El senador Marco Antonio Blásquez Salinas presentó un punto de acuerdo de urgente resolución en el que pide al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial revisar las actuaciones de tres expedientes judiciales a fin de que las normas protectoras de periodistas surtan efecto para no poner en riesgo la vida e integridad personal de los comunicadores, ante la exigencia de que revelen sus fuentes.
Según el Senador del Partido del Trabajo, se trata en lo particular de los expedientes 29/2013; 268/2012-A y 29/2013, en los que los jueces exigen la presencia de periodistas como "testigos" del proceso y les pretenden obligar a revelar las fuentes informativas.
“Un Estado que presume de ser democrático no puede ni debe ejercer presiones como aquéllas en las que periodistas de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) han recibido por parte de los titulares de los Juzgados Quinto y Décimo Tercero de Distrito en Tijuana, Baja California en el sentido de que revelen sus fuentes de información", mencionó.
"Esto es un acto autoritario y contra lo establecido por la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y contraviene lo establecido en el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación en el decreto del 6 de junio de 2006", indicó el legislador bajacaliforniano en un comunicado de prensa.
“Los periodistas y medios de comunicación afectados han recibido trato inquisitorial por parte de algunos juzgadores federales en Baja California y estas actitudes no resultan acordes con el compromiso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros han asumido con los derechos humanos, y deben enmendarse a fin de garantizar a los periodistas el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito de la jurisdicción federal”, acotó Blásquez Salinas.
Asimismo, el senador progresista aludió a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 publicada en el Diario Oficial de la Federación en materia de derechos humanos donde se establecen las nuevas obligaciones de las autoridades para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Son muy claros los preceptos nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, dijo.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido una actitud pro-activa en función de la reforma constitucional de los derechos humanos y se muestra comprometida con la preservación de las libertades fundamentales del pueblo de México”, señaló Blásquez Salinas.
El senador solicitó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación valorar si es procedente y congruente practicar una revisión a los expedientes mencionados en ejercicio de las facultades que considere le asistan con el ánimo de retroalimentar su programa de capacitación en materia de derechos humanos.
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