Mexicali, B. C..- Con el objetivo de establecer en el marco jurídico la violencia vicaria y determinar medidas preventivas, de atención y sanciones, la diputada Rosy García Zamarripa presento iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Baja California.

Durante su exposición de motivos la legisladora García Zamarripa señaló que la presente enmienda atiende un fenómeno social que padecen las familias y personas dentro de la modalidad de violencia familiar, pero que de acuerdo a la doctrina se conoce como violencia vicaria.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Publica dijo que esta manifestación se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido cónyuges o concubinos de las mujeres y éstos utilizan a los hijos, personas adultas mayores o con discapacidad como instrumento para dañar a la mujer.

“Esta violencia puede ir desde amenazas verbales donde los progenitores refieren que alejarán a las hijas e hijos de las madres, el control, retención de una pensión económica, hasta la creación de denuncias falsas y alargamiento de procesos judiciales, con la intención de romper el vínculo materno filial; o a través de la realización de cualquier otra conducta que sea utilizada por el agresor, como instrumento para dañar a la mujer”, enfatizó.

La iniciativa pretende promover programas y acciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria, que entre se incluyen: Canalizar a la persona agresora a tratamiento psicológico; Establecer esta violencia como una conducta penal y administrativamente sancionable.

También tratar y documentar la violencia vicaria como factor circunstancial en los procesos jurisdiccionales relacionados con las obligaciones alimentarias, patria potestad, régimen de convivencia y guarda y custodia de los niños, niñas y adolescentes, detalló.

García Zamarripa expuso que las órdenes de protección civil, serán tramitadas ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes, quienes de oficio o a petición de parte las dictarán, así como la determinación de medidas similares en sus sentencias.

Finalmente, la diputada refirió que se tiene la obligación de una valoración psicológica a la persona agresora, previo al otorgamiento de patria potestad, régimen de convivencia, guarda y custodia de los niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes de la XXIV Legislatura para su respectivo análisis y posterior dictaminación