El ex gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga (PAN), fue multado por la Contraloría General de ese estado con 7 mil 791.3 millones de pesos y una inhabilitación para ocupar cargos públicos en los próximos 20 años por desvío de recursos públicos.

A unas semanas de concluir su mandato en 2009, solicitó un crédito de mil 500 millones de pesos con el propósito de cubrir el gasto corriente de su administración, no para inversión productiva, por lo que según la Contraloría se califica como desvío.

Aunque la resolución fue asentada en el expediente RESP-057/2011, fue emitida hasta el 25 de septiembre pasado ya que el ex mandatario estatal tramitó diversos incidentes, recursos y amparos, hasta que la justicia federal falló en su contra en todas sus impugnaciones.

Así se dio fin a esta parte del proceso que fue iniciado en contra de Santos Fraga —gobernador constitucional de 2003 a 2009—,  por su sucesor y ex secretario de Salud, el priista Fernando Toranzo Fernández desde 2011 debido a que para pedir el crédito había alegado una emergencia financiera de la entidad por la que no podía mantener en funcionamiento la administración.

La Contraloría impuso una multa económica por 7 mil 791.3 millones de pesos, equivalentes a tres veces el monto del daño patrimonial que la dependencia calculó al estado, que fue de 2 mil 597.1 millones de pesos, a partir de lo estipulado por los artículos 75 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Esta suma se compone de los mil 500 millones de pesos del propio crédito, más mil 097.1 millones de pesos por concepto de intereses causados, según una proyección, entre agosto de 2013 y el término del crédito, que será en agosto de 2029.

Por otra parte, el plazo de la inhabilitación se definió con base en el artículo 79 de la mencionada ley. Al ser el monto de la sanción económica mayor a 200 veces el monto del salario mínimo vigente en la entidad, se aplica inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público hasta por 20 años.

En su defensa, el contador señaló que el estado no contaba con ingresos propios suficientes para cumplir con sus obligaciones, además de que hubo una baja en las participaciones federales de 2009.

La Contraloría dio por hecho que el ex mandatario aceptó, al señalar que el Congreso sabía, al aprobar el crédito, de la emergencia financiera de la entidad, que el destino del crédito fue para mantener en funcionamiento a la administración, es decir, gasto corriente, y no inversión productiva. Lo que, para la CGE, se tradujo en desvío de fondos.

Pese a lo anterior, el ex gobernador puede impugnar el fallo ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo.