TIJUANA.- El Juez Primero de Distrito en materia de Amparo en Tijuana, otorgó a Aeropuerto de Tijuana, S.A. de C.V. una suspensión provisional de la clausura que ejecutó el gobierno de la ciudad en contra de varios locatarios que operaban sin cumplir con los reglamentos municipales.

El juez suspendió en forma momentánea la acción jurídica de clausura, que apenas hace una semana emprendió el XXI Ayuntamiento en el área comercial del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez. 

La notificación de amparo que promovió el aeropuerto de Tijuana la recibió el gobierno de Jorge Astiazarán este martes 23 de diciembre de 2014, informó Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico municipal. 

El funcionario precisó que la suspensión provisional ganada por las autoridades del aeropuerto solo es para efecto de levantar sellos de clausura, pero está condicionada “a que los locatarios no deben realizar actividades comerciales que requieran permisos municipales”. 

El lunes 15 de diciembre el gobierno local logró clausurar los 22 locales comerciales que operaban sin las licencias municipales correspondientes, en la zona no restringida de la terminal aérea. 

En los días subsecuentes propietarios de 14 negocios se acercaron al municipio a tramitar permisos de operación y el pago del impuesto predial.

Con ellos el XXI Ayuntamiento convino darles un plazo de 60 días para regularizar la operación de sus locales, como si fueran negocios de reciente creación. 

Cinco locatarios más iniciaron esta semana el mismo trámite. Los dueños de los tres negocios restantes no han realizado trámite alguno, y el gobierno local presume que se apegarán al amparo que promovió Aeropuerto de Tijuana, S.A. de C.V. 

De la resolución del Juez Primero de Distrito, el municipio ya prepara una respuesta al respecto, asegurando el Consejero Jurídico que no se cederá en el intento de cobrar las contribuciones municipales. Y añadió Gerardo Herrera, “de acuerdo a los contratos de arrendamiento que celebra el aeropuerto de Tijuana con los locatarios, se establece que éstos deben cumplir con las obligaciones fiscales y de cualquier naturaleza legal que se requiera para el comercio que realicen, sea esta de índole municipal, estatal o federal”.