Gilberto Lavenant S.
Palco de Prensa
Dice el dicho que “cae más pronto un hablador, que un cojo”. Esto se corroboró plenamente, este jueves, en la sesión ordinaria de la Legislatura estatal.
Los diputados blanquiazules hicieron hasta lo imposible, para proteger al ex gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, votando en contra de la aprobación del dictamen 96 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que señala serias irregularidades en el manejo de la Cuenta Pública Anual del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Y conste, las irregularidades, no son cualquier cosa. Ameritan hacer una denuncia penal en contra de Osuna Millán, además de aplicar sanciones administrativas, como lo sería inhabilitarlo para ocupar cargos públicos.
Bueno, cabe recordar, que el domingo 4 de abril del 2010, la población de Baja California fue estremecida por un terremoto, que alcanzó magnitud de 7.2 grados, registrado a las 15:40 horas, cuyo epicentro fue ubicado a 26 kilómetros al suroeste de la Ciudad Guadalupe Victoria y a 60 kilómetros al sureste de Mexicali.
Los daños fueron cuantiosos, ocasionando al menos dos muertos y mil 218 lesionados. Muchos mexicalenses aún recuerdan esto. Quizás no lo olviden nunca. Mucho menos ahora que se enteren, que Osuna Millán no manejó correctamente los recursos disponibles para ello. A esto se refiere el Dictamen 96, aprobado ayer por la Legislatura, con el voto en contra de los diputados panistas. Obviamente, trataron de proteger a Osuna Millán.
El gobernador panista, fungió como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Al revisar el Orfis, la Cuenta de dicho organismo, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, encontró que despide fétidos olores.
Uno de los puntos principales, detectados, es que habiendo manejado recursos por 112 millones 564 mil 857 pesos, solamente fueron acreditados 91 millones 210 mil 507 pesos, pero quedaron “en el aire”, 21 millones 354 mil 350 pesos. Advierte el Orfis que no les proporcionaron documentación comprobatoria, que valide el registro de dichas aplicaciones, desconociéndose en qué fueron gastados.
Por lo tanto, se puede presumir que alguien “se birló” ese dinero, poco más de 21 millones de pesos. Siendo Osuna Millán el presidente, es el responsable del manejo de esa cantidad de dinero, de tal forma que la debe reponer, o en su caso, deberá ser sancionado.
Y eso no es todo. Al 31 de diciembre de 2012, se encontró un saldo en bancos por un monto de 146 millones 839 mil 658 pesos, por lo que causó extrañeza a los auditores, pues se trata de recursos para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica provocada por el desastre natural.
Es delicado el asunto. Mientras los mexicalenses aún siguen padeciendo los estragos de aquel movimiento telúrico, la administración de Osuna Millán, como por arte de magia, desapareció más de 21 millones de pesos, y además, dejó de aplicar casi 147 millones de pesos, que podrían haber mejorado considerablemente las condiciones de quienes residen en la zona afectada. Tal irresponsabilidad, debe ser sancionada severamente. Así se trate, de quien ostentó el cargo de gobernador de Baja California.
Sin embargo, al someterse a votación dicho dictamen, hubo 11 votos a favor, y 5 en contra. Los votos a favor, o sea para que se proceda en contra de Osuna Millán, fueron 4 de diputados priístas, 1 del PES, 1 del PT, 2 del Movimiento Ciudadano, 1 del PRD, 1 del PBC y 1 del PEVM.
Los que votaron en contra, fueron 5 diputados del PAN, los 2 del Panal y el diputado del PBC Felipe Mayoral. Entre los panistas, obviamente, se incluye el voto de los diputados Rosalba López Regalado y Mario Osuna.
Curiosa o extrañamente, quienes no estuvieron presentes, y por lo tanto no votaron ni a favor, ni en contra, fueron los panistas Cuauhtémoc Cardona y Gustavo Sánchez, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Quizás les dio pena, votar para defender a Osuna Millán.
Apenas el martes 4 de noviembre, al presentar la denuncia penal en contra del titular de la PDH, la diputada panista Rosalba López Regalado, declaró, categóricamente, que lo hacían porque al asumir el cargo de legisladores, hicieron un compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas.
Dicen que hasta engoló la voz, para señalar: “no podemos ser omisos ante las evidencias –en el caso de la PDH-, el resultado de la auditoria especial que solicitamos los diputados del PAN nos arroja que fueron varias las leyes que se violentaron. Ello nos exige firmeza, transparencia y compromiso con los ciudadanos”.
Ahora, habría que preguntarle: ¿con quién fue el compromiso, para votar en contra del dictamen, relativo a los malos manejos de Osuna Millán? Obviamente con el ex gobernador, pero de ninguna manera con los ciudadanos bajacalifornianos.
Evidentemente, los compromisos como representantes populares, ante los electores, desaparecen cuando los tienen que confrontar con los intereses partidistas y entonces, cuando se demuestra que sus señalamientos contra conductas irregulares, son “de dientes pa´fuera”, simples bravatas, quedan en meros actos de deshonestidad. Simple demagogia.
Por ello, aquello de que “cae más pronto un hablador, que un cojo”. Los “valientes” diputados panistas, se evidenciaron como simple habladores. Demagogos, farsantes. Quizás, hasta se mordieron la lengua.
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