Enrique Peña Nieto está próximo a cumplir dos años como Presidente de México, pero durante los primeros 23 meses de su gobierno –el 1 de diciembre se cumplen 2 años– el panorama para el país ha empeorado, coincidieron activistas y especialistas.

El país pasó de las denuncias de fraude electoral a una vorágine de reformas acordadas por el gobierno federal, el Revolucionario Institucional (PRD) y las dos principales fuerzas opositoras: el PRD y el PAN. Al mismo tiempo, mientras los problemas de inseguridad fueron enviados a un segundo plano, el crecimiento empezó también su declive. Ahora, inseguridad y economía se han antepuesto a la agenda impulsada desde Los Pinos, dicen especialistas.

Pero no sólo académicos y activistas: también esos son los principales motivos de preocupación de los consultores privados encuestados por el Banco de México (Banxico) y esos mismos fueron planteados por la Junta del Banco Central apenas la semana pasada.

“Si con el  ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa la violación de los derechos de los migrantes, mujeres, niños y en general de la población estuvo a la orden del día, en este sexenio se agudizó”, dice Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA). En lo que va de la administración de Peña Nieto, la organización Artículo 19 registró un incremento en las agresiones en materia de libertad de expresión, lo que representó un aumento del 40 por ciento comparado con el último año de gobierno de Calderón Hinojosa.

Francisco Sandoval Alarcón, oficial Adjunto para la Libertad de Expresión de la organización, explicó que hay una apariencia de que el nivel de violencia disminuyó; pero las amenazas contra los periodistas se incrementaron. “[Antes] se les advertía que debían dejar de estar escribiendo los temas relacionados con corrupción, en algunos casos también de narcotráfico pero sobre todo del vínculo de los grupos criminales con el gobierno”.

Para el representante de Artículo 19, la libertad de expresión es un derecho protegido para las instancias internacionales de derechos humanos, sin embargo, el gobierno mexicano, “al no investigar adecuadamente las agresiones y no brindando protección a los periodistas evidentemente está incumpliendo con los tratados internacionales que ha signado México”.

“Para que un país pueda ser democrático tiene que garantizar otros derechos como la libertad de expresión. No se puede hablar de democracia en un estado, en un país donde se está asesinando a periodistas, donde se ataca impunemente a los medios y no hay resultados en las investigaciones”, dijo.

Para Abraham Vergara, académico de la Universidad Iberoamericana, uno de los grandes errores de Calderón fue utilizar la palabra guerra. Sin embargo, dice, ahora con Peña Nieto la difusión es mayor y aunado a eso, están los diferentes sucesos violentos que se registraron bajo su administración al frente del Estado de México.

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Los derechos humanos en México, no sólo no mejoraron, sino que su situación empeoró en el país durante lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, coincidieron activistas.

Si con ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa la violación de los derechos de los migrantes, mujeres, niños y en general de la población estuvo a la orden del día, en este sexenio se agudizó, dijo Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA).

“Sólo cambió la narrativa, es algo muy puntual: Calderón hablaba de guerra, luego con Peña Nieto cambia el discurso, pero la violencia no se atenuó, sino que se fragmentó, los cárteles se dividieron en varias células y la situación en términos de pérdida de vidas humanas, de vulnerabilidad, se mantiene igual e incluso peor”, explicó.

El especialista indicó que con el incremento en la violencia y el crimen organizado, también se agravó la violación de los derechos humanos. “Hay dos casos paradigmáticos: Iguala y Tlatlaya, dos botones de muestra de que no sólo no se gestionó bien el tema de la violencia, sino se agravó en muchos lugares y si nos atenemos a que buena parte de los autores de la violencia contra los ciudadanos pertenecen al Estado, es grave.

En la sociedad tendríamos una preocupación menos si la totalidad de los que violentan a los ciudadanos, fuera sólo el crimen organizado, pero como son representantes del Estado, es un desastre”, dijo. Jorge González de León, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), indicó que en la administración de Peña Nieto, no sólo se debe hablar de violación de derechos humanos, sino de crímenes de lesa humanidad.

