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Tijuana, B. C..- Los proyectos que se encuentran en puerta para el deporte en Tijuana de Arturo Hachadur Kaloyán Aguirre, quien fungiera como encargado de despacho del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet), seguirán tal cual y como él hubiera deseado, afirmó el presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orcí, durante el homenaje que se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva CREA.
El alcalde, el doctor Jorge Astiazarán, aseguró que el propósito de Kaloyán Aguirre, consistía en impulsar el movimiento en los tijuanenses mediante un programa llamado “AcTIvate al cien”, el cual no solamente se trata de un plan de deportes o actividades recreativas, sino como toda una estrategia para combatir la obesidad, puesto que Tijuana ocupa el primer lugar en obesidad infantil.
“Convivimos bastante, aparte de ser un muy buen amigo, fue un excelente colaborador. Hacho hizo historia en Tijuana y no lo digo yo, lo dice quien lo conocía al igual que mucha gente que no tuvo la dicha de conocerlo. Yo se que Hacho va a seguir viviendo eternamente en el Imdet”, manifestó Astiazarán Orcí.
Con una emotiva ceremonia realizada por parte de colaboradores del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet), familiares, amigos, empresarios y funcionarios, pudieron darle el último adiós a Arturo Hachadur Kaloyán Aguirre, mediante un último recorrido de 400 metros por la pista del CREA.
México DF.- Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hicieron un enérgico llamado a las autoridades de Baja California (BC), para que cese el hostigamiento contra la periodista Carmen Olsen, directora del portal web Rosarito en la noticia.info.
La comunicadora fue agredida el pasado 4 de enero cuando unos policías la detuvieron y golpearon cuando trataba de documentar la detención de un joven. Tras lo ocurrido, el 31 de enero Olsen fue incorporada al mecanismo de protección y cuenta desde entonces con medidas de resguardo, según informaron las y los consejeros de este órgano.
En la agresión participaron funcionarios del ayuntamiento de Playas de Rosarito, entre ellos Francisco Castro Trenti, entonces director de Seguridad Pública y hoy subprocurador de Derechos Humanos para la zona costa de BC. Francisco es hermano del senador por el PRI y ex candidato a la gubernatura del estado, Fernando Castro Trenti.
De acuerdo con las y los consejeros del Mecanismo para la Protección, en días recientes el acoso hacia la periodista se expresó en una demanda penal por el delito de difamación interpuesta por los policías acusados. El proceso penal 525/2013 está radicado en el Juzgado de Primera Instancia Penal ubicado en Playas de Rosarito.
Ante esta situación, los consejeros Agnieszka Raczynska, Jade Ramírez, Édgar Cortez, Jorge Israel Hernández, Michael Chamberlain, Pablo Romo y Rogelio Hernández López, emitieron un comunicado para llamar a los distintos órdenes de gobierno del estado para que cesen las agresiones contra Olsen.
Las y los consejeros pidieron que las autoridades cumplan con su responsabilidad y garanticen las condiciones para que el gremio periodístico en la entidad ejerza su labor de manera segura, y acaten las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo.
En ese sentido expusieron que el pasado 14 de noviembre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con autoridades locales de las secretarías de Seguridad Pública, de Gobierno, así como de la Procuraduría General de Justicia del estado, para dar seguimiento a las medidas dictadas por el mecanismo.
Pero ante la demanda notificada el pasado 7 de diciembre, las y los integrantes del mecanismo precisaron que los delitos contra el honor no son compatibles con los tratados internacionales ratificados por México, debido a que coartan el derecho a la libertad de expresión y configuran una censura indirecta.
Reiteraron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU urgió al Estado mexicano a eliminar los delitos contra el honor, y en el mismo sentido lo hicieron las relatorías sobre Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la OEA, que recomendaron a México despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injurias.
Para las y los consejeros la causa penal contra la informadora también contraviene la recomendación general número 29 de la CNDH “Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”, y que en el caso de Olsen establece que “se debe investigar la responsabilidad administrativa de servidores involucrados”.
