Ciudad de México- (SinEmbargo/ Zeta).- El 1 de noviembre de 2013, y después de una accidentada elección en la que durante las primeras horas prevaleció la incertidumbre sobre quién había sido el ganador, el panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, asumió la gubernatura de Baja California.
Por aquellos días todavía no tenía bien definido su plan de gobierno, pero ya había escogido su primera batalla: la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 a 16% en las fronteras del país.
Ante la homologación del IVA, “Kiko” Vega había dicho que trabajaría para revertir los efectos negativos que traerá el aumento del 5% en el cobro del impuesto, a lo que calificó como una “ocurrencia” tanto de los legisladores que lo aprobaron como del gobierno federal que lo propuso.
Su actitud le acarreó simpatías de los bajacalifornianos que se agruparon en distintas organizaciones para realizar marchas en interponer amparos en contra de la homologación.
A 100 días de iniciado su gobierno, las simpatías se han convertido en una demanda de acciones concretas, pues, hasta ahora, le han llovido críticas por el presupuesto aprobado para este año, la falta de coordinación del gobierno entre los distintos sectores de la sociedad, y la falta de un plan de desarrollo sexenal.
Diferentes sectores destacan el Presupuesto de Egresos aprobado para 2014 por el Congreso de Baja California, como el punto criticable en los primeros 100 días de gobierno de Vega de Lamadrid.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para Baja California consta de 5 mil 437 millones 328 mil 355 pesos, es decir un 24.1% de incremento con respecto a 2013, lo que a juicio de los críticos del gobierno, se quedó corto en algunos rubros como educación.
Presumiblemente, no existe coordinación entre los líderes empresariales, de opinión y hasta diputados, con el gobierno. El proyecto es público, las acciones para dar a conocer el régimen de egresos estatales, no.
A prácticamente 100 días de la toma de protesta del panista, no hubo la publicación de un programa mensual en este periodo, por apostarle al Plan de Desarrollo Estatal sexenal, el cual no se ha dado a conocer, y aun cuando la Ley establece como atribución una consulta ciudadana, hasta ahora han optado por ignorar ese lineamiento.
Según el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Dávalos, tampoco ha habido una incidencia con la agenda legislativa, además de la presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos.
Aunado a esto, surgen cuestionamientos alrededor de los compromisos planteados por el gobierno, porque este último asegura, por ejemplo, que se abatirá la pobreza extrema en tres años, cuando no especifica el mecanismo.
“También haciendo declaraciones que a veces me parecen nada más por impactar, por ejemplo, que en determinado tiempo se va a abatir la pobreza en Baja California, cuando pues eso es imposible, que por decreto se solucione el problema de la pobreza”, expone al respecto Víctor Alejandro Espinoza Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
La crítica al gobierno de Kiko Vega se agudiza cuando no hay una información eficiente sobre sus programas, gasto y acciones de gobierno.
LA DIFERENCIA ENTRE GOBERNAR Y HACER CAMPAÑA
Espinoza Valle, coincide en la idea de que el de “Kiko” Vega es un gobierno en gestación, sin rumbo visible:
“Parece que está en gestación, no percibo, a lo mejor es un problema de comunicación, a lo mejor no me he dado cuenta, pero en esos procesos normalmente se percibe cuál es el rumbo, más allá de la plataforma y lo que nos dijo en el proceso electoral que se habló de todas las áreas; pero no lo veo reflejado en un programa de gobierno concreto, que esto va a ser así, salvo en declaraciones”.
Comenta que la referencia que el Gobernador hizo a unas finanzas contraídas, lo obligaba a establecer inmediatamente un sistema austero, como lo anunció en campaña.
“Sin embargo, por la información que uno tiene, que no es mucha, resulta que no hay tal ahorro en términos de los salarios, por ejemplo, de los funcionarios gubernamentales no, son muy relativos, el impacto es muy relativo… yo creo que en esta primera fase (Vega) está encontrando que no es tan fácil gobernar como hacer campaña, no, pero es el problema de todos los gobiernos estatales”.
El perredista Dávalos Flores sostiene que el Plan Estatal de Desarrollo se hizo al margen de la Ley de Planeación del Estado, que refiere como atribución la consulta con municipios, legisladores, organizaciones privadas y sociales, antes de su aprobación.
