MEXICALI.- Una supuesta amenaza de bomba en la sede del Ayuntamiento de esta ciudad y la negativa de la Oficial del Registro Civil Rosa María Real impidieron que esta mañana se realizara la primera boda entre personas del mismo sexo en Baja California, pese a que los contrayentes cuentan con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La bomba 

Luego de que el abogado José Luis Marquez Saavedra y los testigos de Víctor Manuel y Víctor Fernando acudieron al departamento jurídico para exigir una explicación, elementos de Protección Civil desalojaron el Palacio Municipal debido a una supuesta amenaza de bomba.

El hecho causó risa entre la pareja, familiares y amigos, quienes permanecieron junto con los medios de comunicación en el recinto, pese a la supuesta amenaza de bomba.

Minutos después la pareja decidió retirarse para regresar a las 2:30 de la tarde, hora en la que el área jurídica deberá dar respuesta.

Oficial se niega a casarlos

A las 8:40 llegó Rosa Maria Real, la persona encargada de oficiar los matrimonios y comunicó a la pareja formada por Víctor Manuel y Víctor Fernando, que no había sido notificada de ese matrimonio, pese a que ya habían sido citados y se encontraban en la agenda del Registro Civil para formalizar su relación en la figura del matrimonio.

La funcionaria salió del recinto y regresó unos minutos después, los familiares y amigos de la pareja, así como su abogado la increparon para que diera respuesta de por qué no oficiaría el matrimonio, pero no respondió, únicamente recogió unos documentos y salió nuevamente, provocando descontento entre los presentes.

Les piden desalojar la sala

Transcurridos 45 minutos de la hora pactada para celebrar el matrimonio entre los Victor's, personal del Registro Civil les pidió salir del recinto debido a que había otra pareja que se iba a casar, pero el abogado de ambos, José Luis Marquez Saavedra comunicó que permanecerán ahí hasta que la Oficial del Registro Civil, Adriana Nevárez Ramírez dé la cara.

En su lugar acudió Ezequiel Robinsón Ramírez de Sindicatura y explicó que se levantó una acta por la ausencia de la oficial, mientras que Marquez Saavedra dijo que se trata de un desacato a una orden de amparo federal, por lo que un segundo desacato puede ser sancionado con la separación del cargo.