“Con lo de Ayotzinapa, ya no se habla de violación de derechos humanos, sino de crimen de lesa humanidad. Cuantitativamente empeoró de Calderón a Peña Nieto. Se pone en evidencia que muchos de los asesinatos y desapariciones están cometidos por autoridades, tanto municipal, federal y estatal”, dijo. González de León detalló que en estos dos últimos años la crisis de derechos humanos que vive el país se visibilizó más, pero aún se desconoce hasta dónde está involucrado el Ejército, por ejemplo, en la violación de las garantías de los ciudadanos.

SEGURIDAD PÚBLICA Para Édgar Cortez, especialista en seguridad del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el diagnóstico es que “hay un escenario muy grave en materia de seguridad y justicia”, cuya evidencia más contundente son los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en Tlatlaya, Estado de México, y el homicidio de seis personas y desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, perpetrados por policías municipales.

Para Cortez, se trata de casos emblemáticos no sólo por la participación de fuerzas del Estado, sino también porque el primero mostró los riesgos que implica que el Ejército realice labores de seguridad, además de que exhibió cómo las autoridades civiles se prestaron para encubrir a los responsables.

El caso de Iguala, por otro lado, evidenció que las instituciones de procuración de justicia tienen enormes dificultades para hacer una investigación seria, confiable, creíble, además de que mostró que la realidad de las desapariciones es “monumental” en el país, a decir de Cortez.

“Yo me atrevería a decir que el caso de los normalistas y el de Tlatlaya son dos casos que condensan muchos de los problemas que tenemos de tiempo atrás: policías corruptos y vinculados a la delincuencia organizada; autoridades municipales que están formando parte de la delincuencia organizada; instituciones que deben investigar los delitos y no tienen la suficiente capacidad o no quieren hacerlo porque probablemente también están en esas redes de corrupción; el gobierno federal que tarda en entrar al tema en lugar de asumir las deficiencias de las instituciones estatales…”, enlistó.

Si bien Cortez subrayó que los problemas que vienen de tiempo atrás, dijo que el gobierno de Peña Nieto “tampoco ha tenido la capacidad ni la creatividad para hacerles frente, y ahora le han estallado en la cara y han dejado en evidencia los enormes problemas que estamos teniendo”.

El especialista en temas de seguridad pública se refirió también al cambio de narrativa que ha promovido el gobierno de Peña Nieto desde sus inicios. “Hoy hay un quiebre en cuanto a que ese discurso, ese cambio de narrativa no se sostiene, hay evidencias muy contundentes del tamaño y la profundidad de la crisis y la necesidad de soluciones de fondo”, consideró.

El Reporte sobre delitos de alto impacto correspondiente a agosto de 2014, del Observatorio Nacional Ciudadano, coincide con esta postura al señalar que hechos como Tlatlaya e Iguala, así como el hallazgo de fosas clandestinas en Guerrero y Tamaulipas, homicidios múltiples en Guerrero y Sinaloa, o asesinatos políticos en Jalisco y Guerrero, “son claros ejemplos de cómo los discursos triunfalistas de las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran muy lejos de la realidad que vivimos en este país”.

El Observatorio hace referencia a la reducción, en cifras, de homicidios dolosos, que el gobierno federal usa como referente para medir avances y resultados de sus acciones en materia de seguridad.

Al respecto, la organización enfocada en analizar la eficacia de las políticas públicas en seguridad y justicia señala que la metodología para medir dicho delito es deficiente, no sólo por la calidad de la información que proporcionan las procuradurías o fiscalías de justicia locales, sino también por las características que ha adquirido la violencia y la delincuencia.

El hallazgo de fosas clandestinas y la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias son evidencia de ello, de acuerdo con el Observatorio.

Además, refiere que la alta incidencia en otros delitos de alto impacto influyen en un clima de inseguridad, mientras que la ineficacia en el combate a la delincuencia y la colusión de las autoridades vulneran la confianza ciudadana en las instituciones.

Agrega el informe que si bien hay entidades con niveles aceptables de seguridad, hay otras como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas y Veracruz con una “debilidad institucional tan grande que ha generado condiciones de desintegración social, cultura delincuencial y tasas de incidencia delictiva equiparables a las [de] países con guerras civiles”. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/17-11-2014/1169296. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

De enero a septiembre de 2014, Artículo 19 ha documentado 222 agresiones contra la prensa mexicana.