“La ciudadanía se quedó con ganas de participar en la creación de un Plan Estatal de Desarrollo, como lo marca la Ley, y se violenta, que ordena que se consulte a todos los bajacalifornianos para generar un plan donde participen todos los bajacalifornianos, todos los sectores del Estado y ciudadanos en general. Solo por decreto, violando la Ley, se emite un decreto donde se dice ‘aquí está el Plan de Desarrollo, y les guste o no les guste, esto se lo van a comer’”.
Mientras tanto, el gobierno prepara su Plan de Desarrollo para los próximos seis años, del que Herrera Zárate destaca 120 proyectos “muy importantes” con una inversión municipal, estatal, federal y privada, de 65 mil millones de pesos.
Estrategia sexenal que, argumenta, se hizo en base a las propuestas y reclamos durante la campaña, incluidos los del partido del sol azteca. De ahí saca el compromiso de abatir la pobreza extrema en los próximos tres años, con mil 300 millones de pesos de programas del gobierno en educación, salud, vivienda y desarrollo social.
Por lo pronto, en estos primeros cien días de gobierno se han identificado 168 polígonos urbanos y 152 rurales, con 129 mil personas a las que se beneficiará.
En ese sentido, una reorientación en la inversión del gobierno, deja ver que el 64 por ciento irá al gasto social, seguido por participaciones, municipios, seguridad y procuración de justicia.
Junto al Secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, el Gobernador Vega de Lamadrid aseguró el aumento de servicios personales y otros gastos llamados “innecesarios” por los políticos cuando están en campaña.
Ya en el gobierno panista, se dejan ver los millones en distintas partidas y aumento en otras, por ejemplo, sueldos, remuneraciones, bonos y demás prestaciones que llegan a 13 mil 113 millones 909 mil 409 pesos, cinco por ciento más que en el último ejercicio de la administración anterior.
Pasando a otros rubros, como celulares y telefonía, aparecen en el proyecto presentado por Kiko y aprobado por los diputados, 6 y 34 millones de pesos, respectivamente, caso similar en comidas, cafetería, agua y hielo, y hasta copias.
Otro aumento es en sueldos tabulares de confianza por 10 millones 735 mil 540 pesos, después de que en 2013, hubo 272 millones 207 mil 237 pesos. También en “Honorarios Asimilables a Salarios”, se aumentó un 236% respecto al año pasado, pasando de 18 millones 43 mil 945 pesos, a 61 millones 966 mil 332 pesos.
“Nosotros hemos pedido que nos informen a quienes van a contratar, a qué asesores, a qué gente a través de estos contratos, porque generalmente esas son las que se conocen como pistas de aterrizaje para los aviadores. Es un rubro que no le va a generar ahorro al Estado, no va a generar inversión, ni productividad, y pues es grave”, sostiene Roberto Dávalos.
El incremento de la deuda, combinado con lo anteriormente mencionado, es otros de los puntos que ponen en duda la austeridad del gobierno estatal, y que aseguró la votación en contra del perredista. En este caso, con los 3 mil millones de deuda que aprobaron los diputados, pasó un total de 17 mil millones de pesos.
El coordinador de gabinete del Ejecutivo, Mario Herrera Zárate, insiste en que no se trata de ahorrar, sino de un gasto con eficiencia.
“El Gobernador anunció una profunda reforma a la organización de gobierno, y la política y estructura de gasto, que en resumen se simplifica. No es una política de ahorro, sino en una política de eficiencia. No se trata de gastar menos, porque las necesidades del Estado requieren mayor gasto público”.
Aclara que por Ley, la disminución en remuneraciones llegó para el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores generales de dependencias estatales y paraestatales.
Por ejemplo, por lo menos durante este año, Kiko recibirá estrictamente no más de 110 mil pesos mensuales, además de que ningún otro funcionario puede percibir más que él. El salario del jefe del Ejecutivo costará en todo el año alrededor de un millón 300 mil pesos. Estas disminuciones van del 11.5 al 21.7%, respecto a lo que recibieron los funcionarios del año 2013.
“No representa en términos del gasto público una cantidad muy grande, son alrededor de 12 millones de pesos en el sexenio, lo que pasa es que es una medida de legitimación. ¿Por qué no baja más la del gobernador?, porque tendría un efecto dominó, una cadena de remuneraciones, y no todos los servidores ganan lo mismo. Por lo menos en dos, tres direcciones generales, si el gobernador le baja más, el director general ganaría menos que los choferes de un servicio de transporte”, aclara Herrera.