Mexicali, B. C.- “Nuestra obligación como integrantes del Congreso del Estado es propiciar los consensos que sean necesarios para garantizar la protección  suficiente contra cualquier posible injerencia en la atribución fiscalizadora”, indicó el Legislador David Ruvalcaba Flores, al presentar un punto de acuerdo ante el Pleno.

En su exposición de motivos, señaló que las entidades de gobierno ejercen recursos públicos con la finalidad de satisfacer las necesidades sociales y que al Poder Legislativo le corresponde intervenir para cumplir con una de sus funciones primordiales, que consiste en fiscalizar los recursos públicos.

De esta forma, Ruvalcaba Flores exhortó al titular del Ejecutivo a efecto de que instruya a la Secretaría de Planeación, así como a las entidades vinculadas con el proceso de planeación y manejo de los recursos públicos, para que analice y conceda la viabilidad con el fin de destinar a la fiscalización superior del Estado, un porcentaje del presupuesto de egresos de Baja California a partir del Ejercicio Fiscal 2014.

Al considerar que el Gobierno de Baja California se encuentra en el proceso de elaboración de dicho presupuesto, que será presentado ante esta Soberanía a más tardar el día 15 de diciembre del presente año, solicitó que se aprobara el punto de acuerdo con  dispensa del trámite, pero fue turnado a comisiones para su estudio.

Según expuso David Ruvalcaba, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado tiene atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de cualquier entidad que maneje recursos de origen público.  

En esa virtud, agregó que debe fiscalizar las actividades gubernamentales, sus autoridades administrativas y las diversas instancias subordinadas; además de todas las entidades integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipios, así como a los órganos constitucionalmente autónomos y a cualquier persona moral o física que gestione recursos públicos.

De ahí que en la efectividad de la fiscalización de los recursos públicos, es donde radican —dijo— las bases para que la ciudadanía exija que los servidores públicos rindan cuentas de los dineros manejados y de los resultados de su actuación, concluyó.