Ciudad de México.- Diputados y senadores del Partido del Trabajo (PT) presentarán un amparo contra la reforma energética, con el argumento de que se violaron procedimientos legislativos.

Con un texto supervisado por el ex consejero electoral y abogado constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, el documento sostiene que la reforma vulnera la soberanía nacional al permitir que se otorguen concesiones a empresas transnacionales para la explotación de los energéticos nacionales.

El senador Manuel Bartlett presentará el recurso, que también cuestiona que dichas compañías tengan la facultad de registrar como activos para efectos fiscales las reservas del crudo.

Cárdenas Gracia manifestó que esta demanda es diferente a la presentada en días pasados por un grupo de intelectuales, porque no se exponen argumentos sobre la inconstitucionalidad de la reforma.

En cambio, dijo, sí pueden ser reconocidas las irregularidades de procedimiento que se dieron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y posteriormente en cada uno de los Congresos locales, para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Detalló que también se pide la derogación del artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo, donde se establece que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución.

A decir del abogado, esta disposición es anticonstitucional porque violenta el derecho al acceso a la justicia de los mexicanos. 

"No puede haber en el País ninguna norma que no esté sujeta a revisión constitucional. El juicio de amparo es el único mecanismo que tenemos los mexicanos para someter a revisión el cambio de una norma constitucional, por ello pedimos que se derogue", argumentó el también ex diputado del PT. 

Sobre el procedimiento legislativo se argumenta en la demanda de amparo que el Constituyente Permanente (Cámaras del Congreso, legislaturas locales y el Ejecutivo) no tiene competencia para aprobar la reforma energética, sino debió ser un Constituyente Originario.

Además, se incumplió con el artículo 18 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que antes de la aprobación de una reforma, las comisiones deberán contar con el dictamen del impacto presupuestal de ésta, el cual no se realizó.