MEXICALI.- El 2017 fue un año particularmente complicado para Baja California, principalmente por
el incremento en los índices delictivos y la violencia en diversos municipios, tema que será el reto a
vencer en el 2018, afirmó el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, al realizar un
balance general previo al que será el quinto año de la administración del gobernador Francisco
Vega de Lamadrid.
En entrevista para EL MEXICANO, el funcionario estatal afirmó que a pesar de la crisis de
inseguridad y el descontento de algunos grupos ciudadanos que mantuvieron manifestaciones
contra iniciativas del Gobierno del Estado, el saldo del 2017 es mayormente positivo y de avances
en diversas áreas.
Resaltó la generación de empleo, inversión extranjera y turismo como los tres puntos
sobresalientes para Baja California y aseguró que en esos rubros se encuentra entre los primeros
lugares a nivel nacional.
Descartó que las múltiples manifestaciones contra proyectos promovidos por el gobierno sean
motivo de desánimo para futuros inversionistas extranjeros; cabe mencionar que las protestas más
recurrentes de este año fueron contra la planta cervecera de Constellation Brands, las plantas
desalinizadoras para San Quintín y Ensenada, así como la implementación de un sistema de
seguridad y monitoreo “C5i”.
Sobre la situación tensa que se vive en la obra de Constellation Brands, Rueda Gómez aclaró que
no se pasarán por alto situaciones violentas, como los enfrentamientos ocurridos recientemente
entre manifestantes y guardias de seguridad privada.
"Siempre hemos respetado la libertad de manifestarse en un tema que no estén de acuerdo; lo que
hemos puntualizado es que debe respetarse la ley, nadie debe estar al margen de la ley...estamos
atentos de que no se presente algún desorden; el manifestante no tiene derecho a interferir con
actividades de terceros, eso es lo que provoca enfrentamientos”, comentó.
Sobre las plantas desalinizadoras para la zona costa que generaron dudas sobre la posible venta de
agua al extranjero, explicó que en menos de diez años la falta de agua en San Quintín redujo la
producción de los campos agrícolas a tres veces menos de su capacidad, afectando la economía del poblado y provocó que sus habitantes padecieran la más intensa sequía, por lo que consideró
un gran logro la aprobación de los proyectos de Asociación Público Privada que harán posible
desalar el agua del mar.
“Con esta materialización de estos proyectos, se va a garantizar el agua por los próximos cincuenta
años a la zona costa, de manera sustentable”, expresó.
Rueda Gómez destacó que el 2017 fue un año en el que mejoraron las condiciones de vida de los
bajacalifornianos, pues según datos de la Sedesoe más de 186 mil personas salieron del índice de
pobreza extrema que se concentra en las áreas rurales de Ensenada, algunas zonas de Tijuana y
comunidades de Mexicali
