Enrique Méndez/Bibi Gutiérrez

 

 

 

Durante varios años y en continuas ocasiones se han registrado denuncias en contra del Juez Tercero de lo Penal FLAVIO HERRERA ROBLES, bajo los cargos de corrupción, abuso de autoridad, exonerar a consignados por el Ministerio Público bajo el delito de fraude procesal y hasta por facilitar la libertad a un confeso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado como autor del asesinato de una joven embarazada.

 

Este juez es señalado por el propio personal del Juzgado Tercero de lo Penal como un trastornado mental, opinión que comparten abogados colegiados en la frontera, además tiene en su contra, mantener anualmente un elevado porcentaje de inasistencias a su trabajo bajo el argumento de que padece una grave enfermedad.

 

Según decir de litigantes que llevan asuntos en el Tercero de lo Penal, permanentemente corren el riesgo de que un día el juez HERRERA ROBLES, dicte una sentencia y a las pocas horas la contradiga violentando la ley.

 

Uno de los polémicos asuntos ventilados en el Tercero Penal, es en el que ROBERTO MANUEL MÁRQUEZ CASTILLO, tuvo que ir a la cárcel sentenciado a siete años por un delito que no cometió, pero que además nunca se le comprobó.

 

Considerado como víctima de la ineptitud o corrupción de HERRERA ROBLES, el estudiante de séptimo semestre en la UABC, acuso al juez de haber cometido una arbitrariedad al enviarlo a la Penitenciaria del Estado.

 

Relata el ex convicto que a mediados de diciembre de 2008 conducía un automóvil propiedad de sus padres dedicados al magisterio, cuando a la altura de Otay Insurgentes uniformados municipales a bordo de una patrulla lo interceptan argumentando era autor de un atraco a mano armada en un supermercado del fraccionamiento Altabrisa. 

 

Como falsa prueba los patrulleros aseguraron la existencia de un video al momento del asalto sin embargo a 10 años de lo sucedido la supuesta tele grabación probatoria sigue sin aparecer.

 

Pese a la inconsistencia de pruebas de testigos, policías y cajeras, el juez HERRERA ROBLES, se negó a aceptar el testimonio de un testigo del robo con violencia quien afirmaba que el universitario no estuvo en el lugar del asalto y HERRERA ROBLES, sentencio a 7 años de prisión al acusado..

 

 

 

MAS CORRUPCIÓN

 

 

 

Pero no es el único expediente en el que FLAVIO HERRERA ROBLES, es señalado de abusivo, arbitrario y corrupto, pues en agosto de 2011 liberó a JAVIER PIÑA, acusado de asesinato, considerando  el juez que actuó en defensa propia, cuando lo cierto es que el ataque fue con los agravantes de alevosía y ventaja.

 

Pero aunque hay otros antecedentes de inmoralidades del juez HERRERA ROBLES, el más sonado es el del medico que asesinó en el cuarto de un hotel de paso a una joven embarazada con la que acepto ministerialmente, sostenía relaciones sentimentales, misma a la que según su propio relato ante el Ministerio Público, la ahogo en la bañera del sitio de hospedaje.

 

El asesino confeso, es hijo de una prominente familia de empresarios en Tijuana, tal vez eso explique porque el Juez Tercero de lo Penal declaró inocente al medico.

 

Durante vario años FLAVIO HERRERA ROBLES, ha sido acusado de actos de corrupción y se le han levantado quejas administrativas ante el Consejo de la Judicatura, de lo que se burla el juzgador, presumiendo tener el respaldo de un Magistrado del Estado que ha sido director de la Facultad de Leyes de la UABC, campus Tijuana.

 

Corre tiempo, el juez está en capilla

 

 

 

GUBERNATURA DE 5 AÑOS

 

 

 

El tema de la ampliación de periodo para gobernador que se elige en 2019 y que según la Ley Electoral ha quedado fijo en dos años, parece que será llevado a litigio por quienes apoyan la iniciativa que ya se encuentra en el Congreso del Estado a instancia del diputado VÍCTOR MORÁN, de la banca del Movimiento de Regeneración Nacional.

 

Apenas hace unos días el ex regidor, ex diputado y ex candidato a senador ELIGIO VALENCIA ROQUE, se pronunció a favor de que el próximo gobernador del Estado alcance un periodo de cinco años, considerando los costos económicos y la “ingobernanza” que significaría dejar el periodo en dos años y medio.

 

En su calidad de secretario general de la CTM en Baja California, el también presidente del Consejo de Administración del periódico El Mexicano, afirma que un gobierno estatal cuyo periodo sea de dos años, impediría a los bajacalifornianos lograr el progreso que esta entidad requiere.

