Por: David Martínez Huerta/(SinEmbargo)

El Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel, denunció que existen diversas irregularidades en la asignación del dinero que se incluye en el Fondo Regional ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014), mismo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzará a entregar a partir de enero del próximo año.

Según la propia Secretaría de Hacienda, el objetivo del Ramo 23 es que los recursos asignados se destinen a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento, con impacto en el desarrollo de las regiones de las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano. 

Esos recursos pueden emplearse para pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; Fondo de Cultura y Fondo para Ampliación de Proyectos de Desarrollo Regional Sin embargo, el Senador Ruffo Appel detectó diversas irregularidades, como el hecho de que con los nuevos fondos creados dentro del Ramo 23, se entregarán más recursos a municipios con poca población que a otros municipios o capitales estatales con alta densidad poblacional y, por lo tanto, con mayor pobreza.

Por ejemplo, citó en un comunicado de prensa, el municipio de Calvillo, Aguascalientes, recibe 7 millones de pesos, lo que significa el doble de recursos que la capital del estado, que sólo recibe 3.5 millones, a pesar de que Calvillo tiene apenas 57 mil habitantes, que representa el 6.8 por ciento de la población del municipio de Aguascalientes. 

Agregó que en Baja California, el municipio de Playas de Rosarito recibe 9.99 millones de pesos, casi la misma cantidad que Ensenada, al cual se le asignaron 10 millones, y que Mexicali, que tiene asignados 13.5 millones de pesos, a pesar de que la población de Rosarito es apenas 20 por ciento de la de Ensenada y 10 por ciento de la de Mexicali. Otro ejemplo que citó fue el de Campeche, donde el municipio que más recursos recibe es Champotón, con 11.35 millones de pesos, a pesar de que es apenas de un tercio del tamaño de municipios como Campeche y Ciudad del Carmen. 

En Chiapas, agregó, destaca la asignación para el municipio de Bochil –de sólo 30 mil habitantes–, por 15.7 millones de pesos, casi equiparable a los 19.4 millones que se entregarán a, Tuxtla Gutiérrez, cuando su población es de apenas el siete por ciento de la capital del estado, con 553 mil habitantes. 

El Senador Ernesto Ruffo no cuestionó la entrega de recursos a los municipios más pobres, sino el criterio que emplearon tanto la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto, así como la Secretaría de Hacienda, a la hora de asignar los recursos del ramo 23. Recordó que para el próximo año se crearon diversos fondos dentro de este ramo, destacando 7 mil millones de pesos para atender los daños causados por las lluvias en Guerrero, tras el paso del huracán “Manuel”; 5 mil millones para implementar el Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas y 3 mil millones para el Fondo de Capitalidad del Distrito Federal. 

Asimismo, recordó el legislador se asignaron 2 mil 728.5 millones de pesos para un Fondo de Cultura que anteriormente se asignaba vía el Consejo Nacional de Cultura; 3 mil 211.6 millones para el Fondo de Infraestructura Deportiva, que anteriormente se asignaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 3 mil millones para el Fondo de Fronteras, con el objetivo de paliar los efectos negativos del incremento de la tasa del IVA, en 5 puntos porcentuales en la región fronteriza, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SENADOR PIDE INFORMACIÓN A SHCP 

Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédit Público. Foto: Cuartoscuro El Senador panista, Ernesto Ruffo Appel, solicitó a Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda, que informe cuáles son los criterios y reglas mediante los cuales emitirá las “disposiciones” para ejercer los recursos del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014).

Asimismo, pidió información sobre los emitidos para fondos similares de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013. Además, demandó a la Comisión de Presupuesto de la cámara baja un informe sobre cuáles fueron los criterios en los que se basó para asignar los fondos de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; Fondo de Cultura; Fondo para Ampliación de Proyectos de Desarrollo Regional, y todos los demás incluidos en el anexos 19; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 y 19.5 del Decreto de PEF 2014. “Es indispensable consultar a la Colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto, en qué se basó para hacer las asignaciones a la que nos hemos referido, pero además preguntar cuáles serán los criterios bajo los cuales emitirán su opinión y lista de proyectos para que la Secretaría de Hacienda pueda emitir las disposiciones el 31 de enero y, entonces, tengan los municipios acceso a los recursos”, expuso el Senador Ruffo Appel.

Asimismo, el legislador por Baja California pidió a la Comisión de Vigilancia, instruir a la Auditoría Superior de la Federación para que en su programa de auditorías 2014, incluya auditorías específicas a los Fondos del Ramo General 23, previstos en el PEF 2013 y PEF 2014. “No podemos quedarnos como simples espectadores ante las inconsistencias detectadas en el Presupuesto de Egresos. Tenemos que pedir a las instancias involucradas en su programación, ejercicio y revisión que nos informen cómo decidieron hacer la distribución de los recursos, pero además, cuáles son los criterios objetivos para asignarlos”, aseguró.

 DIPUTADA PIDE REDUCIR DISCRECIONALIDAD 

En la otra Cámara del Congreso, la Diputada Beatriz Zavala Peniche, presentó una iniciativa que plantea crear un Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios, con el objetivo de reducir la discrecionalidad con la que operan los programas sociales. Este sistema, explicó la legisladora del PAN, será una herramienta para construir un instrumento que refuerce la rendición de cuentas de la política social, mediante el análisis de información que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y también de las entidades federativas y municipios sobre los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

“Contribuirá para construir un piso mínimo de institucionalización y transparencia, que marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno; garantizando a la sociedad un manejo más eficaz de los recursos destinados a la superación de la pobreza”, planteó Beatriz Zavala. Con su propuesta, se prohibirá el uso del Sistema Nacional de Información de Programas Sociales y Padrones de Beneficiarios con fines políticos, electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto. 

Además incluirá sanaciones en caso de uso indebido. La propuesta turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto para su dictaminación, también plantea que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, vigile el cumplimiento de las acciones para garantizar la confiablidad y actualización de los programas sociales.