La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este martes que obtuvo una "sentencia condenatoria" en contra de 18 personas relacionadas con el secuestro de migrantes en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas.
"Los ahora sentenciados fueron detenidos en los meses de marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su contra, quedando a disposición del Juez del conocimiento", indicó la FGR.
Según medios locales, los sentenciados podrían formar parte del cártel de Los Zetas.
La FGR no precisó si las sentencias corresponden a los hechos conocidos como masacre en San Fernando, ocurrido entre el 22 y 23 de agosto de 2010, donde sicarios de Los Zetas ejecutaron a 72 centroamericanos por no pagar por su rescate o no integrarse a la organización delictiva.
La Fiscalía detalló también que la condena se obtuvo "a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor)".
Las penas van desde los 13 hasta los 58 años de prisión y la mayor parte de las personas están condenadas por delitos como delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las autoridades o secuestro.
A finales de noviembre de 2021, varias ONG mexicanas expusieron que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a una activista, a una periodista y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por Los Zetas en 2011.
En un comunicado, expusieron que la PGR (hoy FGR), entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, "echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas (2011)", sino "para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista", denunciaron.
Al menos 2 mil migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según los reportes hechos por sus familiares, según el último reporte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) de finales de 2021.