“Los consejeros exhortamos a las autoridades del ayuntamiento de Playas de Rosarito a investigar las agresiones en contra de la periodista, garantizar su seguridad y el ejercicio de su labor periodística, y a los distintos órdenes de gobierno a cumplir su responsabilidad y garantizar las condiciones para ejercer el periodismo”, se lee en el comunicado.
TIJUANA, B. C.-El Gobierno del Estado reprueba los desafortunados hechos registrados la tarde de hoy en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) de Centro de Gobierno, que fueron tomadas durante unas horas por Alejandro Moreno Berry, líder de la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular (CEMUP), y cientos de sus agremiados.
Debido a las manifestaciones y actitudes violentas que tomaron los representantes de la CEMUP, se detuvo la atención al público y se impidió el libre tránsito de los funcionarios de dicha dependencia, al grado de no permitírseles la entrada y salida de las instalaciones.
El origen de la protesta data de alrededor de 15 días, cuando Moreno Berry hizo una petición de apoyos para realizar alrededor de 62 posadas a sus agremiados de la CEMUP, que está fuera del alcance del presupuesto actual.
La autoridad estatal hizo un esfuerzo extraordinario por otorgarle lo más posible en ayuda material para este tipo de celebraciones; pero debido a que se atiende a un sin número de ciudadanos y organizaciones, fue imposible acercarse a sus pretensiones.
Por lo que la tarde de ayer martes 17 de diciembre fue rechazada la propuesta por parte de la CEMUP y en consecuencia el día de hoy se registraron los atropellos antes referidos.
Ante tal situación, fue necesaria la intervención de las autoridades ministeriales y preventivas para exhortar a los manifestantes a que de manera pacífica abandonaran las instalaciones oficiales, y permitieran la liberación de los funcionarios afectados.
El Gobierno del Estado reitera su compromiso de ayudar a la ciudadanía que más lo necesita, y es respetuoso de las manifestaciones, siempre y cuando no atropellen los derechos de terceros y causen destrozos en edificios públicos.
MEXICALI, B.C.- Una llamada al número de denuncia anónima 089, evitó que un ciudadano de la tercera edad fuera víctima de una extorsión telefónica, donde los delincuentes utilizaron la modalidad de “Familiar Secuestrado", para exigirle una fuerte suma de dinero.
Sergio García Aceves, Director del Centro Estatal de Denuncia Anónima, informó que alrededor del medio día, se atendió una llamada al 089, que informaba sobre un posible caso de extorsión el describir que un señor de edad avanzada se encontraba muy nervioso en una sucursal de Bancomer, ubicada en el fraccionamiento Villafontana.
El señor de la tercera edad detalló que recibió una llamada telefónica en la cual con lenguaje altisonante y con amenazas le dijeron que tenían a un familiar secuestrado y que le quitarían la vida en caso de no depositar dinero a una cuenta bancaria.
La persona se dirigió al Banco a realizar el depósito, pero empleados del lugar notaron mucho nerviosismo en el señor, quien les explicó la situación.
“Gracias a las constantes capacitaciones y campañas preventivas contra la extorsión telefónica los empleados del lugar optaron por llamar al 089, en donde personal capacitado pudo orientarlos e informales que todo era un engaño, se trataba de una extorsión”, dijo García Aceves.
De esta manera fue posible evitar que los delincuentes lograran su cometido, afectando económicamente al ciudadano.
“ La ciudadanía debe estar alerta, la prevención y la denuncia serán claves en este tipo de casos, recuerde que si reciben llamadas amenazantes o relacionadas con un premio, seguramente se trata de una extorsión, cuelgue y llame de inmediato al 089”, indicó el Funcionario.
De igual forma explicó que la modalidad de "Familiar Secuestrado" es la que más se presenta en fechas decembrinas, por lo que exhortó a los ciudadanos tener cuidado con este tipo de llamadas.
