Tijuana, B. C.- La migración es una potencia para el desarrollo de los pueblos que, en el caso de Tijuana, influyó en gran medida en su crecimiento y desarrollo local, expresó el maestro Jesús Ruiz Barraza, Rector de la Universidad de Tijuana CUT, tras precisar que “la migración está caracterizada por triunfadores, son personas valientes y trabajadoras”.

Lo anterior quedó de manifiesto en el Seminario Virtual Migración, Empleo y Desarrollo Local, organizado por CUT, en colaboración con el doctor José María Ramos González, Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), que tuvo lugar en el espacio interactivo de Vida Universitaria con estudiantes de la Licenciatura en Psicología de los Campus Altamira y Oriente de Tijuana, así como de los Campus Ensenada y San Quintín.

El maestro Jesús Ruiz Barraza mencionó que en el estado de California el sector restaurantero ha sido beneficiado con negocios organizados por personas que ingresaron a los Estados Unidos como migrantes pero que han logrado regularizar su estatus legal, se han establecido y promueven la gastronomía mexicana con gran éxito. Muchos de estos comercios son fuente importante de empleo y generan desarrollo local.

“No deberían existir barreras para que las personas puedan movilizarse de un país a otro”, señaló el Rector del Sistema CUT Universidad, tras lamentar que el tema migratorio no estuviera incluido por Estados Unidos en el T-MEC.

En el Seminario Virtual participaron destacadas expertas como la licenciada Ivana Saldívar, internacionalistas con amplia experiencia en el ámbito humanitario y migratorio, especialmente con refugiados en la frontera sur del país. Además de la doctora Virginia Negro, especialista en migración laboral en el Programa Mesoamérica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ivana Saldívar

En su exposición, Ivana Saldívar habló sobre las opciones de empleo tanto para migrantes y refugiados en México, sobre su integración social y cómo esto beneficia el desarrollo local y, a partir de ello, también se promueve la participación de las personas refugiadas en contexto migratorio en la economía mexicana, y cómo puede crecer incluso la economía nacional.

Explicó que el término de integración social se aplica a la migración en general, pero se emplea específicamente para identificar a los refugiados dentro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y en el área del desplazamiento interno por territorio mexicano. “En el ACNUR, es un concepto que se refiere a la integración de las personas y sus familias”.

A partir de 2016 -recordó la internacionalistas- las características del fenómeno migratorio han cambiado, antes se trataba de hombres o mujeres que tomaban la decisión de cruzar México para llegar a los Estados Unidos. En 2016 se observa un cambio importante en el que también viajan mujeres con hijos o embarazadas, o familias completas con la abuelita, sobrinos, nietos, primos. En estos casos, la integración local busca mantener unidas a estas familias dentro de la comunidad de acogida.

“En este espacio me gustaría recordar la parte en la que se visualiza al migrante o refugiado no como una persona que refiere una carga impositiva, sino que llega con un bagaje cultural, educativo, con conocimientos y habilidades óptimas para aportar a la comunidad en la que es recibido”, enfatizó Saldívar.

Durante su exposición, Ivana Saldívar menciona que la integración local es un proceso complejo formado por tres pilares: legal, sociocultural y económico, en que el papel de los psicólogos es fundamental para promover precisamente esta integración. Además, favorece el desarrollo económico tanto local como nacional, brinda un espacio de intercambio y enriquecimiento cultural que beneficia a todos.

“Recordemos que México nunca ha sido un país que cierra las puertas, ha sido siempre un país que da la bienvenida a las personas que por algún motivo tengan que ingresar al país ya sea como turistas, por una cuestión de migración forzada, migración económica, o cualquier otro motivo. México siempre ha tenido esta cultura de bienvenida y de la que nos enriquecemos en muchos aspectos”, expuso la especialista en el ámbito humanitario y migratorio.

