México DF.- Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hicieron un enérgico llamado a las autoridades de Baja California (BC), para que cese el hostigamiento contra la periodista Carmen Olsen, directora del portal web Rosarito en la noticia.info.

La comunicadora fue agredida el pasado 4 de enero cuando unos policías la detuvieron y golpearon cuando trataba de documentar la detención de un joven. Tras lo ocurrido, el 31 de enero Olsen fue incorporada al mecanismo de protección y cuenta desde entonces con medidas de resguardo, según informaron las y los consejeros de este órgano.

En la agresión participaron funcionarios del ayuntamiento de Playas de Rosarito, entre ellos Francisco Castro Trenti, entonces director de Seguridad Pública y hoy subprocurador de Derechos Humanos para la zona costa de BC. Francisco es hermano del senador por el PRI y ex candidato a la gubernatura del estado, Fernando Castro Trenti.

De acuerdo con las y los consejeros del Mecanismo para la Protección, en días recientes el acoso hacia la periodista se expresó en una demanda penal por el delito de difamación interpuesta por los policías acusados. El proceso penal 525/2013 está radicado en el Juzgado de Primera Instancia Penal ubicado en Playas de Rosarito.

Ante esta situación, los consejeros Agnieszka Raczynska, Jade Ramírez, Édgar Cortez, Jorge Israel Hernández, Michael Chamberlain, Pablo Romo y Rogelio Hernández López, emitieron un comunicado para llamar a los distintos órdenes de gobierno del estado para que cesen las agresiones contra Olsen.

Las y los consejeros pidieron que las autoridades cumplan con su responsabilidad y garanticen las condiciones para que el gremio periodístico en la entidad ejerza su labor de manera segura, y acaten las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo.

En ese sentido expusieron que el pasado 14 de noviembre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con autoridades locales de las secretarías de Seguridad Pública, de Gobierno, así como de la Procuraduría General de Justicia del estado, para dar seguimiento a las medidas dictadas por el mecanismo.

Pero ante la demanda notificada el pasado 7 de diciembre, las y los integrantes del mecanismo precisaron que los delitos contra el honor no son compatibles con los tratados internacionales ratificados por México, debido a que coartan el derecho a la libertad de expresión y configuran una censura indirecta.

Reiteraron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU urgió al Estado mexicano a eliminar los delitos contra el honor, y en el mismo sentido lo hicieron las relatorías sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la OEA, que recomendaron a México despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injurias.

Para las y los consejeros la causa penal contra la informadora también contraviene la recomendación general número 29 de la CNDH “Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”, y que en el caso de Olsen establece que “se debe investigar la responsabilidad administrativa de servidores involucrados”.

“Los consejeros exhortamos a las autoridades del ayuntamiento de Playas de Rosarito a investigar las agresiones en contra de la periodista, garantizar su seguridad y el ejercicio de su labor periodística, y a los distintos órdenes de gobierno a cumplir su responsabilidad y garantizar las condiciones para ejercer el periodismo”, se lee en el comunicado.