Casi simultáneamente, han comenzado los debates convocados por el Gobierno federal y las audiencias públicas en el congreso sobre la mariguana. A pesar de girar en torno al mismo asunto y de abordar temas similares, los objetivos planteados en cada uno de estos espacios es distinto. Mientras la Secretaría de Gobernación organizó sus foros para discutir el uso del cannabis, como si eso fuera un asunto debatible y no un hecho de la realidad, el Congreso se está planteando ya la deliberación sobre las formas concretas de regulación que deben ser adoptadas, sobre todo después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cambio sustancialmente los términos de la discusión sobre este asunto.
El debate organizado por el gobierno se llevará meses y ahí se repetirán los argumentos conocidos hasta el cansancio sobre los beneficios y maleficios de la mariguana. Se volverán a escuchar las mismas posiciones repetidas desde hace una década en diversas mesas y foros organizados por el legislativo o por diversas organizaciones. La mojigatería de Peña Nieto será apoyada por las voces que siguen aferradas a un modelo de política –la prohibición– que lleva ya cincuenta años demostrando su fracaso, frente a los argumentos también ya conocidos sobre las bondades de enfrentar los problemas sociales y de salud derivados del consumo de la sustancia con una política de prevención de riesgos y reducción de daños, en lugar de utilizar el sistema de justicia penal como mecanismo de restricción de la oferta. Nada nuevo se dirá en el debate que comenzó el martes 26 de enero en Cancún.
De hecho, tanto el secretario de Gobernación como el inefable presidente de Conadic han adelantado lo que se puede esperar del gobierno después de los foros: una regulación para los usos medicinales y terapéuticos del cannabis y la graciosa concesión de la modificación de la tabla de umbrales establecida en la Ley General de Salud para aumentar las cantidades de posesión de mariguana para consumo personal tolerados sin que se ejerza la acción penal. Lejos, muy lejos de una regulación sensata, que le quite el negocio a los criminales, aleje a los consumidores de mariguana de los circuitos delictivos, los proteja de sustancias más peligrosas gracias a la separación de mercados y oriente los recursos a la prevención y el tratamiento, en lugar de dedicarlos a garantizar la prohibición.
Tal como han sido planteados, los foros del supuesto debate convocados por el ejecutivo tienen mucho de simulación para respaldar el inmovilismo al que se aferra el Presidente de la República. Los foros del Congreso, en cambio, parecen mejor diseñados, con un comité técnico encargado de hacer preguntas relevantes a los expositores y de recoger las conclusiones con el objetivo de aportar al dictamen de las iniciativas que sobre el tema se han presentado ya.
Me tocó participar en la mesa sobre la regulación de la mariguana en el contexto internacional en San Lázaro, junto a Lisa Sánchez, de México Unido contra la delincuencia, Diego Cánepa, quien fue jefe del gabinete de José Mujica en los tiempos de la regulación del cannabis en Uruguay, y Jorge G. Castañeda. Se trató de un panel completamente coincidente: el tiempo de la regulación de la mariguana en México ha llegado y hay suficiente experiencia internacional para diseñar un modelo adecuado a las circunstancias del país. Es más: o se hace ya o, como dijo Castañeda, México se va a quedar atrás, atrapado en los laberintos de la prohibición, mientras que Canadá avanza a una legalización plena y en California, estado fronterizo de gran relevancia económica para nuestro país, se votará en noviembre la legalización del uso lúdico de la mariguana.
Mi exposición la dediqué a señalar que mientras México ha fundado su celo en el combate a la producción y el tráfico de mariguana en sus compromisos internacionales derivados de las convenciones de la ONU que establecen el sistema internacional de control de drogas, ha sido mucho menos escrupuloso a la hora de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, también basados en convenciones de la ONU. En nombre del cumplimiento de los tratados sobre drogas, se ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza del Estado, incluso con ejecuciones extrajudiciales plenamente documentadas, como en el caso de Tlatlaya. Todo con muy pobres resultados en lo que toca al control de la oferta de drogas o en la disminución del consumo.
Si las audiencias públicas del Congreso llegan a un buen puerto, el legislativo habrá rebasado al ejecutivo y se mostrará como un poder más eficaz a la hora de responder al cambio en una materia crucial para la reconstrucción del orden social y la disminución de la violencia, pues si bien la regulación de la mariguana no acabará con el narcotráfico –un fenómeno mucho más complejo– ni será la varita mágica para destruir a la delincuencia organizada, si será un primer paso para avanzar en el desmantelamiento de una política pública que no ha mostrado ningún resultado convincente y tiene costos ingentes. Una regulación exitosa de la mariguana puede tener un efecto demostración muy positivo, que abriría las puertas al desmantelamiento del paradigma prohibicionista con el que fallidamente han enfrentado los Estados el tema del consumo de sustancias psicoactivas.
