Antonio Heras/Lindero Norte
En Baja California, los legisladores locales acordaron en comisiones despenalizar los delitos contra el honor que se encuentran vigentes en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales del Estado.
Los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron trasladar al Código Civil las figuras de difamación, calumnias e injurias, confiraron diputados a Lindero Norte.
Durante la sesión realizada durante la tarde de este martes se privilegió el consenso para aprobar la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Álvarez, la cual fue presentada el 18 de junio ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo local.
En la sesión del Congreso del Estado celebrada en Playas de Rosarito el 26 de junio las fracciones parlamentarias aprobaron turnar a comisiones la revisión y, en su caso, la aprobación de la despenalización de dichos delitos.
En entrevistas por separado, los diputados René Mendivil del PRI, Fausto Gallardo del PVEM, Gustavo Sánchez del PAN, Armando Reyes del PT y Mayoral y Francisco Barraza Chiquete del PEBC se comprometieron con organizaciones internacionales de defensa de periodistas a legislar sobre este asunto que lesiona uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática: la libertad de expresión.
Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política a realizarse este miércoles se prevé que este asunto se integre a la agenda parlamentaria de la sesión del jueves 3 de julio para ser discutida en la asamblea pública. Una segunda opción sería la de la sesión ordinaria del 10 de julio, en caso de existir resistencia de alguna fracción parlamentaria.
De confirmarse, corresponderá al presidente de la Comisión de Comunicación, Francisco Barraza Chiquete, la lectura de la iniciativa que modifique el Código Penal de Baja California, una de las 13 entidades del país donde los delitos contra el honor cuentan aun con penas privativas de la libertad.
Esta reforma se aprobaría en un contexto donde varios periodistas enfrentan procesos penales por hacer uso de su derecho a la libre expresión, entre los que se encuentran Carmen Olsen de Playas de Rosarito y Francisco Rábago de Tecate.
Estos delitos se consideran en cuanto a la difusión de hechos ciertos o falsos que afectan la reputación de terceros.
La Fundación para la Libertad de Expresión, capítulo Baja California, se pronunció por realizar un estudio comparativo de legislaciones sobre la reparación del daño para insertarse en el Código Civil del estado para que se diriman controversias entre particulares y servidores públicos.
Un antecedente de iniciativa para la despenalización de los delitos contra el honor data del 5 de octubre de 2012, presentada por el Poder Ejecutivo y que permaneció “congelada” en comisiones legislativas.