Destacó la labor que se viene realizando al desarrollar proyectos en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y los tres poderes de gobierno, con lo que se promueve la gobernanza multinivel. A través de este mecanismo se incluye la participación de actores sociales en el proceso de políticas públicas lo que, a su vez, permite generar programas que atiendan las necesidades más apremiantes de la sociedad y favorecer el desarrollo del país en todos sus aspectos.

Virginia Negro

En su presentación, la doctora Virginia Negro describió algunas de las herramientas que ofrece la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tanto a nivel nacional como regional, con las que se brinda atención al fenómeno migratorio en México.

Los programas de esta organización internacional benefician a diferentes naciones como México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití, Dominica y Guyana.

En el caso de México, dijo la investigadora de la OIM, la migración laboral ha sido un factor de empuje para las personas con una tradición migratoria hacia los Estados Unidos, lo que en ciertos momentos históricos ha permitido acuerdos diplomáticos y una serie de leyes para establecer alianzas laborales como en su momento fue el programa Bracero; pero también hay una migración internacional y de centroamericanos que transitan por México y que va en continuo aumento.

La experta en migración laboral señaló que en el ambiente de pandemia por COVID-19, se esperaba una disminución considerable en las remesas económicas procedentes del extranjero, pero “increíblemente nunca, desde 1995, habían sido tan altas como en los meses de marzo y abril del 2020, lo que refleja que en momentos de dificultad las personas trabajadoras migrantes aún siguen enviado recursos económicos en apoyo a sus familiares”.

Mencionó que las personas trabajadoras migrantes son esenciales también para México, donde más de 1.2 millones de trabajadores y trabajadoras agrícolas son personas migrantes de origen centroamericano que se mueven a lo largo del país en diversas temporadas del año. Otro importante número son guatemaltecos, entre otras nacionalidades, que trabajan en la agroindustria, sobre todo en la frontera sur, dijo la doctora Negro tras precisar que no se tiene ninguna aproximación con estos migrantes, lo que en este ambiente de pandemia puede generar un descontrol en la cuestión sanitaria por el riesgo que representa.

“No quiere decir que los migrantes son portadores de COVID, sino que todos lo somos, por lo que se necesita una protección integral de seguridad social tanto para la sociedad mexicana en general como para los extranjeros. Para protegernos todos”, enfatizó la doctora Virginia Negro.

Según datos de la Unidad de Políticas Migratorias (UPM), en 2019 se documentaron 179,871 personas migrantes en condición de estancia irregular que fueron detenidas en distintas estaciones migratorias en México. Se recibieron 70,302 solicitudes de asilo y 18,724 nuevas solicitudes se han recibido hasta el 15 de mayo de 2020. Se efectuaron 211,258 repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, de esta cantidad 190,788 son hombres y 20,470 mujeres.

La doctora Negro puntualizo algunos motivos por los que los trabajadores migrantes requieren de mayor protección, destacando el riesgo de explotación en el proceso de contratación al no ser ciudadanos del país en el que trabajan; rara vez se benefician de la igualdad de trato en el empleo y el acceso a los derechos sociales; acceso limitado a la salud, servicios y protección social; son excluidos de la legislación laboral nacional; discriminación múltiple, especialmente hacia trabajadoras migrantes.

En este sentido, la OIM cuenta con varios programas para informar a las personas migrantes en cómo mejorar sus condiciones, también brinda asesoría a los empleadores para orientarles en el servicio de contratación de mano de obra. Para ello, cuenta con programas como Mecanismo de Canalización Laboral (MECAL) que vincula instituciones de gobierno, sociedad civil y sector privado para favorecer la inserción laboral de las personas migrantes. Ventanillas Informativas con 16 espacios instalados en México, sobre todo en la frontera sur con la posibilidad de compartir información y de articular entre ellas. Jornadas de Inclusión Laboral para personas en contexto de movilidad, que establece una vinculación entre empresas y buscadores de trabajo. Sus actividades las implementa con el Sistema Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Migración.