“Un dato clave para la ciudadanía será el saber que la mayoría de las llamadas de extorsión provienen de otras entidades del País, es decir, que las Ladas Telefónicas serán muy distintas a las de Baja California”, subrayó
TIJUANA.- El asesinato del encargado de la Dirección del Instituto Municipal del Deporte (Imdet), Arturo Hachadur Kaloyán Aguirre, se videograbó por un sistema de vigilancia de un negocio cercano a la escena del crimen, reveló José María González, subprocurador Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En rueda de prensa el funcionario detalló que en la cinta “hay vehículos obviamente, se aprecia gente, más sin embargo, no podemos establecer hasta ahorita un hecho cierto”.
Al preguntarle cuántos vehículos se cree participaron en el homicidio, no quiso dar detalles porque ese dato “perjudicaría la investigación”, indicó.
El funcionario destacó hay varios negocios que cuentan con cámaras de video y también están analizando esas grabaciones.
Por su parte, en la misma conferencia Alejandro Lares Valladares, Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), explicó que con la Fiscalía “vamos a compartir la información” que captaron las cámaras de la zona en donde ocurrió el crimen, cuyas imágenes son grabadas por el Centro de Monitoreo (C-2).
UN “SICARIO”
Una sola persona se acercó para asesinar al también ex director del Imdet en la administración del priista Jorge Hank Rhon.
José María González explicó que no se da una discusión previa entre “Hacho” Kaloyán y su atacante, sino que se da un ataque directo.
En su cuerpo recibió cuatro impactos de los siete disparos realizados por su agresor.
El arma utilizada es calibre .45, la cual hasta ayer no había resultado usada en algún otro ilícito.
¿En dónde estuvo antes de ser asesinado?, se le cuestionó. “Es algo que estamos checando”, porque cuando se dirigía a su casa “es interceptado”, de acuerdo a la mecánica de los hechos, indicó el titular de la SCDO de la PGJE.
Se descarta el robo como móvil del crimen, toda vez que se le encontraron entre sus pertenencias 7 mil 600 pesos y un costoso reloj.
Tampoco “hay denuncias de amenazas, al menos” Arturo no se las hizo a la autoridad, aclaró.
Investigan su entorno personal, el ámbito de la función pública y empresarial, en los que se desenvolvía “Hacho” Kaloyán, especificó.
Una deuda de dinero por juego, es una línea de investigación que no se descarta, detalló el Subprocurador.
Precisó además que en el crimen participó otra persona, al referirse al escape del tirador.
A “Hacho” Kaloyán lo mataron cuando se dirigía a su casa, luego de sostener una reunión en la misma zona en donde lo acribillaron.
Por último, Lares Valladares mencionó que se debe esclarecer el homicidio de quien consideró su amigo y “de todos los tijuanenses, porque estos actos no deben de suceder”.
“No haremos ninguna declaración para no entorpecer dicha investigación”, y tenemos “la confianza depositada en la Procuraduría” de que se van a esclarecer, indicó.
La violencia, dijo, “es multifactorial en ese sentido, no es que haya ha regresado (a Tijuana), siempre ha estado, lamentablemente en este caso le tocó a nuestro amigo”.
Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas[1] hace un enérgico llamado a las autoridades del estado de Baja California para que cese el hostigamiento a la periodista María del Carmen Cabañas o Carmen Olsen.
La periodista Carmen Olsen fue agredida el 4 de enero de 2013, razón por la que fue incorporada al Mecanismo desde el 31 de enero y cuenta con medidas de protección dictadas por la Junta de Gobierno de este órgano.
En la agresión a la periodista habrían participado funcionarios del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, entre ellos el señor Francisco Castro Trenti, entonces director de Seguridad Pública de este ayuntamiento, hoy subprocurador de Derechos Humanos para la zona costa de Baja California.
El 14 de noviembre, con la finalidad de dar seguimiento a las medidas dictadas por el Mecanismo, autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se reunieron con autoridades locales de las secretarías de Seguridad Pública, de Gobierno, así como de la Procuraduría General de Justicia del estado.
