Por José Angel Inzunza
Fotos: Flor Castillo
TIJUANA.- Pese a las regulaciones estrictas que existen, aún proliferan empresas de seguridad privada “piratas” y “golondrinas”, denunció el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada en Tijuana, adherido a la CTM, Alfredo Guzmán Chávez, quien deploró que ante esa situación la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que se supone debe regular esa actividad, no hace nada, o al menos no se nota que haga algo.
Ante los integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC) de Baja California, el líder cetemista precisó que en la localidad hay 240 empresas de seguridad privada “bien establecidas”, pero aún las que están regularizadas explotan a los trabajadores con jornadas laborales de 12 y hasta 16 horas contínuas, bajos salarios, y muchas veces ni seguro social les tienen.
Para colmo de males, agregó, cuando van a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para demandar mejores salarios y prestaciones para los trabajadores, y denunciar los abusos que cometen las empresas de seguridad privada, se topan con la desagradable sorpresa de que las Juntas están “amafiadas”, es decir, “la corrupción en ellas provoca náuseas”.
“Los tiempos de la explotación abusiva del hombre por el hombre lamentablemente se ve que no han pasado, no ha cambiado nada de aquellos tiempos a los que vivimos ahora; los guardias de seguridad privada son muy mal pagados, con emolumentos de mil 100 o mil 200 pesos por semana; nosotros les conseguimos que les paguen a nuestros agremiados mil 400 pesos semanales y un bono de buen desempeño, pero aún así, para la friega que se pegan, 3 mil pesos semanales sería algo justo, porque con tantas horas de trabajo realmente se desgastan demasiado: ni siquiera amanece cuando ya se tienen que levantar para irse al trabajo, y ya muy noche llegan solamente para cenar y dormir, o a veces solamente para dormir, porque al día siguiente tienen que mañanear”, comentó don Alfredo Guzmán.
Por desgracia, observó el líder de los trabajadores de empresas de seguridad privada en Tijuana, han emplazado a huelga a empresas abusivas y, muchos trabajadores no hacen “eco” de esos movimientos, que son instrumentos legales para exigir y presionar a mejoras salariales y de condiciones de trabajo; “muchos temen represalias y se inhiben de participar en los emplazamientos, o bien, no faltan otros sindicatos que “agandallan” porque están amafiados con los jueces de las Juntas de Conciliación, y mediante el poder del dinero incluso amedrantan a los trabajadores”, explicó.
Lamentó que entre algunas de las empresas de seguridad privada que no cumplen requisitos, o los cumplen a medias, o que violentan derechos y conquistas laborales, se encuentran Prosesa y GPS. “Casi ninguna cumple con los requisitos, porque muchas veces lo que hacen es registrar, por ejemplo, 500 trabajadores, pero luego de que les otorgan la licencia o certificado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), solamente a 15 o 20 los registran ante el IMSS”, precisó en sus observaciones.
Don Alfredo Guzmán Chávez admitió que la mayoría de los trabajadores que sirven como guardias de seguridad privada no tienen preparación académica, o sea, un buen nivel escolar, ni están preparados tampoco para el manejo de armas y la defensa personal, “aunque hay excepciones, como por ejemplo, ex policías que después de salir de alguna corporación policiaca, por equis causa, entran como guardias de seguridad privada, y hay casos tristes como el de aquél ex policía que se metió de guardia de una empresa de seguridad privada de bancos y cajeros automáticos, y se robó un cajero completo, echándolo en la caja de una camioneta”.
También está el problema de las empresas “piratas” y “golondrinas” que afectan por supuesto a cientos de trabajadores que luego se quedan desempleados otra vez, le hacen, claro, competencia desleal a las empresas “bien establecidas”, no otorgan prestaciones de seguridad social, pagan salarios de miseria, evaden impuestos, y obviamente no son ninguna garantía de seguridad para sus “clientes”.
El dirigente cetemista comentó por cierto que es una ironía cómo es que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrata guardias de seguridad privada que ¡no tienen prestaciones de seguridad social!
Trascendió en la plática con los integrantes de la ANPAC Baja California que es presidida por Pedro Castillo Chavoya, que hay funcionarios del Gobierno del Estado, de algunos Gobiernos Municipales, y otros personajes destacados, entre políticos y hasta ex policías, que tienen empresas de seguridad privada, legales o “piratas”; entre ellos están Javier Hernández Tovalín (de Rosarito), el Mayor Magdaleno Vázquez Luis (ex director de la Policía Municipal de Rosarito), un alto funcionario del XX Ayuntamiento de Tijuana, funcionarios de la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y muchos otros.
“Sí es ilegal, y hay mucha corrupción, pero no se les puede hacer nada porque tienen el poder, hasta de las Juntas de Conciliación”, puntualizó el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada en Tijuana, adherido a la CTM.
No obstante los problemas de “piratajes” y corrupción en el tema de la seguridad privada, ese tipo de empresas son necesarias, porque el Gobierno Municipal, por ejemplo, solamente tiene 2 mil o 2 mil 500 policías, que son insuficientes para una población de más de 2 millones y medio de tijuanenses, y las empresas de seguridad privada representan un complemento más para la seguridad de los comercios, empresas e instituciones.
Aunque las condiciones laborales todavía no son las idóneas, pues tampoco cuentan los trabajadores con seguro de vida, indicó don Alfredo Guzmán que han logrado al menos que a sus agremiados les respeten y les cumplan sus derechos y garantías de ley.
