Jaime Flores Martínez

Laggs

Justificadamente indignados porque –unilateralmente-- el administrador de la Aduana de Tijuana les cerró su fuente de empleo, los trabajadores del Comité Pro Mejoras de la Aduana no entienden porque Alejandro González Guilbot ni siquiera quiere recibirlos.

Desde el lunes de la semana pasada el señor González los dejó sin trabajo y todavía se pertrecha con guardias privados y soldados para que los enfadosos desempleados ni siquiera se le acerquen.

Sin tomar la mínima precaución el administrador de la Aduana Alejandro González Guilbot canceló el espacio que ocupa el Comité Pro Mejoras donde se revisa la carga de los camiones en tránsito. Cierto que la Aduana y el Comité están enfrascados en un lío legal pero no se justifica que 30 personas se hayan quedado sin trabajo (en pleno diciembre).

El señor administrador debe saber que esos empleados no poseen una añeja industria herbal tan productiva que por décadas ha mantenido podridas en dinero a varias generaciones. En verdad, ese es un negociazo y no “el dinerillo” que deja la Aduana.

Tío

Satisfecho porque sus fechorías apuntan a perderse en el olvido, el ex consejero jurídico del gobierno de Tijuana inhala una bocanada de aire fresco porque, finalmente, Cicuta lo dejara en paz.

Y aunque el columnista no tiene ningún interés particular en lanzarle señalamientos, la realidad indica que el abogado Roberto Ordorica Ruiz afectó muchísimos intereses que le acumulan igual número de detractores.

Solamente el ex alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo fue capaz de cobijar a Ordorica a pesar de sus desaseadas maniobras. Hay quien dice que la relación entre ambos es una sólida relación de complicidad que --sin duda-- es más fuerte que la amistad.

Bustamante seguramente desconoce que un traspié de su abogado Ordorica estuvo a punto de ponerlo de patitas en la cárcel. El pasado día 4 Cicuta recordó que a mediados del año 98 el ciudadano Eduardo Acevedo Castañeda denunció por el delito de fraude a Carlos Walterio Bustamante Anchondo, entonces propietario del empresa Inmuebles y Fraccionamientos de Tijuana S.A. de C.V.

Una década antes el señor Castañeda compró a Bustamante un terreno localizado en el fraccionamiento las Californias de Tijuana. El señor Acevedo pagó 8 mil dólares por un terreno que mantuvo desocupado por muchos años.

Al momento que intentó utilizarlo, se dio cuenta que otra persona había construido sobre su terreno. El investigar se convenció que la empresa de Bustamante revendió el terreno en el triple de valor. También se subrayó que para cometer esa ilegalidad, el señor Bustamante se confabuló con el panista Sergio Delgadillo Jaime, quien por esas fechas despachaba como titular de catastro municipal.

Como consecuencia de ese delito el Juez Sexto de lo Penal giró una orden de aprehensión contra Carlos Walterio Bustamante Anchondo, quien por esos tiempos fue exhibido en una enorme lista de órdenes de aprehensión pendientes, publicada por la Procuraduría General de justicia del Estado en un periódico de la localidad.

En aquella ocasión, antes de comparecer ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, el abogado Ordorica instruyó a su cliente sobre la forma en que debía conducirse en su declaración. Le dijo a grandes rasgos como debía comportarse y que tenía que declarar a la licenciada encargada de tomarle declaración.

Tan absurdas eran las recomendaciones que Ordorica le hacía a Bustamante, que la abogada encargada del caso tomó del brazo Ordorica y se lo llevó a una oficina contigua. Allí le dijo que debía corregir su recomendación porque de otra manera “clavaría” a su cliente.

Las cejas de Ordorica debieron arquearse ante las recomendaciones de la abogada. Si declaraba lo que le sugería, seguramente pasaría la noche tras las rejas.

El caso es que Bustamante acordó con su víctima pagarle la totalidad del terreno revendido, además de una indemnización extra. De esa manera el ciudadano Eduardo Acevedo Castañeda recibió su cheque y se cruzó de brazos.

Pero las limitaciones de Ordorica fueron asimiladas “al dedillo” por algunos de sus discípulos, especialmente por su sobrino José Daniel Trujillo Ordorica, quien despachó como “su segundo de abordo” durante una temporada en la Consejería Jurídica del Ayuntamiento.

Roberto Ordorica utilizó a su sobrino Daniel para cobrar sobornos, entre los que destaca el dinero que mandó un empresario transportista para que Ordorica lo reconociera como presidente del Consejo de Administración de ese consorcio. Ya el columnista ofreció detalles sobre ese asunto.

El 2 de agosto de 2006 el abogado José Daniel Trujillo Ordorica, sobrino de Roberto Ordorica, debió esquivar una orden de aprehensión girada por el juez de primera instancia penal del partido judicial en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Al joven Ordorica le giraron una orden de aprehensión por el delito de fraude procesal. En una solicitud de amparo (cuya copia cobran poder de Cicuta), el joven Trujillo Ordorica se dice inocente de los cargos que se le imputan. El discípulo de Ordorica argumentó su inocencia. Solo eran absurdas intrigas. Él era un muchacho transparente y honesto, muy alejado de las prácticas de su tío.

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