La galopante corrupción que se registra desde el inicio de la administración municipal de Carlos Bustamante Anchondo en el área de Inspección y Verificación, ha venido azotando al sector comercial de la ciudad y lo tiene literalmente de rodillas a merced del personal a cargo de Daniel Arturo León Valdez.
Con inspectores de su más entera confianza, e incluso personas ajenas a la estructura oficial del gobierno municipal, dicho funcionario los manda a hacer “el trabajo sucio” de la dependencia, pues mientras los primeros cobran las cuotas impuestas por dejar operar establecimientos en donde se expenden bebidas alcohólicas sin permiso o violando el horario establecido, los otros son enviados como “avanzada” para presionar y extorsionar a los comerciantes sobre los que pesa la aplicación de una multa o hay orden de clausura por “violar el reglamento municipal”. Uno de ellos tiene como nombre Alejandro Flores.
Dentro de la estructura del gobierno de Tijuana la citada es una de las áreas que producen pingües ingresos a las arcas municipales, incluso más que la Secretaría Seguridad Pública, pero esa generación de recursos no únicamente se da a través de la revisión del cumplimiento de la normatividad correspondiente de los que ejercen el comercio formal e informal en la ciudad y va al presupuesto, sino que permite incluso que quienes estén a cargo obtengan entradas económicas adicionales a los sueldos y salarios que tienen asignados.
Desde hace casi dos años, cuando empezó el “boom” de la Calle Sexta con la apertura de un sinnúmero de negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes, se incrementó la ambición del titular de Inspección y Verificación y, a partir de eso, extendió a cantinas, bares, billares, centros nocturnos, cafés cantantes y restaurantes de toda la ciudad los tentáculos de la descomposición oficial que obligó a renunciar a dos subdirectores operativos: Víctor Reyes y Mario Rodríguez, lugar que ocupa hoy Mauricio Calles Lira con un sueldo de $20,350.00 al mes. “El hilo se rompe por lo más delgado”, pues el titular mantiene una muy estrecha relación de amistad con el alcalde, Carlos Bustamante.
Con la intención de aparentar estar cumpliendo con las facultades que tiene asignadas, el pasado 21 de mayo el director de la dependencia, Daniel Arturo León Valdez, detalló que en las primeras tres semanas de mayo se iniciaron 316 actas administrativas contra negocios que incumplieron con algún aspecto de la normatividad, de las que 42 fueron clausuras efectivas a comercios y autoservicios, y 11 más a estacionamientos.
Dijo: “De los comercios impusimos la clausura para 23 establecimientos porque no tenían permiso de operación; 14 más porque no tenían licencia para vender alcohol; 3 bares porque operaban fuera del horario establecido en el permiso; y uno más fue clausurado de manera parcial.”
Sin embargo, dentro de los mismos comerciantes ubicados sobre la Calle Sexta se han dejado oír voces de protesta porque es a los que tienen toda la documentación en regla a los que por cualquier detalle les quieren infraccionar o clausurar, mientras que “los que pagan cuota les permiten toda clase de irregularidades”.
Como ejemplo de la corrupción imperante está el caso de Oscar Martínez Garza, ex diputado federal del PAN y yerno de Ismael Grijalva Palomino, compadre del gobernador Guadalupe Osuna, quien mensualmente paga una cuota de mil 500 dólares por vender cerveza en el restaurante japonés Kobe.
