"Seguimos en la calle, no nos van amedrentar con la amenaza de reprimir y meter presos a los estudiantes, a los que legítimamente protestamos", dijo a la prensa el dirigente estudiantil Juan Requesens.
"¿Cómo puede el gobierno decir que está a favor del diálogo cuando reprime y meten presos a los estudiantes?", preguntó.
La noche del viernes se registró un violento incidente en Altamira, un barrio de clase media-alta en el este de Caracas, luego de que decenas de manifestantes comenzaron a lanzar bombas molotov, piedras y botellas a más de un centenar de guardias nacionales que resguardaban una avenida de la localidad. Los agentes trataban de contener a los manifestantes valiéndose de un camión cisterna y perdigones.
En el incidente resultaron detenidas unas 41 personas, "entre ellos hay varios extranjeros", dijo la jefa de prensa de la Presidencia, Teresa Maniglia, a través de su cuenta en la red social Twitter, sin dar detalles.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, denunció que entre los detenidos figuraría una fotógrafa italiana que identificó como Francesca Commi.
"Exigimos a la defensoría del Pueblo constatar condiciones de arresto de Francesca Commi en Fuerte Tiuna", la mayor instalación militar del país, "y que medie para su liberación", dijo. Las autoridades no han confirmado la identidad de los detenidos.
Por tercer día consecutivo algunas de las principales avenidas del este de la capital fueron bloqueadas con barricadas de desechos y troncos de árboles que instalaron los manifestantes —esencialmente universitarios y opositores— en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que culpan de la galopante inflación de más de 56% en los últimos 12 meses, la rampante criminalidad y el profundo desabastecimiento de productos básicos que agobian a los venezolanos. No se reportaron incidentes violentos.
Maduro sostiene que las protestas son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado. Esta es la primera crisis que enfrenta el mandatario que asumió el gobierno en abril de 2013 luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez.
El alcalde oficialista del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció que hay planes para "que se desborde la actuación de los cuerpos de seguridad" y rechazó que se afecte "el libre tránsito".
"Grupos de derecha han estado trancando calles y armando guarimbas (barricadas), sometiendo a los mismos habitantes de las zonas donde viven a situaciones incómodas, pero ellos son minorías. La mayoría de los caraqueños quieren paz y disfrutar estos días de asueto", agregó.
Las actividades públicas y comerciales fueron suspendidas desde el jueves por decisión del gobierno, que elevó de cuatro a seis días el asueto por las celebraciones del carnaval.
Una caravana de decenas de manifestantes a bordo de automóviles y motociclistas, ondeando banderas nacionales y pancartas con el lema "ni un muerto más", tomó pacíficamente algunas de las principales avenidas de la capital.
"Estamos recorriendo la ciudad y alzando nuestra voz para rechazar la represión, rechazar las persecuciones, exigir la liberación de quienes injustamente están privados de la libertad", dijo el alcalde del municipio capitalino de El Hatillo, David Smolansky, uno de los promotores de la caravana.
Tras las protestas de los últimos 18 días en Caracas y otras ciudades del interior del país se han registrado 17 muertos, 261 heridos y 55 detenidos, entre ellos 14 miembros de los cuerpos de seguridad, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General divulgadas el viernes.
Marino Alvarado, representante de la ONG local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), lamentó la acción de algunos agentes de la Guardia Nacional "que lanzan bombas lacrimógenas contra edificios e incurren en excesos a la hora de realizar una detención".
Alvarado instó también a los manifestantes a preservar "el carácter pacífico" de la protesta.
Al comentar sobre los llamados de Maduro a que estudiantes y líderes opositores se unan a la iniciativa de diálogo promovida por el gobierno, el activista consideró necesario que se den ciertas condiciones como frenar la represión y respetar "al que piensa distinto".
Los adversarios del gobierno rechazaron la propuesta de diálogo, argumentando que no puede haber conversaciones si los cuerpos de seguridad mantienen la "excesiva represión" de las protestas callejeras.
El bloque opositor de la llamada Mesa de Unidad Democrática rechazó la iniciativa en un comunicado y sostuvo que "la represión no acerca, aleja, y el gobierno no muestra escrúpulos por su uso extensivo".