Mexicali.-Una demanda de  12 de los 16 propietarios  de  verificentros  en contra del Gobierno del Estado por el delito  de “Responsabilidad Patrimonial”, puede costarles a los ciudadanos de Baja California cerca de 410 millones  de pesos, informó el diputado del PRD, Roberto Dávalos Flores.

El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, expuso que la demanda es real y los doce demandados representan tres cuartas partes del total de los verificentros instalados.

El diputado del ala progresista del PRD,  dijo que estos son los efectos colaterales negativos  de la corrupción de la pasada administración y protegida por el actual gobierno.

Roberto Dávalos,  manifestó que las demandas interpuestas  son contra: La Secretaría de Protección al Ambiente, Secretaría de Planeación y Finanzas, Sub Secretaría de Finanzas, Procuraduría Fiscal y Dirección de Ingresos del Gobierno  del Estado de Baja California.

“Es importante que el Gobierno del Estado, salga a explicarle a los ciudadanos como  es que  no va a perder este caso. De perderlo  se estaría pagando  una cantidad exorbitante, totalmente fuera del presupuesto de egresos y causaría severos daños a los  de por sí disminuidos presupuestos de seguridad y desarrollo social, por citar un ejemplo”, precisó.

A esto se sumaría la cantidad de 74 mil 750 pesos adicionales que hasta ahora son pagos que han hecho los dueños de los verificentros a personal  que los ha demandado al haber sido despedidos.

Los  propietarios de estos centros exponen que estas demandas fueron provocadas por que no empezó en tiempo y forma  el  programa de verificentros como lo había aprobado la legislatura pasada.

Roberto Dávalos,  expresó que   esta cantidad de dinero –de perderse la demanda- se iría a  los bolsillos de empresarios  radicados en la Ciudad de México y se llevarían su “mochada” políticos y coyotes locales de diferentes dependencias públicas que impulsaron el programa corrupto de los verificentros en la entidad.