A punto de entrar en la recta final del proceso electoral del 7 de junio, y a tres semanas del día de las votaciones, los candidatos y los partidos políticos, sobre todo del PRI y del PAN, han enrarecido el clima electoral en Baja California Sur.
El debate fluyó con señalamientos mutuos y hasta denuncias penales por los delitos de “uso de recursos de dudosa procedencia” y “utilización de recursos del crimen organizado” en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República.
Las acusaciones entre el panista Carlos Mendoza Davis y el priista Ricardo Barroso Agramont borraron del escenario político al resto de sus contrincantes -el de MORENA, Víctor Manuel Castro Cosío y el del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, Jesús Druk González-. Sus dichos corren con mucha fuerza en prensa, radio y televisión, como si se tratara de un espectáculo. El analista político y creador del libro “Del Dedazo a la Alternancia”, Federico Riestra Castro, opina que en este proceso electoral, las redes sociales han jugado un papel preponderante y “han sido malamente utilizadas para sacarse los trapitos al sol entre los candidatos, desde equivocaciones hasta llamadas telefónicas, y donde es evidente el golpeteo entre unos y otros, los cuales están a la caza de cualquier error o palabras mal dichas, y echárselo en cara”. Las grabaciones telefónicas del candidato a la gubernatura de los partidos Acción Nacional y de Renovación Sudcaliforniana (PRS), Carlos Mendoza Davis, fue el tema que una y otra vez el priista Ricardo Barroso Agramont sacó a colación cada vez que pudo en el primer debate oficial registrado el 8 de mayo y organizado por el Instituto Estatal Electoral. Aunque el formato original era en tres bloques y solo se tocarían los temas de Política y Gobierno; Economía y Empleo; y Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, el abanderado del tricolor cuestionó directamente al panista. “Carlos, la transparencia con la que hablas no es la misma con la que actúas, mas allá del tema político y a nombre de todos los sudcalifornianos, te pregunto: Después de tus llamadas negociando dinero sucio para tu campaña, después de esas pruebas fehacientes de tu conversación a cambio de no sé qué, ¿tendrás la dignidad de renunciar a tu candidatura de gobernador?”.
La respuesta vino de inmediato: “Ricardo (Barroso), eso que llamas pruebas fehacientes es ilegalidad, no son más que actos de desesperación del que se sabe perdido, hasta tu padrino Emilio Gamboa ha dicho ya que detesta esas prácticas de estar interviniendo la intimidad de las familias, es un delito por si no lo sabes, y no constituye, de acuerdo con la Suprema Corte, prueba de nada”, y enseguida arremetió: “La gente está cansada de escuchar historias de políticos que viven en mansiones blancas (Casa Blanca) y que viajan de vacaciones en helicópteros de gobierno (ex director de la CONAGUA), eso a todos nos indigna, ojalá y lo explicaras; estamos hartos de políticos que ocultan e informan a medias su patrimonio o su estado de salud, físico o mental”. El encargado de tratar de apaciguar los ánimos de Barroso y de Mendoza fue el contendiente a la gubernatura del Estado por la alianza PRD-PT-Movimiento Ciudadano, Jesús Druk González, quien expresó: “Baja California Sur no merece un debate donde dos de los candidatos, del PAN y el PRI, se estén sacando las acusaciones (de grabaciones) en las redes sociales, producto seguramente de acciones ilegales, pero que como aquí se ha dicho, tienen que ser investigadas”. El candidato de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Víctor Manuel Castro Cosío, fue un poco más duro: “Han sido muy penosas estas semanas de darnos cuenta cómo un candidato del PRI y un candidato del PAN han generado un triste espectáculo. Cualquiera que sea el resultado electoral, compañeros candidatos, los dos han andado por un mal camino, y esto, a quien sea y haya generado esta situación, es una irresponsabilidad, por eso la gente está harta, enfadada e irritada de estos tristes espectáculos. Cómo es posible que no se haya llevado una investigación, estoy de acuerdo que pueden ser ilegales las filtraciones, los audios, pero debe y tiene la obligación cada candidato de aclarar estas penosas y persistentes prácticas”
