Octavio Fabela Ballinas

Foto: Margarito martínez

El homicidio del joven Oscar Enrique Lucero Jaramillo ultimado por agentes de la Policía Estatal Preventiva y más recientemente el caso de la extorsión y cobro de piso operado por elementos de esa misma corporación reabre la demanda para que este cuerpo policíaco sea desaparecido.

Sin fundamento legal sólido para constituirla, en franca invasión de las funciones establecidas por la Constitución para los ayuntamientos, corrompida hasta la médula y acusada de cometer delitos graves como el homicidio y dar  protección al narcomenudeo, la PEP se ha convertido en la antítesis de una corporación policíaca.

Creada en el sexenio de Eugenio Elorduy Walter, la Policía Estatal Preventiva significó un contrapeso que el gobernador creó para molestar políticamente a los alcaldes de Tijuana y Mexicali, municipios en los que su partido perdió en la elección intermedia por primera frente al PRI luego de quince años de gobiernos panistas.

Viciada de origen, el actuar de la PEP nunca ha tenido peso jurídico en sus actuaciones, al grado que su manera ilegal de conducirse ha propiciado casi todas sus detenciones sean desestimadas en los juzgados y sus presuntos delincuentes puestos en libertad al declararse ilegales sus intervenciones.

Pero no sólo es en el terreno de lo judicial donde se descubre el actuar abusivo y fuera de la Ley de los “pepos”, hace menos de dos meses sus excesos asesinaron al joven de 22 años Oscar Enrique Lucero Jaramillo a quien con lujo de violencia sacaron de su casa en la colonia Independencia, en el municipio de Mexicali.

Actuando como sicarios, estos criminales con uniforme y placa torturaron a Oscar hasta la saciedad y fue tanto el tormento que el muchacho no resistió y murió, luego sin rubor alguno tiraron sus restos. Cinco días después de su detención su cuerpo apareció en la colonia Islas Agrarias, de la capital del Estado.

En el tiempo que transcurrió desde su desaparición hasta la localización del cadáver la historia aún está por contarse, porque tres de los cuatro agentes que detuvieron a Óscar aún se encuentran prófugos de la justicia. Lamentablemente la PGJE y la SSPE, dicen que los están buscando para detenerlos pero no presentan avances.

Más recientemente, el sub comandante operativo en Tijuana, Carlos Alberto Gómez Miguel fue señalado por al menos cinco de sus subordinados de ser el responsable de cobrar cuotas a los narcomenudistas que operan en la ciudad. Todo se derivó la detención de presuntos distribuidores de pastillas psicotrópicas.

Los ahora ex policías Jesús Israel Quintero Cabrera, Manuel Alejandro Toscano González, Marco Antonio López Martínez, Eduardo Agúndez Guadarrama y Cruz Bórquez Fernando, señalaron a Gómez Miguel de proteger a los distribuidores de psicotrópicos que ellos arrestaron.

Sus unidades son vistas por cualquier ciudadano cuando pasan a cobrar su cuota en los puntos de distribución de enervantes. La familiaridad es tal que ni vendedores ni su clientela se inmutan al paso de los vehículos patrulla y continúan con su actividad como si de vender  dulces o papitas fritas se tratara.

Cateos ilegales, siembra de pruebas, tortura física y mental, son la constante en el actuar de los agentes estatales que además siempre permanecen con el rostro cubierto para evitar ser identificados por sus víctimas entre las que se cuentan mujeres, adultos mayores y niños.

Esta situación ha abierto la puerta para que abogados de quienes son detenidos por esta corporación logren la libertad de sus defensos alegando la ilegalidad de las actuaciones de la corporación.

Al margen de esta situación en la Procuraduría General de Justicia del Estado existen al menos 200 denuncias en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva, en su mayoría relacionadas con cateos ilegales, privación de la libertad, uso excesivo de la fuerza y tortura.

Debe desaparecer: juristas

La Policía Estatal Preventiva debe desaparecer, razones para ello sobran: por ser producto de un asunto netamente político – partidista, por los cientos de denuncias por, homicidio, abuso, robo, uso excesivo de la fuerza pública y violación a los derechos humanos por parte de sus elementos y por ser un ente inconstitucional.

Desde su creación la PEP ha sido criticada por significar duplicidad en las funciones de patrullaje con las corporaciones municipales, estas últimas responsables por mandato de ley de salvaguardar el orden público y la prevención del delito. El limbo legal en el que nace la Policía Estatal ha sido caldo de cultivo para abusos contra la comunidad.

Juristas confirman que no existe base legal para su creación ya que la Ley que le da vida, la fundamenta en partes de párrafos de la Carta Magna nacional y estatal que sacados de contexto pretenden justificar su existencia. De ahí que viciada de origen le den factades que invaden las esferas de competencia municipal y del Ministerio Público.

Ahora, la Policía Estatal Preventiva vuelve a estar en la cuerda floja al ser criticada por especialistas en derecho y el tema de su posible desaparición vuelve a la mesa de los debates con el relevo en el Congreso del Estado.

La entrada en funciones de la XXI Legislatura, abre la puerta para que los detractores de la institución policiaca del Gobierno del Estado, arremetan una vez más pidiendo su eliminación.