Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, anunció ayer que el gobierno federal estudia formar grupos especiales antisecuestro en todos los estados, sobre todo donde ese delito ha aumentado.

“Se están terminando de implementar las políticas para tener grupos especiales  en todas las entidades”, planteó el funcionario, al indicar que está el compromiso del gobierno de este delito.

Ha habido delitos con niveles de reducción sustancial como homicidio, robo con violencia o de vehículos con violencia, pero hay “dos delitos en donde se requiere fortalecer la tarea” como son secuestro y extorsión, expuso.

Planteó que en el caso de los policías federales que fueron detenidos en el estado de Guerrero, y dedicados al secuestro y homicidio, fue una investigación interna la que permitió detectarlos y es parte de las tareas realizadas para atajar esos delitos..

El funcionario dijo lo anterior luego de participar en el foro La Democracia Latinoamericana, en la mesa “Estado y seguridad en los procesos de consolidación democrática”, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE).

“Son tiempos de turbulencia porque son de cambios y de reformas” pero no hay crisis democrática, sino que están en curso reformas electorales o políticas, explicó.

En el evento participó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, quien planteó que la relación entre los delincuentes y el Estado ha cambiado.

Antes los delincuentes huían, luego “dejó de huir, enfrentó; después cooptó, compró, adquirió benevolencia y ahora pretende y en ocasiones lo consigue, mucho más que eso, instalar ya no solo un Estado paralelo, si no apropiarse del Estado y gobernar”.

Ahora con el cambio de gobierno se pretende dar un cambio, pero la reforma en serio no es legislativa solamente, “sino la reforma de instituciones, costumbres y conductas” y el problema es que el sistema en sí es un “ni-ni,  porque ni da soluciones, ni da esperanzas”.

García Ramírez planteó además que no puede hablarse de un nuevo sistema de justicia penal en México, cuando éste incluye a policías, y, se ha evidenciado, éstos están dedicados al secuestro y la extorsión, como en Guerrero.

“¿Podemos hablar de verdadera reforma del sistema penal cuando nos hemos puesto al tanto de que en la Ciudad de México un grupo de policías uniformados cometen secuestros? (…) o cuando  una docena de miembros de otra corporación policial de alcance federal se ha dedicado a la comisión de secuestros? ¿Esto es reforma del sistema penal? “, se preguntó.