Pese a los contratiempos que surgieron ante el incumplimiento de una empresa particular, el sistema de fiscalización para las campañas rumbo a los comicios del 7 de junio estará listo para aplicarse a los partidos a partir de marzo donde el Instituto Nacional de Elecciones (INE) tendrá “mucho cuidado” en el prorrateo de los gastos de campaña y la emisión de criterios claros, ya que de esto depende en gran medida que algún candidato o candidata rebase los topes de gastos de campaña, lo que puede derivar en la anulación de una elección.
Así lo informó el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Benito Naciff, quien presentó a los partidos el plan de trabajo que seguirá el Instituto para la puesta en marcha del aplicativo que permitirá a los partidos registrar en línea sus operaciones de ingresos y gastos de campaña rumbo a los comicios donde se renovará la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas, entre otros cargos.
Durante la reunión de dicha comisión, Naciff atajó las dudas e inquietudes de los partidos ante el riesgo de que el sistema de fiscalización no estuviese listo antes del arranque de las campañas electorales, y aseguró que dicho sistema va conforme a lo programado y estará listo en marzo próximo para que los partidos pueden empezar a familiarizarse con ese programa.
“No tenemos ninguna alerta de que el sistema no estará listo en tiempo, se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento y, derivado de las mismas, no hay ningún indicio de que el sistema no estará listo en los tiempos previstos”, sostuvo
Naciff aseguró que los partidos fueron informados sobre la implementación de la fiscalización a nivel nacional en tres etapas: el inicio del sistema de contabilidad, la obtención de información de fuentes externas así como visitas, auditorias y detección de errores y omisiones.
En un comunicado refrendó el compromiso del INE a fiscalizar los recursos de las campañas y candidatos tal como la ley electoral lo indica.
Recordó que el sistema de fiscalización que deriva de la pasada Reforma Electoral implica mecanismos novedosos, para cuya adecuada implementación es fundamental la colaboración de los partidos políticos y de los Organismos Públicos Locales Electorales, con quienes ya existe coordinación en la materia.