 

Sería beneficio que otros líderes del propio PRI de Baja California, den su punto de vista como por ejemplo el contador JESÚS GARCÍA, dirigente de la CNOP estatal, en virtud de que este es el sector de mayor numerosidad en el partido tricolor.

 

Por lo pronto el asunto sigue ocupando el estudio de abogados dedicados al derecho electoral, considerando que unos afirman que es contra la ley promover ante el Congreso del Estado la ampliación del periodo de gobernador pues el proceso de elección 2019 ya inicio, entre ellos el maestro CARLOS BARBOZA, ex diputado, ex presidente del PRI, ademas de catedrático de la materia en UABC Tijuana.

 

Aunque los que promueven la propuesta del maestro JORGE ESCARCEGA, presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, son del criterio que si la XXIII Legislatura, así lo decide, el asunto se puede llevar a votación ante el pleno de esa soberanía.

 

Por lo pronto la opinión del ex regidor y ex legislador estatal ELIGIO VALENCIA ROQUE, se suma a lo que recientemente declaró ante la prensa de Tijuana YAIDKOL POLEVNSKY, dirigente en el país del Movimiento de Regeneración Nacional, en el sentido de que si es factible y legal aceptar la iniciativa para ampliación de periodo del Ejecutivo del Estado en la elección de junio próximo.

 

 

 

EL MANIFIESTO POR BC 

 

 

 

Hace apenas unos días, centenares de organizaciones de todos los sectores en el estado encabezados por el arquitecto JAIME MARTINEZ VELOZ, firmaron un Manifiesto por Baja California en el que expresaron qué clase de estado desean tener con la transformación que encabeza a partir del primero de diciembre el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. 

 

El documento –de unas 14 páginas—reúne puntos que aportaron todas esas organizaciones de la sociedad civil y comunidades enteras, así como cientos de bajacalifornianos a título personal. 

 

En el manifiesto indican que, abiertos a la crítica, desean establecer un punto de partida para encontrar resoluciones dignas, justas, eficientes y eficaces en una dimensión local, para la transformación profunda de Baja California. 

 

Desean que la transformación que se refleje en la vida diaria de las personas, que garantice su desarrollo integral, en su seguridad, en su bienestar y felicidad. 

 

El texto del Manifiesto por Baja California se resume en el mensaje: “Aquí, donde empieza la Patria, queremos también que inicie la Cuarta Transformación de la República propuesta por el Presidente Electo de México”. 

 

Queremos una Baja California más justa y equitativa, que escuche, dialogue y construya; que sea para todos y todas, en la que exista una nueva constitucionalidad, expresa el documento. 

 

Además de una Baja California donde nuestros gobernantes sean profesionales con alto sentidos del deber, capaces y honestos; con espíritu de servicio a toda prueba y profundo amor a esta entidad y a su gente. 

 

Una Baja California en la que el gobierno se maneje con ética y austeridad en que se gobierne con igualdad y equidad, que empiece por las personas más pobres y más necesitadas. Un gobierno cercano a la gente. 

 

Los firmantes asienta que se quiere una Baja California en la que las instituciones ofrezcan certeza jurídica al patrimonio de las familias y se comprometan con un programa de regularización de la tenencia de la tierra; que sea tolerante, equitativa, plural, incluyente, realmente generosa y libre. 

 

Donde la educación sea valorada como el principal medio para terminar con la desigualdad social y generar el avance del Estado; donde las nuevas tecnologías de la información y el acceso al conocimiento estén accesibles a quien lo requiera 

 

También donde se impulse con recursos presupuestales la investigación científica y tecnológica, en él que los medios de comunicación, además de entretener con calidad, informen y cumplan una función formativa. 

 

De igual manera se desea que exista una mayor infraestructura cultural, mayor difusión del conocimiento, el arte y la cultura, y se impulsen la radio y la televisión culturales. 

 

Asimismo se busca una Baja California que tenga una política de Estado en materia de fomento agropecuario, que genere una profunda transformación de la producción del campo, encaminándola tanto a la exportación como a la autosuficiencia alimentaria y en la que las y los ejidatarios, comuneros, productores, ganaderos y pequeños propietarios, participen en su definición y sean las y los primeros beneficiarios. 

 

Que los recursos forestales sean racionalmente aprovechados mediante la atención a toda la cadena productiva; que, por la abundancia de los recursos marítimos, el sector pesquero sea apoyado y considerado como estratégico en él sistema alimentario del Estado. 

