* Impunidad de ALTISA

* Aplíquese rigor de la ley

* La complicidad Judicial

* Renuncia en Contraloría

* Sospecha sobre Tonatiuh

Enrique Méndez/Bibi Gutiérrez

Estamos a casi tres años de la tragedia provocada por una unidad de transporte ALTISA, misma que era conducida a exceso de velocidad, fue justamente en el fraccionamiento K-Casas, un 12 de Oct. 2016, donde perdieran la vida 6 personas y once resultaron con lesiones.

Un emblemático expediente de impunidad se hace patente en el joven preparatoriano BRANDON MORELOS, quien a la fecha espera justicia de los tribunales del Estado, victima de cuadriplejia, postrado en una silla de ruedas.  

Por lo que el afectado clínicamente sufre de parálisis de brazos y piernas a causa del daño que se le produjo en su médula espinal, luego del accidente cuando viajaba en el camión de pasajeros de la empresa ALTISA de Tijuana. 

QUE SE APLIQUE LA LEY

A la fecha, la Sindicatura Municipal a cargo de ANA MARCELA GUZMÁN VALVERDE, o Vialidad y Transportes del XXII Ayuntamiento que dirige desde hace unos días FRANCISCO CASTILLO FRAGA, no han sancionado a la empresa transportista caracterizada de violentar la ley. 

El asunto se encuentra empantanado con una Orden de Aprehensión en contra de VÍCTOR EDUARDO SEVILLA TORRES, hoy por hoy un zar del transporte, quien posee en circulación decenas de unidades sin contar con el debido registro y carentes de póliza que asegure al pasajero en caso de alguna desgracia como en la que murieron las 6 personas referidas y tiene sin movilidad corporal a BRANDON MORELOS. Esa póliza debe garantizar la integridad física del conductor de la unidad de transporte y a terceros en caso de un accidente.

Lo peor de este expediente es que el tema fue llevado ante la Procuraduría de Justicia de Baja California de la que es titular la magistrada con licencia PERLA IBARRA, consignándose el asunto ante el Poder Judicial del Estado que preside SALVADOR JUAN ORTIZ MORALES, sin embargo ante dicha instancia el proceso esta empantanado en perjuicio de las victimas de ALTISA, como un símbolo del poder económico que pisotea los intereses de la comunidad.

Otro personaje que tiene la obligación moral y legal de intervenir en este asunto es ARNULFO “FUFO” GUERRERO, regidor presidente de la Comisión de Transporte en el Cabildo del XXII Ayuntamiento.

CUESTIONAMIENTO

Tiene toda la razón el abogado y contador público ENRIQUE PÉREZ CHÁVEZ, al decir que al ahora ex secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el Estado FRANCISCO POSTLETHWAITE, antes de aceptarle la renuncia se le debió someter a un exhaustivo rendimiento de cuentas de la institución.

Por cierto ENRIQUE PÉREZ CHÁVEZ, es hijo del legendario político GUMERCINDO PÉREZ CRUZ, entre otros muchos cargos de su amplia trayectoria, ex presidente del PRI en Tijuana, ex diputado por Baja California, ex titular del Registro Publico de la Propiedad y ex presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”.

Pero continuando con el inicio de este tema, el maestro en derecho JORGE ESCARCEGA, presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” refiere que el gobernador FRANCISCO VEGA, no debe aceptar la separación de FRANCISCO POSTLETHWAITE, del cargo de secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en Baja Californiahasta en tanto no se aclare con exactitud en torno al destino del dinero del que se sospecha fue desviado en esa dependencia.

QUE SE LE INVESTIGUE

Quien tiene que ser sometido a un amplio escrutinio es el doctor TONATIHU GUILLÉN, director del Instituto Nacional de Inmigración, en virtud de que ha sido señalado de diversas situaciones que ponen en entredicho su respetabilidad.

En primer lugar el liderazgo de los Defensores del Parque BENITO JUÁREZ, lo acusas de formar parte del grupo de empresarios y periodistas que pretendieron estafar a los tijuanenses con la destrucción de el área verde que se ubica en las inmediaciones del Centro de Gobierno del Estado y Palacio Municipal de Tijuana.

Luego se le reprochó el nombramiento de RODULFO FIGUEROA, como “delegado federal” del INM en Baja California, pues este individuo ha sido señalado públicamente de extorsionar a migrantes extranjeros entre ellos de la comunidad de China.

Pero además de ser un inepto como funcionario público en Tijuana, sobre todo cuando se trata de atención a la polémica caravana centroamericana recientemente asentada en esta frontera.

Al mentado TONATIHU GUILLÉN, director del Instituto Nacional de Inmigración ahora se le pudiera enderezar una investigación de tipo penal por falsificación de comentos y mentir ante la autoridad, pero de eso luego se dará mayor espacio.

Tan…tan…