Playas de Rosarito.- El anterior director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Castro Trenti, atentó contra la seguridad de los rosaritentes, pues hubo violaciones a la Constitución al ocupar un cargo sin estar certificado y no enviar a los agentes a los exámenes de control y confianza, siendo esto factor para que el actual gobierno haya heredado una corporación enferma y acostumbrada a ser impune, por lo que es injusto pedirle al capitán Jorge Eduardo Montero resultados en unos meses.

Así lo consideró en entrevista la abogada penalista de Playas de Rosarito, Sandra Esquer, quien destacó: "Hay que ver desde cuándo está enferma la casa para poder exigir resultados a un capitán que tiene seis meses, hay que ver cuánta de su policía es competente para exigirle resultados en un mes o dos", reiterando que el anterior director dejó en indefensión a la ciudadanía y el gobierno en turno fue omiso al no retirarlo del cargo cuando no pasó los exámenes de confianza.

"Se amparó, pero atentó con la seguridad de todos y dejó viciada la seguridad pública de Rosarito, al grado que ahorita lo seguimos viendo, no es algo que se hace rápido, cambia de director y no, dejas enfermo, viciado y los haces sentir impunes, lo que les tome a ellos limpiar y obtener los resultados es lo que nos va a traer la seguridad y la tranquilidad otra vez a Rosarito", opinó la abogada.

Primero, comentó, no pasó los exámenes de control y confianza, como servidor público no dio la confianza de ser mando y en represalia no manda a los policías a certificarse, como él no los pasó, nadie va, entonces los policías se sienten impunes y eso se refleja actualmente en Rosarito con un incremento de violaciones de detenidos, de golpes y de delincuencia, porque no tenemos la certeza de que la policía que esté sea la certificada.

Reprueba el examen, continuó, entonces no podía ser director, se amparó y dijo yo no mando a los policías a certificarse, y como sociedad quedamos pensando que es cuestión política, pero espérate, cómo que político, qué certeza me das a mí de que el que me va a multar tiene los requisitos básicos de la Constitución, no es una situación de seguridad pública del Estado, es una garantía, un derecho constitucional.

Ojo, remarcó Sandra Esquer, esa palabra de certificación no viene nada más del Estado, la certificación la marca la Constitución, es un requisito básico para ser policía, entonces cómo explicamos a la sociedad que una persona que no nos dio las garantías de seguridad pública nos va a dar las garantías de seguridad en protección a derechos humanos, es muy absurdo. 

"Escuchaba a un presidente municipal que decía: los exámenes de control y confianza los da la sociedad, falso, es una garantía, viene en la Constitución la certificación de constitucionalidad de un agente del ministerio público, de un perito, de un policía, de un médico legista, y el Ayuntamiento me debe dar a mí como ciudadano la garantía, no yo al Ayuntamiento decirle sí estoy muy contenta", explicó.

La abogada citó el artículo 21, inciso A de la Constitución Política mexicana, que dice textualmente: La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

"Es un derecho humano que tiene toda persona de que los policías que te van a detener estén certificados, derecho humano, no garantía, es básico que esté un policía certificado y si viene un director que lo reprueba por no haber pasado un examen y otra cosa, esto no es te nombro y ya, prescriben a cierto tiempo, la certificación es cada año o cada dos años, inclusive hay algunas agencias que se los hacen cada seis meses, dependiendo la agencia en la que se encuentren", agregó Sandra Esquer.

Reiteró que una policía no certificada significa que no está revisada, que podría no cumplir con los requisitos mínimos de estadía y que no consta que los elementos estén autorizados por las autoridades para ejercer un puesto público tan delicado y tan de contacto con la sociedad como el de un policía municipal, que hace desde una infracción de tránsito, hasta detenciones en flagrancia por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro, esto significaría que todas estas detenciones no cumplen con un parámetro constitucional, además de que carecen de credibilidad y certeza legal.

"Que pasó polígrafo, que pasó toxicológico, que pasó entorno social, eso hace que el policía no sea adicto, no sea corrupto, no tenga averiguaciones previas y no esté vinculado a nada, entonces si tú no me mandas a certificar a esa policía, que viene como un derecho humano, viene en la Constitución y te dice que es un requisito básico, cómo vas a creer en la seguridad pública del Estado", destacó la abogada, recordando que son causales de baja el no aprobar los exámenes de polígrafo, toxicológico y de entorno social.

Explicó que el "entorno social" se basa en un examen sicológico y se visita la casa del policía para ver cómo vive, si lo que gana concuerda con lo que tiene, si no sufre algún problema de esquizofrenia y si no tiene una averiguación; recordó que la certificación constitucional es para quienes intervienen en una averiguación previa: policías, ministerios públicos, peritos, testigos de asistencia, pues todos los implicados en seguridad pública deben aprobar exámenes de control y confianza para hacer creíble la labor.

"Inclusive en la PGR si no apruebas los exámenes de control y confianza, no puedes integrar una averiguación previa, así dice la Ley Orgánica en el artículo 59, todas las personas que no hayan aprobado los exámenes de control y confianza", informó Sandra Esquer, quien tiene catorce años ejerciendo en el área de derecho penal.

Es tan absurdo como que yo ponga a un policía estatal preventivo acusado de tortura de procurador de derechos humanos, ¿cuántas acusaciones tiene el subprocurador?, aunado a eso, como funcionario no veo que haya respetado la Constitución y garantizado a la sociedad la seguridad pública, finalizó la abogada, calificando como un absurdo que hoy Castro Trenti sea subprocurador de Derechos Humanos en este Municipio.