 

Que el gobierno combata eficazmente el contrabando. 

 

Más que materias primas, se pretende que los exportadores envíen al extranjero productos con altos niveles de valor agregado y las empresas desarrollen propias tecnologías para reducir la dependencia del exterior. 

 

Que se promueva la diversificación de las fuentes de generación, incluyendo las ecológicas, para producir a bajos costos, todo el gas y la gasolina necesarios para su desarrollo, con tarifas de energía eléctrica justas y accesibles a la sociedad y a las empresas. 

 

Se quiere una Baja California en él que el aumento del salario mínimo se encuentre por encima de la inflación; que toda familia tenga acceso efectivo a una vivienda digna; que el desarrollo urbano y los servicios respondan a las necesidades y no en los intereses de acaparadores que especulen con los mejores espacios territoriales. 

 

Una Baja California que defienda a los suyos que habitan allende las fronteras, quienes ante la falta de empleo tuvieron que emigrar y dejar su casa y sus afectos. 

 

Que se combatan las causas y no los efectos de la pobreza y la ignorancia; que el desarrollo social sea concebido como un derecho de las comunidades, un asunto de Estado. 

 

Una Baja California en él que las zonas marginadas dejen de serlo. 

 

Que el Estado esté obligado constitucionalmente a garantizar la alimentación y la salud de las y los bajacalifornianos, incluyendo la dotación de medicamentos gratuitos a quienes, en situación de pobreza, carezcan de los beneficios de las instituciones de seguridad. 

 

Además el manifiesto establece el compromiso de que, en la Constitución del Estado de Baja California, se reconozca a los Pueblos Indígenas, como sujetos de Derecho Público. 

 

Que el Estado garantice como un derecho la atención y una pensión mínima alimentaria a las personas que por su edad no están en condiciones de incorporarse al trabajo productivo; donde los menores tengan educación pública gratuita, obligatoria y de calidad. 

 

Que las y los jóvenes participen de manera protagónica en él diseño de las estrategias para resolver sus necesidades y problemas. 

 

Se desea asimismo que Baja California sea un Estado democrático, basado en él respeto, promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos, enfáticamente en él de los derechos humanos de las mujeres, libres de violencia, y donde el género no sea causal para vivir mejor u obtener una mejor remuneración por el trabajo. 

 

Que importe verdaderamente su medio ambiente y se garantice la protección y restauración de áreas naturales. 

 

Se demanda también que el agua sea considerada recurso estratégico y bien social. 

 

Mediante este manifiesto establece el compromiso, de que los sistemas de operación del agua, sean transferidos a los Ayuntamientos, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El manifestó refiere que todo bajacaliforniano debe tener acceso al agua potable; por ello creemos que deben revisarse los contratos de las plantas desalinizadoras, no porque estemos en contra de este tipo de sistemas, sino porque no podemos permitir, que bajo la justificación de la necesidad de este vital liquido, se realicen negocios que afecten a la población y contravengan el marco jurídico mexicano. 

 

El documento busca una Baja California que garantice la tranquilidad y la seguridad pública, en él que no haya impunidad para nadie que violente las leyes y todas las instancias que intervienen en la prevención, detención, juicio y reclusión de delincuentes, sean federales, estatales y municipales, se coordinen debidamente, compartan información y bases de datos y tomen medidas de fondo para combatir a la delincuencia común y a la delincuencia organizada. 

 

Una Baja California que cuente con cuerpos policíacos capacitados, con eficiencia en él ámbito de la justicia, profesional y honesto, bien remunerado para evitar la impunidad y la corrupción; con la tecnología y equipo de punta que les permita ir adelante de los delincuentes. 

 

Asimismo se quiere una Baja California en donde el gobierno estatal sea un factor de unidad una Jefatura de Estado, no un liderazgo partidista; en él que las y los representantes populares se interesen realmente por la gente, sean su vanguardia. 

 

Se puntualiza que se aspira a una Baja California en la que la política sirva a los intereses del pueblo. 

 

Por eso se proponen todos los derechos para todos, en una sociedad más igualitaria. 

 

Y que no se trata de que quienes ya tienen, tengan menos. 

 

Se trata de que quienes no tienen, tengan más: más salud, más educación, mejor vivienda, mejores oportunidades de trabajo, de vida y horizontes; en suma, más bienestar. 

 

El manifiesto que encabezo en su presentación JAIME MARTÍNEZ VELOZ, exige freno a la inseguridad, corrupción, impunidad e incompetencia gubernamental.

 

 

 

 

 

Tan…tan…