Solo un escándalo mediático ante la opinión pública resultaron ser las movilizaciones de agentes federales que arribaron ex profeso de la Ciudad de México para efectuar varios cateos por una supuesta explotación sexual infantil y trata de personas.

Sin embargo, la realidad jurídica es que los diez sujetos detenidos solo enfrentan la posible comisión del delito de tráfico de infantes centroamericanos no acompañados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal. 

Fue precisamente el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, quien alentó con sus reiteradas declaraciones la supuesta red internacional de explotadores sexuales e incluso hasta se habló de traficantes de órganos.

Pero la realidad de lo sucedido se confió de forma extraoficial y se inició cuando la familia de dos personas de origen salvadoreño denunciaron ante las autoridades de Estados Unidos que dos de sus integrantes estaban en manos de "polleros" en Tijuana.

Optaron por denunciarlo cuando los traficantes de personas los contactaron vía telefónica para exigirles la mitad del dinero pactado para internarlos al vecino país y el resto cuando llegaran a su destino final. 

Además de que los dos migrantes centroamericanos, al aparecer mujeres, les comunicaron que las estaban tratando muy mal, por lo que se alertó a las autoridades mexicanas. 

A través del agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se notificó a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, y de inmediato iniciar una investigación en torno a la banda de traficante de indocumentados. 

Policías municipales tuvieron la encomienda de ubicar y fotografiar los inmuebles que ya habían sido detectados, y que sabían los federales que los utilizaban los "polleros" para rotar a los extranjeros y que no permanecieran mucho tiempo en un solo lugar.

Mediante un aparatoso despliegue policíaco de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, y con el apoyo de la Policía Federal y la Municipal, se llevaron a cabo los cateos de cinco inmuebles y detener a diez integrantes de la banda de "polleros".

Trascendió que estaban liderados por una mujer de nombre Catalina "N", y su cónyuge, de los que de momento se desconoce cuánto tiempo tenían dedicándose al tráfico de migrantes de origen salvadoreño, que trasladaban por el territorio nacional y luego los resguardaban en Tijuana.

Incluso las órdenes de cateo no fueron formuladas por el titular de un Juzgado de Distrito, como se acostumbra, sino que las otorgó el órgano jurisdiccional especializado de la PGR.

Lo insólito es que la SSPM sigue en su postura de magnificar su intervención y lo describe como un "hecho histórico porque es la primera ocasión que la SEIDO investiga un asunto con una unidad especial de la Secretaría", se argumenta puntual. 

Pero va más allá al presumir que en la "investigación el personal de todas las dependencias involucradas dispuso de la tecnología más avanzada y aplicó técnicas especiales, cuya eficiencia quedó plenamente avalada por los resultados". 

Pero la verdad jurídica es que los diez detenidos solo están sujetos a proceso formal por el presunto delito de tráfico de infantes centroamericanos no acompañados, y en ningún momento por explotación sexual o trata de personas. 

Se confió que el representante social de la Federación cuenta con un plazo de hasta 96 horas para resolver la situación jurídica de los implicados, por tratarse de un asunto en el que se puede presumir el ilícito de delincuencia organizada.