En días recientes el acoso a la periodista Carmen Olsen se ha expresado en la reactivación de acciones de criminalización en su contra, en particular un juicio penal por los delitos contra el honor a través del proceso penal 525/2013 radicado en el Juzgado de Primera Instancia Penal ubicado en Playas de Rosarito Baja California. En este sentido resulta oportuno precisar que los llamados delitos contra el honor no son compatibles con los tratados internacionales ratificados por México debido a que coartan el derecho a la libertad de expresión y configuran censura indirecta.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha reiterado al Estado mexicano la necesidad de eliminar los delitos contra el honor, en el mismo sentido las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la ONU y la OEA recomendaron a México despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injurias. Modificaciones que no se han realizado en el marco normativo vigente en el estado de Baja California.
El juicio penal en contra de la periodista Carmen Olsen también contraviene la Recomendación general N° 29 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “Sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante” que establece para el caso particular de Olsen:
“Dar vista a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para la investigación por la responsabilidad administrativa de servidores involucrados.”
En lo general (al Gobernador entre otras autoridades mexicanas):
“PRIMERA. Se emprendan las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; asimismo, se implementen las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de las y los periodistas, especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo.
SEGUNDA. Se promuevan, ante las respectivas legislaturas, la adiciones y reformas necesarias para que en los códigos penal y de procedimientos penales federales, así como en los códigos penales estatales, se establezca la despenalización de los llamados delitos de prensa; y, de manera expresa, se proteja el secreto periodístico, siendo necesario también que, por cuanto hace a las calumnias y difamación, en su caso se prevea en la legislación civil las acciones a seguir cuando se cause un daño.”
En virtud de lo expuesto hacemos un llamado a los distintos órdenes de gobierno del estado de Baja California a que cesen las agresiones y actos de intimidación en contra de la periodista Carmen Olsen. Cumplan con su responsabilidad y garanticen las condiciones para que todos los periodistas en la entidad puedan continuar ejerciendo su labor de manera segura, inhiban la participación de funcionarios en actos que atenten en contra de éstos, respeten las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo y realicen lo que corresponda derivado de las medidas de protección dictadas.
Exhortamos a las autoridades del Ayuntamiento de Playas de Rosarito a que investiguen las agresiones en contra de la periodista Carmen Olsen, garanticen su seguridad y el ejercicio de su labor periodística.
Este Consejo reafirma su compromiso con la labor de periodistas y profesionales de la comunicación, ejercicio que a través de la libertad de expresión coadyuva en la conformación de escenarios democráticos.
Invitamos a las y los periodistas de Baja California y de todas las entidades federativas a coadyuvar en el fortalecimiento del Mecanismo, su acompañamiento y exigencia en colaboración con el Consejo Consultivo, permitirá que no se relajen los esfuerzos por garantizar el ejercicio pleno de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión.
Integrantes del Consejo Consultivo
Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas
Consejeras y consejeros
Agnieszka Raczynska
Édgar Cortez
Jade Ramírez
Jorge Israel Hernández
Michael Chamberlain
Pablo Romo
Rogelio Hernández López
El Consejo Consultivo está integrado por nueve personas quienes representan a la sociedad civil en este Mecanismo. El Mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de Gobernación ver: http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/Resource/182/1/images/ley.pdf
Conoce nuestra campaña en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos: www.defendamoslaesperanza.
TIJUANA.- La pistola usada en el homicidio de Arturo Kachadur Kaloyán se usó en un asalto en el año 2009, reveló Perla Ibarra del Socorro, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE.
Aunque aseguró ese evento no tiene relación con el crimen del encargado de Despacho del Instituto Municipal del Deporte (Imdet) en la actual administración.
De acuerdo a los vídeos captados por las cámaras de videovigilancia de negocios aledaños, en el homicidio participaron cuatro vehículos, detalló.
TIJUANA.- Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo la instalación del
Consejo Estatal de Apoyo al Migrante, cuya misión es conjuntar esfuerzos entre sociedad y gobierno para la atención de este grupo vulnerable.
Se informó que el plan de acción contempla la atención integral de quienes, por diversas razones, se convierten en migrantes.
Uno de los retos de los gobiernos, dijeron, es que no se criminalice a quienes llegan a la frontera en busca de cruzar a Estados Unidos, así como a los repatriados.
