Mexicali, BC.- La Vigésima Legislatura de Baja California aprobó de manera unánime el dictamen 217 que contenía una iniciativa de reforma propuesta por el Diputado Juan Vargas Rodríguez, en la que se definen nuevas responsabilidades para el Síndico Procurador de cada uno de los ayuntamientos del Estado.

La reforma consiste en adiciones al artículo 8 de la Ley de Régimen Municipal, entre las que destaca que cuando la Auditoría Interna encuentre irregularidades graves o, en su caso, haya presentado denuncia penal por las mismas, el Síndico Procurador deberá informar al Congreso y al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que se detecten.

Asimismo, en la exposición de motivos Vargas Rodríguez refirió que dicho funcionario municipal deberá recibir del Orfis las observaciones resultantes de la revisión de las cuentas públicas del Ayuntamiento, para que así proceda en conformidad con lo establecido en la Ley de la materia.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público propuso también que el Síndico Procurador deberá recibir del Congreso los dictámenes derivados de las cuentas públicas correspondientes; lo anterior, para su debido cumplimiento.

El Legislador Juan Vargas justificó estas modificaciones legales, con el argumento de que el Congreso local requiere de un mejor marco jurídico para llevar a cabo un control más eficiente en lo administrativo, legal y sobre todo presupuestal, de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables.

Aseguró, además, que están en rigurosa congruencia con la realidad administrativa y social, en cuestión de vigilancia y transparencia que se debe rendir en la revisión de los gastos que se efectúa a cada uno de los municipios de Baja California.

Estas reformas aprobadas por la Vigésima Legislatura a la Ley de Régimen Municipal, serán enviadas al Poder Ejecutivo para ser publicadas en Periódico Oficial del Estado.