Jaime Flores Martínez

Averno

Asfixiados por la contaminación de un gobierno incapaz de esquivar las presiones de sus detractores, los cuestionados Centros de Verificación Vehicular podrían irse al averno o a un sitio muy cercano. Muy pocos saben que –en cualquier momento-- la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulará la llamada "obligatoriedad", una medida que exige a los automovilistas garantizar que su vehículo no emite contaminación al ambiente.

Si el automóvil no pasa la verificación, entonces el ciudadano quedará impedido de realizar el canje de la documentación del vehículo, según resolvieron los diputados de la anterior legislatura.

Para información de los bajacalifornianos, el próximo 3 de mayo los propietarios de automóviles y camiones deberán pasar la verificación vehicular antes de realizar algún trámite en la oficina de Recaudación de Rentas del Estado.

Luego del escándalo que estalló en la etapa final del gobierno anterior, José Guadalupe Osuna Millán tomó la decisión salomónica de permitir que los automovilistas realizaran su canje de tarjeta de circulación sin cumplir con el requisito de la verificación. Aunque los dueños de los Verificentros torcieron la boca del coraje, el gobierno estatal consiguió restablecer sus niveles de recaudación.

Se supone que la autoridad convenció a los empresarios del humo de la conveniencia de llevar la fiesta en paz. Si el gobierno no resolvía ese cúmulo de inconformidades, se arriesgaría a que las sospechas del contubernio aumentaran sin control. Eso era un inconveniente para ambas partes.

El sábado 3 de mayo vence la prórroga otorgada por el ex gobernador Osuna Millán para que los automovilistas hicieran sus trámites sin contar con el holograma de verificación.

Algo que la mayoría ignora, es que el ex alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo promovió una controversia constitucional ante la SCJN para revocar la "obligatoriedad" impuesta unilateralmente por la XX Legislatura a propuesta del gobierno.

El argumento de Bustamante fue que (los señores diputados) nunca consultaron a los alcaldes sobre la intención de hacer obligatoria la verificación de los automóviles para evitar la contaminación. Con una discreción que a la distancia resulta sospechosa, la administración de Bustamante inició un juicio ante la SCJN con la esperanza de darle palo a los verificentros.

Aunque nunca lo hizo patente, Bustamante estaba inconforme porque aquellos que concibieron el proyecto de los Verificentros simplemente lo ignoraron. En su papel de alcalde con visión empresarial, observó que tan jugoso negocio se lo habían repartido entre panistas, legisladores y el ex diputado y ex boxeador Jorge Khawagi Macari.

Bustamante justificó su enojo porque fue ignorado (y hasta afectado) porque él mismo tendría que engordar los bolsillos de panistas al acudir a los Centros de Verificación Vehicular.

A mediados del mes pasado la SCJN notificó al actual Congreso del Estado que antes de resolver la demanda de Bustamante necesitaba conocer los argumentos utilizados para dictar la obligatoriedad, además de los pasos que dieron antes de dictaminar la medida.

Se supone que esa notificación debió recibirla el presidente del Congreso del Estado (en ese momento era el panista Cuauhtémoc Cardona Benavides), quien por cierto una y otra vez ha rechazado ser propietario de al menos un par de Centros de Verificación en Tijuana. Al tratarse de una decisión de la anterior legislatura, el diputado Cardona pudo ignorar la petición de la Corte para responder la demanda y por ello resulta lógico que los ministros podrían aplastar la obligatoriedad.

Ubicados en este escenario, los Verificentros podrían estar condenados a la quiebra. Si los automovilistas pueden realizan su canje vehicular sin el requisito de la verificación ¿para qué demonios ir a engordar a los verificentros?

Nino

Con la mano en la frente está el director del Centro SCT Alfonso Padrés Pesqueira con el resultado de la auditoría realizada a principios de mes por el Órgano de Control Interno a la Dirección de Transporte SCT en Baja California, donde despacha la licenciada Sandra Berenice Ávila Piñuelas.

Desde los primeros días de mes, Cicuta reveló una serie de irregularidades que investigaba el personal enviado desde la Ciudad de México a petición del propio Alfonso Padrés, aunque éste nunca esperaba que los auditores destaparan tan maloliente cochinero.

Aunque Cicuta no cuenta con datos precisos del resultado, conoció que la cresta de las corruptelas se dio en la gestión de Ramón Luque Félix, padrino político de Sandra Berenice Ávila Piñuelas, conocida en la dependencia como "la Nina" por la protección que ofrece a sus ahijados.

En las oficinas centrales del Órgano de Control de la SCT intentan determinar las sanciones que podrían aplicar a la Nina Ávila, además de su Nino Luque Félix quien --dicho sea de paso-- se encuentra en la Casa de Bolsa, es decir está en su hogar, en el desempleo.

Caño

Muy rápido consiguió chamba Antonio Cano Jiménez, ex coordinador de asesores del anterior alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo. Aunque la reputación de Cano nadie la envidiaría, este hombre se presenta orgulloso como director de Relaciones Publicas del equipo de béisbol Toros de Tijuana. Su amable sonrisa, semejante al gesto de una hiena, podría acarrearle más adeptos al equipo de enfrente.

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