El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, expuso que antes el gobierno federal en lugar de ayudar ponía trabas, sin embargo la situación ha cambiado y "se está poniendo las pilas", para unir esfuerzos.
En el consejo participan el gobierno federal, el gobierno estatal, los Ayuntamientos de Tijuana, Mexicali y Tecate, así como asociaciones civiles e instituciones académicas.
TIJUANA.- Funcionarios públicos reforzaron su seguridad ante el asesinato de Arturo Kachadur Kaloyán, encargado de despacho del Instituto Municipal del Deporte en Tijuana (Imdet), declaró el Director de la Policía Municipal.
Reyes Montilla López mencionó que un día después de ese crimen "hay algunos funcionarios que han reforzado su seguridad precisamente por cierto temor".
No quiso dar detalles de cómo se dio ese reforzamiento, incluso desconoce sí regresaron escoltas a funcionarios, políticos o empresarios de la ciudad.
Hace dos semanas se retiraron a 120 oficiales de la Policía Municipal que hacían la función de escoltas y se reintegraron a labores preventivas.
"Lo de los escoltas lo maneja el Secretario, el maneja la situacion de los escoltas y las cámaras" de videovigilancia en el C-2, aclaró Montilla López.
Sobre el crimen del ex director del Imdet en la administración de Jorge a Hank Rhon, mencionó "son hechos que no podemos prevenir".
MEXICALI B.C.-La implementación del Sistema de Justicia Penal en el resto de los municipios de Baja California será apoyada decididamente por la federación y el estado, afirmó Perla del Socorro Ibarra Leyva Procuradora de Justicia en la entidad, luego de participar en el foro “realidades y retos de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en BC”, celebrado los días 16 y 17 de diciembre en esta capital.
La Fiscal del Estado estableció que a su llegada a la PGJE se inicio una reingeniería en los procesos tanto de atención al público, como del personal sustantivo y operativo, de la capacitación, para contar con el personal clave que brinde resultados de manera pronta.
Destaco la coordinación interinstitucional, aspecto primordial para que tanto operativos como procesos judiciales lleguen a buen término, y con ello cerrarle el paso a la impunidad.
“La PGJE en este proceso de operación y sobre todo de seguir con la implementación de este nuevo Sistema de Justicia Penal, continua con un trabajo muy intenso dentro de la institución, con la capacitación que es numero uno para que funcionen correctamente todas las áreas”explico Ibarra Leyva
“Nosotros no hablamos de retrocesos, no nos hemos detenido, si bien es cierto no se pudo más, por cuestiones presupuestales, este año continuara la implementación en otros municipios, en los siguientes meses habrá de iniciarse en Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana,” informó la Funcionaria.
Ibarra Leyva comentó que en Mexicali hay un avance importante con el Poder Judicial, la Secretaria de Seguridad Pública y la propia Procuraduría de Justicia por la comunicación que existe para trabajar en conjunto, todos con un mismo fin, prevenir e investigar los delitos.
En su exposición hizo un balance de los primeros años de implementación del Sistema de Justicia Penal, comentó que ha faltado imprimir con énfasis la capacitación a la Policía Municipal, por ser la que atiende de primera instancia la comisión de algún hecho delictivo. Observó la cantidad de formatos que tienen que llenar los agentes para el trabajo de investigación, otro aspecto que puede ser considerado como error en la actualidad, es el número de funcionarios que observan las carpetas de investigación, hasta llegar a juicio oral, la propuesta será que un solo ministerio publico observe el caso desde inicio hasta el final.
La Procuradora de Justicia participó en un panel de discusión junto con María Esther Rentería Magistrada Presidenta del Poder Judicial en la entidad, Fabio Bensasson, Director del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial, José Roberto Dávalos Flores, Secretario de la comisión de Justicia del Congreso de B.C., Raúl Castañeda Pomposo, Subsecretario para Asuntos de Justicia, y Juan Manuel Molina Presidente de la Comisión de seguridad en el Poder Legislativo en la entidad
VIDEO DE INTERÉS
BANNERS DERECHA
