Jaime Flores Martínez /

Agobiados por la abusiva actitud del subdirector administrativo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), un ciudadano ejemplar denunciará ante la Contraloría Estatal al contador Isauro López Cárdenas.

Y es que desde su puesto en la Cespt, don Isauro maniobra en favor de un desarrollador que le dio cobijo antes de despachar como burócrata en esa paraestatal. Seguramente Hernando Durán Cabrera, director de la Cespt, desconoce que su empleado ordena impunemente el retiro de los medidores de agua en domicilios que ocupan ciudadanos que resultan incómodos para el magnate inmobiliario Rafael Carrillo Barrón.

Don Isauro López Cárdenas quedó tan agradecido con Carrillo que no tiene empacho en cometer abusos desde la subdirección de la Cespt. A mediados de 1993, la familia Ramírez Herrera compró a Carrillo un terreno de 300 metros ubicado en el fraccionamiento Hacienda Agua Caliente de Tijuana.

El precio del predio fue de 42 mil dólares que serian pagados con un enganche de 12 mil dólares y mensualidades de 500. Pasados 2 años de la compraventa, los habitantes del inmueble observaron como la parte posterior del terreno comenzó a desgajarse. El muro de contención presentaba una fractura derivada de la erosión y de una deficiente compactación.

María Eugenia Herrera pidió a Carrillo compactar la parte dañada, petición que fue en un principio aceptada. El acuerdo fue que la constructora repararía las fallas a cambio que la familia Ramírez Herrera reestructurara el saldo insoluto que estaba pendiente.

El acuerdo se incumplió y por ello los afectados decidieron declararse en suspensión de pagos. A mediados del 2007 Carrillo Barrón demandó la rescisión del contrato a través de su entonces administrador Isauro López Cárdenas, Este ultimo cometió el error demandar a la familia Ramírez sin acreditar su personalidad jurídica.

López Cárdenas fue contratado en la Cespt a mediados del 2008 como subdirector administrativo y  desde allí mantiene su irrestricto apoyo a la empresa constructora de Carrillo Barrón. Apenas asumió su encargo, a manera de presión, López Cárdenas ordenó que una cuadrilla de trabajadores retirara el medidor del agua de la familia Ramírez Herrera, en la calle Jazmines  11109 del fraccionamiento Hacienda Agua caliente.

Se Supone que Isauro López maniobró para que la Cespt identificara ese predio como propiedad de Hacienda Agua caliente y no de la familia Ramírez Herrera. Así intentaría justificar que los Ramírez no eran los dueños de ese terreno. ¿Sera tan fácil cambiar el nombre del usuario de una toma de agua? ¡Nadie lo cree!

El objetivo de Cicuta no es intentar litigar en un conflicto legal entre una constructora y una familia, sino destacar la irregular actitud de un funcionario público que se presta a apoyar los intereses de una constructora. El director de la Cespt Hernando Durán debe saber que los afectados demandarán a su pupilo  por el consumo del agua desde mediados del 2008. El argumento es que –unilateralmente-- ordenó el retiro del medidor y todavía lo cacarea..

Isaac Ramírez Urrea, jefe de la familia afectada, confirmó a Cicuta la inminente presentación de una demanda ante el contralor estatal Edgardo Contreras Rodríguez, a quien le solicitarán la inhabilitación de Isauro López Cárdenas.

Y aunque López Cárdenas seguramente se muere de la risa, los Ramírez suponen que tiene confianza en poder regresar a su antiguo trabajo en cuanto concluya la presente administración estatal pues –seguramente—engrosará las filas de desempleados.

Chilangos

Mucho ruido generó Cicuta el pasado miércoles al ventilar la irrupción de elementos de la Procuraduría General de la República en la Torre Diamante del complejo habitacional New City, en la urbanística Zona del Río en Tijuana.

El autor de esta columna ofreció detalles sobre el desempeño de investigadores de la PGR que acudieron a solicitar las videograbaciones de las personas que transitaron por los pasillos la tarde del 13 de julio.

Justo ese día, manos extrañas se apoderaron de la caja fuerte donde el senador Héctor Yunes Landa, entonces delegado del CEN del PRI resguardaba valores no especificados, aunque ordeno la colocación de letreros donde ofrece “hasta 5 mil dólares de recompensa” a quien proporcione datos sobre el hurto de valores.

Aunque el delegado de la Procuraduría General de la República Rafael González Cervantes no ha hecho precisiones sobre el tema, Cicuta está en posibilidades de afirmar que los agentes de la PGR que resguardaron el inmueble la tarde del miércoles arribó ese mediodía de la capital mexicana.

Ese grupo llegó especialmente para investigar el robo de esa caja, pues la denuncia fue presentada el l Ciudad de México. En el operativo del miércoles no participaron elementos de esa dependencia comisionados en Baja California.

Lo anterior tendría una explicación lógica al tratarse de un senador de la República que seguramente tiene trato directo con  al Procurador General de la República Jesús Murillo Karam. Para Yunes sería más fácil tratar con el procurador que con el distante delegado en Baja California Rafael González Cervantes.

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