Antes de concluir su participación, la representante de la OIM, hizo referencia al importante papel del sector privado, por lo que considera necesario involucrarse en la investigación de datos y en la investigación-acción, en actividades como capacitar a empleadores y trabajadores en temas migratorios, promover y fortalecer mejores estrategias para la convalidación de títulos y mejorar las oportunidades laborales, generar más y mejores datos estadísticos para fomentar políticas públicas, promover la contratación de migrantes con una perspectiva regional y de acuerdo con los variados sectores de producción y ubicación geográfica, y promover la interculturalidad en las empresas.

Comentarios y clausura

Por su parte, el doctor José María Ramos, profesor-investigador de El Colef, realizó un detallado pero breve resumen sobre la exposición de cada una de las ponentes invitadas a este Seminario Virtual, resaltando incluso algunos aspectos en los que coincidieron Ivana Saldívar y Virginia Negro, en el sentido de la importancia que implica trabajar en gobernanza multinivel entre organismos internacionales, con amplia experiencia, que puedan articular con las diferentes iniciativas que se realizan a nivel local, estatal y federal para disminuir el gran deseo de los migrantes, sobre todo centroamericanos, de cruzar a Estados Unidos, tomando en cuenta de cada vez más se fortalece la problemática para llegar al vecino país del norte por las políticas de control o de mayor seguridad que se implementan en la frontera norte de México.

De igual manera, destacó el aporte de ciertos organismos internacionales en el sentido de cómo ACNUR, la OIM, entre otros, se están vinculando en los contextos locales y estatales para fortalecer una serie de iniciativas concretas, muy viables para generar inclusión laboral. En este sentido, la OIM a través de la doctora Negro, en el tema de la gestión migratoria resulta relevante sus proyectos e iniciativas que se implementan, en colaboración con otras instancias públicas.

Por su parte, el Rector de la Universidad de Tijuana, en su mensaje de clausura, externó que este Seminario Virtual fue riquísimo en cuanto a la aportación de las expositoras. “Nuestra universidad se caracteriza por tener este ejercicio de Vida Universitaria, en el que participan los estudiantes de todos los Campus, en un evento que puede ser un Seminario o una Conferencia Magistral, una vez por semana, con académicos externos a la institución que enriquecen el trabajo de esta universidad”.

Mexicali, B. C. sábado 26 de septiembre de 2020.- El pleno del Congreso local aprobó la iniciativa del diputado David Ruvalcaba Flores, cuyo objetivo es derogar el artículo 268 del Código Civil del Estado que establece el transcurso de dos años de enajenación mental por parte de uno de los cónyuges, para decretar la disolución del vínculo matrimonial.

El debate parlamentario en torno a este tema se dio con el dictamen número 55 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en la reciente sesión ordinaria coordinada por el presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura, diputado Julio César Vázquez Castillo.

Al hacer su propuesta, el inicialista argumentó que “la enajenación mental, dentro del Derecho Civil, representa una restricción de la personalidad jurídica debiendo el enajenado ser sometido a tutela. En materia penal es un eximente de responsabilidad porque se entiende como enajenado al sujeto que posee un estado mental en el cual no puede hacerse responsable de sus actos por falta de juicio”.

Ruvalcaba Flores expuso que, el Código Civil del Estado de Baja California, establece dentro del numeral 268 que, para que pueda pedirse el divorcio por causas de enajenación mental que se considere incurable, es necesario que hayan transcurrido dos años desde que comenzó a padecerse la enfermedad, consideración que vulnera los derechos humanos de los cónyuges al sujetarlos a una temporalidad, cuando ya existe una declaración judicial que postula la incapacidad jurídica de quien la padece.

Agregó que, con lo anterior, el numeral que se pretende derogar con su iniciativa, propone la protección de ambos cónyuges; esto, toda vez que no será necesario el trascurso de dos años para que un Juez pueda decretar la disolución del vínculo matrimonial, en virtud de que resulta notorio, que quien promueve no guarda la intención de atender y proveer los cuidados necesarios al cónyuge que padece una enfermedad mental, además de que se protege de una manera más amplia el derecho de quien promueve.

