Jaime Flores Martínez

Caín

Estrangulado por la imprudencia de sus asesores, el síndico procurador Arturo Ledesma Romo decidió cortar por lo sano al destituir a dos personajes de toda su confianza. Ledesma hizo, simplemente, "lo que debía hacer".

Y es que el alcalde Jorge Astiazarán se fue a la garganta de sus detractores al revelar detalles de lo que llamó un intento de chantaje. Con la declaración del viernes Astiazarán alimentó un terremoto innecesario provocado por los impertinentes asesores del síndico.

Tamaño brete culminó el lunes con la destitución del contralor Joel Guardado y de Rubén Salazar Limón, quien despachaba como asesor del síndico. Ellos fueron quienes pidieron al alcalde Astiazarán la mitad de los “80 millones de dólares que obtiene el Ayuntamiento por tolerar ilegalidades”.

Si la Sindicatura conocía tan desaseada maniobra, la lógica indica que debió proceder contra la anterior administración municipal que encabezó Carlos Bustamante Anchondo. Hasta alguien con retraso mental entendería que la Sindicatura procediera a desnudar al anterior gobierno, aunque no se explica porque  pedirle "moche" a un alcalde que apenas lleva 3 meses en el cargo.

Ni el más ingenuo de los terrícolas pasaría por alto que esos 80 millones de dólares se los repartieron funcionarios de primer nivel con la colaboración de personajes que flotan en el bajo mundo. Al tratarse de recursos ilícitos, obligadamente los beneficiarios repartieron comisiones.

Es un hecho que tan puerco planteamiento no lo hizo el síndico procurador Arturo Ledesma, sino su asesor Rubén Salazar y su contralor Joel Guardado. Con o sin la autorización o conocimiento del síndico, los dos personajes “metieron las cuatro” pues nunca midieron que el alcalde los descobijaría.

Sano sería que el ex alcalde Carlos Bustamante sacara la cara para ventilar este asunto. ¿Recibió Bustamante parte de esos 80 millones de dólares? ¿Adónde fue a parar la otra parte? ¿Quién abriría la boca? ¿Por qué yo?, seguramente preguntaría.

 Impune 

Sorprendentemente esbelto luce el actual delegado de la Secretaría de economía en Baja California David Saúl Guakil, un burlesco  funcionario que acostumbra pregonar sus influencias para evitar las críticas. 

Aunque los empresarios locales critican la actitud arrogante de un funcionario que siente que el mundo no lo merece, don David Saúl echa mano de su poder y su chantaje para multiplicar su fortuna, de tal forma que hace lo que le viene en gana.

Para información del respetable, el delegado de economía construye ahora mismo un complejo de departamentos en el corazón de la Zona del Río sin importarle los inconvenientes que provoca a su alrededor. El éxito económico y su prosperidad empresarial no se entenderían sin la tolerancia de la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley.

El asunto es que la torre conocida como Cosmopolitan que se construye en pleno Boulevard Sánchez Taboada, se ha convertido en un dolor de cabeza para los residentes de la zona y los miles de automovilistas que transitan por allí.

La empresa constructora “se comió”  el carril derecho de esa avenida desde iniciados los trabajos. Los responsables de la obra levantaron un endeble techito de madera para que las personas que necesiten transitar por la zona “se sientan protegidas”, aunque cualquier automóvil que roce esa estructura provocaría una tragedia.

Cierto que el pasado trienio David Saúl hacia “lo que le daba la gana”, aunque no se entiende porqué Desarrollo Urbano permite que este funcionario federal utilice la ley para limpiarse la retaguardia.

Aunque Cicuta no pudo confirmarlo, se sabe que el secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana Roberto Sánchez ya comenzó a tomar acciones para proceder a la clausura de la obra. Dicen que David Saúl Guakil comenzó a bajar de peso desde que se enteró que Sánchez tiene en la mira su elegantísimo, estorbosísimo y riesgosísimo edificio. ¿Su enésima carta aclaratoria? Aquí paciente.

Carlo

 Muchísimo cuidado debe tener el actual secretario de economía del gobierno de Baja California, Carlo Bonfante Olache porque ofrecen negocios en su nombre.

Resulta que el abogado Hugo Salinas, ex asesor de Rommel Moreno Manjarréz en la primera parte de su gestión como procurador de justicia de Baja California, se presenta como su representante ante empresarios e industriales para hacer negocios a modo.

Dos integrantes de la iniciativa privada de Tijuana comentaron por separado a Cicuta que Salinas les ofrece oportunidades de negocio con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo cuestionable del caso es que Salinas les pide una comisión a cambio de gestionarles una entrevista con el secretario Bonfante.

Dice tener una estrechísima relación desde que Carlo despachaba como titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California. Les dice que “a Bonfante le encanta el negocio” y que considera que su estancia en el gobierno es una magnífica oportunidad para hacer dinero fácil.

Si en verdad el dicho de Salinas esconde algo de cierto, el señor Bonfante debería escoger mejor a sus operadores. Para realizar esa labor se necesita discreción, cautela y talento.