En 94 casos se trata de ataques físicos; 40 actos de intimidación; 37 amenazas; 23 detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un comunicador.

En el 42 por ciento de las agresiones el responsable es un funcionario público; en 17 por ciento es un particular y 27 por ciento se desconoce al atacante.

En su último reporte trimestral, la organización documentó el asesinato de los periodistas Octavio Rojas Hernández de Oaxaca y de Norberto Herrera en Zacatecas. También reportó el asesinato de Juan Diego Benítez, un menor de 12 años, cuyo padre es Indalecio Benítez, locutor y fundador de la radio comunitaria Calentana 98.1 FM, en Luvianos, Estado de México.

Sandoval Alarcón, de Artículo 19, dijo que actualmente se vive un retroceso en materia de libertad de expresión pues la impunidad continúa en la mayoría de los casos.

“En más del 90 por ciento de las historias no hay investigaciones contundentes, no se llega a la investigación de los casos, no se castiga a los responsables y no hay sanciones penales ante las instancias judiciales”, afirmó. También explicó que esta impunidad genera un efecto de repetición.

“Para un agresor es sumamente fácil agredir a un periodista porque no va haber sentencia, no va a haber investigaciones, ni castigo para ellos”.

Durante la administración de Felipe Calderón, diarios y portales de noticia del estado de Tamaulipas anunciaron que dejarían de publicar información sobre narcotráfico debido a las acciones en su contra y amenazas que recibían por parte del crimen organizado, sin embargo, Artículo 19 asegura que actualmente siguen sin hacerlo, pues no hay condiciones para hacerlo.

En 2013, la organización reportó que cada 26 horas se agredía a un periodista, hasta el mes de octubre de este año, es cada 29 horas. Durante el último año de Felipe Calderón el lapso fue de 34 a 36 horas.

En el último año de gobierno de Felipe Calderón se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el fin de implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, sin embargo, esta iniciativa no se cumple cabalmente.

“Se cuenta con una ley federal para proteger, para garantizar la seguridad de los periodistas, se cuenta con una fiscalía para investigar los crímenes, es especializada, se cuenta con un mecanismo de protección pero aun así, las agresiones van a la alza, lo que quiere decir que no han sido efectivas estas instancias ni para investigar, ni para brindar protección”, dijo Sandoval Alarcón.

Respecto a la protesta social, Artículo 19 considera muy grave que además de que se reprimen las manifestaciones, también se agrede a las personas que documentan las mismas.

El año pasado la organización llevó la defensa legal de un joven fotoperiodista independiente, Gustavo Ruiz, detenido en una protesta. Se le impuso una fianza de casi nueve mil dólares, sin embargo, tras la caución tuvo que pagar el 10 por ciento. Se le fincaron cargos como resistencia a la autoridad, agresión cuando nada de esto ocurrió. “Fueron cargos falsos, pero aún así un juez le dio entrada a las declaraciones de los policías falsas y se le inició el proceso”.

“También se dan detenciones a personas que se manifiestan, se han dado detenciones arbitrarias y agresiones a esas personas y el argumento de la policía es que generaban disturbios en las calles, pero estas detenciones se dan una o dos horas después de los disturbios, es decir a nadie capturan en el acto”, acusó. Por otra parte recordó las leyes que están aprobando distintos estados en las que se pretende regular las manifestaciones como en el caso de Quintana Roo, Puebla, en el DF, Chiapas.

En muchas de esas leyes, para la autoridad es más “importante que un automovilista o un peatón tenga libertad de tránsito a una protesta legítima ante la inconformidad de un gobierno tanto federal, estatal y municipal que ha sido negligente con sus ciudadanos”.

“Vemos también esa idea errónea de querer legislar cuando no debe ser así. Lo que tienen que hacer es responder a las demandas, canalizar esas inconformidades, dar respuesta, hacer un mejor papel en la procuración de justicia. Dejarse de estas leyes que buscan reprimir nada más la protesta”.

Francisco Sandoval aseguró que la protesta es un derecho de derechos, pues también es libertad de expresión. Es una manifestación en la que se solicita que el gobierno cumpla con sus deberes, que atienda las demandas de la ciudadanía.