La iniciativa para derogar el artículo 268 del Código Civil fue aprobada con el citado dictamen con 20 votos a favor, 3 en contra por parte de las diputadas Eva María Vázquez Hernández, Loreto Quintero Quintero y Claudia Agatón Muñiz, así como dos abstenciones, una de la diputada Araceli Geraldo Núñez y la otra, del diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona.

Mexicali, B. C. sábado 26 de septiembre de 2020.- El pleno del Congreso local aprobó la iniciativa del diputado David Ruvalcaba Flores, cuyo objetivo es derogar el artículo 268 del Código Civil del Estado que establece el transcurso de dos años de enajenación mental por parte de uno de los cónyuges, para decretar la disolución del vínculo matrimonial.

El debate parlamentario en torno a este tema se dio con el dictamen número 55 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en la reciente sesión ordinaria coordinada por el presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura, diputado Julio César Vázquez Castillo.

Al hacer su propuesta, el inicialista argumentó que “la enajenación mental, dentro del Derecho Civil, representa una restricción de la personalidad jurídica debiendo el enajenado ser sometido a tutela. En materia penal es un eximente de responsabilidad porque se entiende como enajenado al sujeto que posee un estado mental en el cual no puede hacerse responsable de sus actos por falta de juicio”.

Ruvalcaba Flores expuso que, el Código Civil del Estado de Baja California, establece dentro del numeral 268 que, para que pueda pedirse el divorcio por causas de enajenación mental que se considere incurable, es necesario que hayan transcurrido dos años desde que comenzó a padecerse la enfermedad, consideración que vulnera los derechos humanos de los cónyuges al sujetarlos a una temporalidad, cuando ya existe una declaración judicial que postula la incapacidad jurídica de quien la padece.

Agregó que, con lo anterior, el numeral que se pretende derogar con su iniciativa, propone la protección de ambos cónyuges; esto, toda vez que no será necesario el trascurso de dos años para que un Juez pueda decretar la disolución del vínculo matrimonial, en virtud de que resulta notorio, que quien promueve no guarda la intención de atender y proveer los cuidados necesarios al cónyuge que padece una enfermedad mental, además de que se protege de una manera más amplia el derecho de quien promueve.

La iniciativa para derogar el artículo 268 del Código Civil fue aprobada con el citado dictamen con 20 votos a favor, 3 en contra por parte de las diputadas Eva María Vázquez Hernández, Loreto Quintero Quintero y Claudia Agatón Muñiz, así como dos abstenciones, una de la diputada Araceli Geraldo Núñez y la otra, del diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona.

El nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social se construirá en el ex Ejido Chapultepec, junto a la Base Aérea Militar número 3, dio a conocer el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.

Durante la transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla, el presidente municipal reveló que el hospital tendrá una inversión de 2 mil 50 millones de pesos, contará con 180 camas y una Unidad Médico Familiar con 14 consultorios. La obra generará mil empleos y beneficiará a 3 mil 750 personas, aseveró.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, dijo que el terreno se ubica en la parcela 11 del ex Ejido, en una superficie de 3.22 hectáreas.

Explicó que el terreno requiere una subdivisión y el canje con el propietario para sustituirle el predio por otro.

GENERÓ ENSENADA 12 MIL 500 EMPLEOS EN PRIMER SEMESTRE

De los 25 mil empleos generados en Baja California durante el primer semestre del año, Ensenada generó la mitad, pese a la caída de la actividad turística y la suspensión de arribos por parte de los cruceros, sostuvo el alcalde Armando Ayala Robles.

Afirmó que en las primeras 10 semanas de 2020 el sector hotelero creció 13 mil 500 noches comparado con 2019.

Indicó que las pérdidas por falta de 150 arribos de cruceros ascienden a 450 millones de pesos. Por último, comentó que a la fecha se han aprobado alrededor de 650 protocolos sanitarios para la reapertura de negocios en el puerto.