Aún no comienza la nueva administración y ya operadores políticos comienzan a mover los hilos de los municipios, a costa del recurso natural y presupuesto que pertenece a los ciudadanos.

Tan es así, que a cinco regidores de Tijuana se les ha citado en las sombras para ofrecerles espacios en la administración estatal que está por iniciar el próximo 1 de noviembre, a cambio de que presentaran en la próxima sesión de Cabildo un acuerdo en el que se comprometan a rechazar la instalación del órgano de administración de la recién creada comisión municipal del agua de Tijuana.

Los implicados son Arnulfo Guerrero, Mónica Vega, Miguel Medrano, José Cañada y Josué Gutiérrez, varios de los cuales han perpetuado su labor en la administración pública durante varias administraciones vendiéndose al mejor postor.

Dicho acuerdo, significaría generar una acción contraria y violatoria de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implicaría que los regidores sean sujetos de responsabilidad al limitar el avance y el correcto uso del recurso del agua para el próximo 24 Ayuntamiento. 

La municipalización del agua en Baja California busca otorgar a los ayuntamientos el control de recurso a la mejora del servicio en pro de la ciudadanía, debido a que cada municipio conoce sus necesidades y a dónde debe dirigirse el presupuesto.

Dicha propuesta fue aprobada por el Congreso del Estado como solución a la problemática de desabasto que hay en la entidad y representaría una mejora para la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, parece ciertos operadores estatales prefieren continuar con sus intereses y los del círculo panista que la rodea a toda costa, aunque ello implique saltarse la ley y lo que los representantes del pueblo decidieron con anterioridad.