo básico de los derechos humanos.