Por Adela Navarro Bello
Los políticos arremeten contra quien señala sus intereses, sean de su partido, de la oposición, activistas o periodistas.
Quienes ostentan un cargo público normalmente sienten que tienen todo el poder. Especialmente los titulares del poder ejecutivo, Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, que controlan millonarios presupuestos, la fuerza pública y la reglamentación y leyes de un municipio o un estado.
Ese poder público que proviene del voto de confianza que los electores les han dado para administrar los bienes del Estado suelen convertirlo, quienes lo ejercen, en un poder político que lo llegan a aplicar gobiernos absolutistas, autoritarios. Suele suceder también que a la par de ser el primer mandatario del Estado, tengan injerencia en el Poder Legislativo. Entre más diputados del mismo partido, más control sobre ese órgano.
En el sistema de administración pública y político en México no hay candados para amarrar las manos a un Gobernador, a un Alcalde. Los presupuestos suelen utilizarse con los amigos o con las compañías que están dispuestas a dar un moche a cambio de una millonaria concesión, convenio o contrato.
Los gobernadores llegan a tener tal poder que controlan, incluso, a algunos grupos de la sociedad civil, meten la mano en organismos descentralizados e intentan, en ocasiones con éxito, controlar a la prensa. Dejando a la prensa libre, independiente, vulnerada ante este poder.
Casos hay varios. Acá en Baja California, de la Coordinación de Comunicación han salido propuestas económicas publicitarias para medios a cambio que el tema de la deuda de 476 millones de pesos que tiene el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid con la Universidad Autónoma de Baja California, no se publique, no se magnifique, no se dimensione en su realidad: un desvío de fondos que estaban destinados a la Universidad.
Los Gobernadores utilizan el poder público para reprimir, para premiar, para sacar provecho. No hay Gobernador pobre en México. Una vez que se llega al cargo se dispone de dinero, de aviones, de presupuesto, de colaboradores, de automóviles, de un sinfín de privilegios y prestaciones que los hace perder la cabeza, hasta convertirlos en todopoderosos.
Escribía hace unos días que las tropelías de Javier Duarte de Ochoa, por las cuelas hoy es un prófugo de la justicia, y ha dejado al Estado de Veracruz en serios problemas económicos, no las realizó en el último año. Fue una conducta ilícita sistemática, avalada por la complicidad de los otros poderes y de políticos y partidos que de una u otra forma, salían beneficiados.
Los políticos arremeten contra quien señala sus intereses, sean de su partido, de la oposición, activistas o periodistas. Volvemos al caso de Duarte de Ochoa: 17 periodistas asesinados en sus poco más de cinco años frente al gobierno veracruzano. Todos en la impunidad, sin justicia ni castigo.
La prensa libre, independiente, con el único compromiso de informar lo que sucede en el contexto de una ciudad, un estado o el País, es la puerta para la denuncia ciudadana, para la exhibición de corrupción, para el señalamiento de conductas ilícitas o actitudes autoritarias. El caso de la “casa blanca”, que presume tráfico de influencias en la adquisición de un bien por parte de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, fue develado por un medio de comunicación independiente, Aristegui Noticias. La develación de las inversiones de políticos, empresarios, jefes de estado, artistas y otros, en paraísos fiscales, fue una investigación iniciada por el periódico alemán Suddeutsche Zeitung y posteriormente compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Investigaciones ambas, por mencionar algunas, que han sido parteaguas en el señalamiento e investigación oficial de la corrupción en varios países.
Las reglas han cambiado. Existe un Sistema Nacional Anticorrupción en México que está en su etapa de integración con una participación ciudadana considerable. Los ciudadanos de hecho ante revelaciones tales, se sienten más confiados para denunciar arbitrariedades de políticos y gobiernos. Los periodistas libres están obligados a seguir esos temas por el compromiso adquirido no sólo con el oficio, sino con su sociedad.
Pero esa libertad de prensa podría verse perjudicada dependiendo de la decisión que se tome en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los siguientes días. En estos momentos analizan una sentencia sobre el derecho de réplica que podría vulnerar la libertad de expresión.
A petición del PRD y Morena, la Corte analiza eliminar el Artículo 3 de la Ley sobre el Derecho de Réplica que textualmente dice: “Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause agravio”.
Eliminando el requisito para “sentirse agraviado”, se abre la puerta a que cualquier persona, incluso si la información es verdadera, pero que sienta que le ha causado un agravio, pueda judicializar el caso contra el periodista o el medio. Será esta, de aprobarse la modificación en la corte, una presión para la prensa libre, vulnerar la libertad de expresión.
Aun sin la modificación, personajes como Javier Duarte de Veracruz y Humberto Moreira de Coahuila, han demandado a la prensa. El veracruzano demandó al Grupo Reforma (Periódico Reforma), por daño moral. El Gobernador con licencia consideró que la publicación en ese diario de dos notas, una de cómo se esfumaron 368 millones de pesos y otra donde prometen cárcel a mandatarios, fueron un agravio contra su persona y se fue legalmente contra el medio. Además solicitó que el periódico se abstuviera de publicar información alguna sobre su persona. Hoy día Duarte es un prófugo de la justicia.
Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila hizo lo propio. Demandó al periódico Vanguardia de aquella tierra y a una reportera, porque con sus notas le causaron “daño moral” al hablar de las irregularidades que se cometieron para darle una pensión a él mismo. Ya envalentonado, con todo el poder de la impunidad, Moreira también demando al escritor Sergio Aguayo. También por daño moral y exigiendo una compensación de diez millones de pesos, pues consideró que el intelectual “atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen […], lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación […]”, cuando el escritor elaboró una columna refiriendo los hechos que llevaron a la Policía Nacional Española, detener a Humberto Moreira a inicios de este año. El mismo Moreira demandó también al periodista Pedro Ferriz de Con.
En estos casos, el de Duarte y el de Moreira, los hechos referidos por los demandados fueron confirmados, investigados, y probados, por fuentes cercanas a la realización de los actos considerados ilícitos. Es verdad que ahora investigan a Duarte porque se esfumaron cientos de millones de pesos, es verdad que Moreira recibió una súper pensión como maestro que dice ser, y también lo es –todos lo vimos- que estuvo en prisión en España.
Si la Corte decide eliminar las normativas para el derecho de réplica establecidas cuando se trate de “información falsa o inexacta” -que sería lo justo si algún comunicador no hizo bien su trabajo de investigación-, y abrir el abanico a cualquier persona que se sienta agraviada, así la información sea verdadera, la Corte abrirá una puerta de demandas contra medios y periodistas independientes, por parte de malos gobernantes, pésimos políticos, corruptos funcionarios. Se institucionalizará la intimidación a los periodistas. Se vulnerará la libertad de expresión.
El análisis está a cargo el Ministro Alberto Pérez Dayán, y será llevado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de noviembre. Hay que estar pendientes. La libertad de expresión, hoy más que nunca, debe ser protegida y no vulnerada. La sociedad mexicana no puede correr el riesgo de quedarse sin voz y ciega ante el cinismo de gobiernos que pretende atropellarlo todo y que nadie diga nada
