Esta baja representa 364 secuestros menos respecto a la cifra de casos registrados de enero a noviembre de 2014, cuando las fiscalías y procuradurías generales del país atendieron mil 311 asuntos de ese tipo.

Mencionó que la reducción en la incidencia de ese delito se da en el marco de la Estrategia Nacional Antisecuestro y como resultado de la coordinación entre las Unidades Especializadas contra el Secuestro de los 31 estados y del Distrito Federal con las instituciones de seguridad del Gobierno de la República.

En un comunicado señaló que las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública refieren que en noviembre del año pasado se presentaron 102 casos, mientras que en el mismo mes pero de 2015 se contabilizaron 90 secuestros.

Esos datos, puntualizó Gobernación, reflejan una disminución en la cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas de 11.76 por ciento, es decir, 12 casos menos.

Acciones de este tipo se desarrollan en el marco de una estrecha colaboración entre la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) con las dependencias del Gabinete de Seguridad.

Ese cuerpo es integrado por las secretarías de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.

Además del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y las fiscalías y procuradurías generales tanto de los estados como del Distrito Federal.

La Secretaría de Gobernación agregó que el trabajo conjunto es permanente y prueba de ello es el Programa Integral de Capacitación que la Conase mantiene vigente con las Unidades Especiales Contra el Secuestro en el país.

Indicó que en días pasados concluyó el curso de la Cuarta Generación, que durante 212 horas distribuidas en cinco semanas se enfocó a la especialización de 121 investigadores, entre agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos de 10 estados, en temas de investigación y persecución del secuestro.

Refrendó el compromiso del gobierno por disminuir a su mínima expresión el secuestro y trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatales en la investigación y persecución de quienes colaboren con grupos dedicados a este delito, considerado un flagelo social.