Jaime Flores Martínez

Tapón

Dedicado a cumplir el papel de “tapadera gubernamental por excelencia” el actual director de Control Gubernamental del Gobierno de Baja California, Bladimiro Hernández está dedicado a mantenerse en la línea de flotación. Don Bladimiro procura no moverse porque podría destapar el drenaje oficial y el apeste invadiría el Estado.

Y no se trata de exigir sanciones sin fundamento ni crucificar a algún funcionario de primer nivel de la actual administración. Se trata de reconocer y sancionar a quienes generaron el cochinero en la administración de José Guadalupe Osuna Millán. Hasta los ciudadanos menos informados entienden que personajes cercanos a Osuna se despacharon con la cuchara grande.

Hasta hoy el contralor Hernández ni siquiera se ha referido al caso del ex secretario de Economía Alejandro Mungaray Lagarda, quien se aprovechó de su puesto para hacer negocios propios y mangonear a placer la estructura de la Universidad Autónoma de Baja California.

Bladimiro Hernández tiene pruebas suficientes para inhabilitar a Mungaray, aunque “alguien” le tiene las manos atadas. Su papel de tapón tiene su origen o al menos así se entiende. Lo mismo sucede con un personaje llamado Ángel Norzagaray, quien abusó como titular del Instituto de Cultura de Baja California.

Hace menos de un año Cicuta se refirió al quebranto financiero que género a la institución al autorizarse un incremento de 10 mil pesos por sus “puras pistolas" y además avaló un aumento salarial a sus cuates sin pedir autorización a sus superiores.

El entonces contralor Edgardo Contreras apenas se atrevió a aplicarle una mini sanción aunque en medio de una sospechosa discreción. El columnista aludió la relación amistosa y profesional de Edgardo Contreras con el entonces gobernador José Osuna Millán, pues en el pasado ambos tuvieron un despacho donde obtenían ingresos similares.

Al nombrar a Contreras Contralor del Estado, Osuna Millán vendió el nombramiento como un elemento de pluralidad democrática dentro de su gobierno porque Edgardo es perredista. Algún personaje que no se tragó esa mentira entiende perfectamente porque Conteras encubrió el cochinero en lugar de sancionar.

Ya de regreso con el nuevo contralor, dos semanas después de asumir el cargo aseguró que "la Contraloría debe ser una dependencia preventiva y no sancionadora". Esa declaración es la señal que marca el rumbo que tomará Bladimiro Hernández Díaz.

La instrucción es flotar con el tema de la sanción a funcionarios que no presentaron en tiempo y forma su declaración patrimonial que en este caso representa algo así como el 95 por ciento. ¿Está la Contraloría solamente para supervisar la presentación de las declaraciones patrimoniales? ¡Entonces que la borren de la estructura!

Como los ciudadanos se chupan el dedo y resulta fácil distraerlos con ese cuento, los funcionarios abusivos saquean las arcas del gobierno con un descaro inexplicable. Habrá que contar las acciones de la actual Contraloría y evaluarlas al final del sexenio. Si su mano tiene 5 dedos, seguramente le sobrarán si nos referimos a las sanciones.

Ojalá don Bladimiro no salga con que se llevaron los expedientes sobre los dictámenes de las cuentas públicas. Alguien con 5 gramos de cerebro podría decirle que están a su disposición en el Congreso del Estado.

Ahí podría sustentar las obligadas sanciones que deberían aplicarse a quienes no aprobaron la cuenta pública a su paso (por ejemplo) del ISSSTECALI, entre ellos el ex secretario general de gobierno Francisco García Burgos; Salvador Morales, actual secretario particular del gobernador y Raúl López Moreno, quien también fungió como director.

También debería revisar el expediente de Francisco Rueda, quien en el año 2011 fue encontrado responsable de malos manejos en el INIFE y otro que incurrió en malos manejos es Jorge Monraz Sustaita, quien (se) despachó como titular en ADMICARGA en el año 2011.

Trepado

Muerto de la risa anda el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) Modesto Ortega Montaño, con las advertencias lanzadas por algunos empleados despedidos injustificadamente. Varios de ellos decidieron demandarlo ante las instancias laborales y ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Don Modesto no se porta tan modesto si se trata de presumir que esos inconformes “le hacen los mandados” porque tiene apoyos en la cúpula del gobierno estatal.

El señor Ortega goza de privilegios que le permiten patear dignidades y atropellar derechos. Solo así se explicaría que se conduzca con tantísima soberbia y altanería. Desde su llegada a la CESPM habría tenido la consigna de deshacerse de más de un centenar de empleados para colocar recomendados, objetivo de las paraestatales.

Sin embargo, el gobernador Francisco Vega de la Madrid recibió el 6 de enero una cascada de críticas y pancartas de aquellos empleados injustificadamente despedidos por el señor Ortega Montaño. Al día siguiente junto con Francisco Rueda Gómez, subsecretario de gobierno, firmaron un convenio para reinstalar a los trabajadores despedidos. Ortega firmó de mala gana, aun así contrató a unos cuantos trabajadores aunque el acuerdo fue que retiraran las denuncias presentadas en su contra. No obstante algunos otros empleados, entre ellos la señora Sheila Vázquez Arenas, no han quitado el dedo del renglón pues al menos ella no aceptó la liquidación. La señora Vázquez ya lo denunció ante la PDH.

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