Al ex alcalde de Ensenada se le acusa de negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, tráfico de influencias y coalición de funcionarios
El ex alcalde ensenadense Enrique Pelayo Torres solicitó un amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, institución ante la que enfrenta dos denuncias penales por diversos delitos.
La solicitud de Amparo 1414/2014 se presentó el día primero de octubre de este año en el Juzgado Noveno de Distrito en contra del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de Delitos Patrimoniales, y se fijó como fecha de la audiencia constitucional para fines de este mes.
El amparo principal se revisará el 30 de octubre, pero mientras tanto se concedió una suspensión provisional en la parte incidental de dicha solicitud, según aparece en el listado de acuerdos del Poder Judicial Federal.
Las denuncias ante la PGJE fueron presentadas el 7 de marzo del presente año por el síndico procurador Iván Barbosa Ochoa, en representación del XXI Ayuntamiento de Ensenada.
Los presuntos delitos de los que se acusan al ex alcalde son por negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, tráfico de influencias y coalición de funcionarios.
Las denuncias
La primera de las denuncias se refiere a la venta de terrenos del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue), a Francisco Javier Nájera Robles, yerno de Enrique Pelayo Torres.
Cuando se realizó la operación el ex alcalde era presidente del consejo del Fidue.
El monto de la venta de ambos inmuebles es de 2 millones 275 mil pesos. El primer terreno se ubica en la delegación de Maneadero, tiene una extensión de 35 mil 829 metros cuadrados; la segunda operación se realizó con un lote de 333 metros cuadrados, en Villas Residencial del Rey.
En este caso se presumen los delitos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas, y además del ex presidente municipal pudieran estar involucrados otros ex funcionarios.
La segunda acusación contra Pelayo Torres, y quién o quiénes resulten involucrados, se hizo por el presunto delito de abuso de autoridad, ante los señalamientos del uso indebido de los fondos del Ramo 33, que comprenden un monto de 210 millones de pesos.
La primera irregularidad al respecto la observó el Órgano de Fiscalización de Baja California, por un monto de 98.5 millones de pesos, y al ahondar en las investigaciones la sindicatura encontró otro manejo irregular de esos mismos recursos por 112 millones de pesos más.
