MÉXICO, D.F.- Miriam Isaura López Vargas, mujer indígena de 30 años, fue torturada, semiasfixiada y violada por miembros del Ejército para obligarla a autoincriminarse por el delito de narcotráfico, denunció la organización Amnistía Internacional (AI).

El caso fue elegido para ser parte de una campaña de promoción de acciones a favor de los derechos humanos impulsada por AI. En diciembre de cada año, el organismo internacional difunde historias emblemáticas en el mundo.

Entre otras cosas, AI exhorta a la ciudadanía a escribir una carta al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, instándole a que emprenda, sin demora, una investigación plena e imparcial de la tortura que en 2011 sufrió Miriam.

2 de octubre que Miriam no olvida

Dedicada a ser ama de casa, el 2 de octubre de 2011, Miriam llevó a sus hijos a la escuela en Ensenada, Baja California. Después de dejarlos decidió ir a tomar una taza de café con una amiga, al salir de su reunión subió a su automóvil y se dirigió a su casa para después ser detenida por dos personas vestidas de civil, en ese momento Miriam pensó que había sido secuestrada.

Los dos individuos, quienes tiempo después en un juicio se identificaron como soldados, la vendaron de los ojos y la trasladaron hasta Tijuana, cuando le quitaron la venda lo primero que alcanzó a observar fue la bandera de México y ahí se percató que se encontraba en un cuartel militar.

Los sujetos le exigían que firmara una confesión autoincriminatoria falsa que la implicaba en delitos de narcotráfico, pero al no acceder, Miriam fue víctima de tortura física y psicológica; le aplicaron descargas eléctricas tanto en las plantas de los pies como en diferentes partes de su cuerpo, le mostraron fotografías de su familia tomadas a escondidas en la calle y le decían que si no cooperaba "irían por ellos", la sometieron a semiasfixia y a posturas de tensión, la amenazaban con cortarle la mano y la violaron en tres ocasiones, obligándola a bañarse y a ponerse ropa limpia para que el siguiente militar pudiera abusar de ella sexualmente.

Durante partes del interrogatorio, un abogado público designado por el Estado observaba cómo Miriam era torturada sin hacer nada por defender sus derechos humanos o poner fin a las vejaciones.

Fue hasta el 6 de febrero del mismo año cuando el ministerio público consiguió que el juez dictara una orden de arraigo para darle continuidad al caso. Las detenciones preventivas (arraigos) permiten al MP mantener en reclusión a los sospechosos por un periodo de hasta 80 días sin presentar cargos.

Tres días después, Miriam López fue trasladada al Centro Nacional de Arraigo de Ciudad de México, bajo la autoridad de la PGR hasta el 26 de abril de 2011, día en que fueron presentados cargos en su contra y se decretó su ingreso preventivo en prisión por delitos de drogas.

Como en muchos casos, a Miriam se le negó el derecho de acceder a un abogado de su elección pero cinco meses después, en septiembre de 2011, un juez federal decidió que las acusaciones en su contra eran insostenibles y ordenó que fuera puesta en libertad sin ningún tipo de cargo en su contra.

Tres meses después, estando en su casa, fue víctima de hostigamiento por parte de varios soldados, algunos con pasamontañas, quienes tocaron con insistencia a su puerta, llamándola a gritos por su nombre y apellido argumentando que le llevaban unos documentos. Preocupada por su seguridad decidió presentar una denuncia ante la PGR por las violaciones de derechos humanos que había sufrido apoyada por diferentes organizaciones locales.

En octubre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe sobre el caso de Miriam López que confirmaba que había sido sometida a tortura. Ella pidió justicia y reparación de daños.

Aunque la PGR y el Ejército aceptaron las recomendaciones de la CNDH, esta organización no ha informado a Miriam ni a su abogada sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.

Actualmente, ninguno de sus agresores ha sido citado a declarar.